Hace tres años, cuando asumí la Fiscalía Regional de Antofagasta, la pregunta era cuánta droga cruzaba la frontera. Hoy la pregunta es otra: cómo se gobierna una frontera que ya no está solo en el límite, sino en las rutas, en los puertos y en los barrios.
Partimos de una realidad exigente. En 2024, las causas de esta Fiscalía Regional registraron poco más de 20 toneladas de droga incautada, unos 55 kilos por día. Y demasiadas veces la persecución terminaba en quien conducía el camión, no en quien lo había enviado.
Decidimos no conformarnos con el transportista. Desde entonces, cada incautación relevante cuenta con un fiscal especializado disponible para continuar las diligencias de inmediato, y vamos por el proveedor, por el comprador y por el financista.
Integramos el análisis criminal con los equipos especializados en crimen organizado bajo una fiscalía de alta complejidad, y trabajamos junto a la Sección de Investigación Patrimonial y Anticorrupción de Carabineros y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI. Y comprendimos algo esencial: la Macrozona Norte no es un conjunto de jurisdicciones, sino un solo teatro.
Los resultados no son un trofeo, sino una señal. Entre octubre de 2023 y el 18 de octubre de 2026, las causas de esta Fiscalía suman 127,8 toneladas de droga incautada, y este año el ritmo llegó a 214 kilos diarios. Más de dos mil personas fueron condenadas por delitos de drogas entre octubre de 2023 y mayo de 2026.
Pero la doctrina no se mide solo en kilos. Se mide en una célula del Tren de Aragua condenada a cuatro presidios perpetuos. En una investigación por robo de cobre que llegó hasta el receptador del metal. En una exalcaldesa extraditada desde los Países Bajos, porque en Chile las sentencias se cumplen. Y en 571 causas por contrabando que nos enseñan que el crimen organizado no vive de una sola mercancía.
El fenómeno también cambió. De acuerdo a información del Ministerio Público, en 2021, las policías de todo el país incautaron 277 kilos de ketamina. En 2026, solo en las causas de esta región, ya van 914. Son registros de fuentes distintas, pero el orden de magnitud es elocuente: el crimen se diversifica, y nuestra obligación es leer esa mutación antes que nadie.
Nada de esto es obra de una persona. Es obra de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, cuyos equipos trabajan en retenes del altiplano y en vigilancias que nadie ve. De la Armada y su Policía Marítima, del Servicio Nacional de Aduanas, de Gendarmería y de la Unidad de Análisis Financiero. De las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Y, sobre todo, de los fiscales y funcionarios de esta Fiscalía Regional, que hace veinticinco años era apenas un proyecto y hoy sostiene una forma de trabajar. Las causas pasan, las personas permanecen.
Los próximos dos años exigen cinco prioridades:Primero, seguir el dinero, porque el kilo se repone, pero el patrimonio decomisado no.
Segundo, anticiparnos a la frontera que viene con el Corredor Bioceánico: el Paso Jama debe ser un punto de control y no un punto ciego.
Tercero, el mar y los puertos, donde la carga lícita puede convertirse en cobertura.
Cuarto, actuar como un solo teatro junto a la Fiscalía Supraterritorial y a las fiscalías de la Macrozona (Ley N.º 21.771, 2025).
Y quinto, medir lo que importa: no solo cuánto incautamos, sino cuántas causas terminan con calidad y cómo tratamos a quienes llegan a nosotros.
Una frontera no se cierra: se gobierna. Se gobierna con información, con coordinación y con personas que entienden que el servicio público es una deuda que se paga cada día. En el norte, la frontera que importa no es la que se cruza, sino la que se gobierna.



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