Falsificaciones, pacto de silencio y orden de pegar: las pistas en emblemático homicidio de estallido

Álex Núñez caminaba hacia su hogar en Maipú cuando lo vio su hijo, Rodrigo Núñez. Iba encorvado, con el rostro magullado. A los pocos minutos, cerca de las 21:00 horas del 20 de octubre de 2019, ya en su casa, Álex atribuyó de inmediato las lesiones a efectivos de Carabineros.

En la madrugada del 22 de octubre, Álex falleció producto de las lesiones. Si bien el Fisco fue condenado a pagar $130 millones a su familia en el proceso civil, en la arista penal aún no se ha identificado a los policías responsables.

Aun más grave: ningún carabinero ha sido desvinculado de la institución por el caso. El único que había sido separado del servicio tras un sumario debe ser reincorporado por un fallo de septiembre de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Pese a la falta de claridad sobre los agresores, la carpeta investigativa da cuenta de una serie de irregularidades, incluida la falsificación de documentos, un intento de un oficial de culpar a los motoristas por el crimen y una orden de golpear dada por un capitán contra otros detenidos en el área, esa misma noche y a pocas cuadras de donde fue agredido Álex Núñez.

Por si fuera poco, uno de los policías presentes en el área fue condenado a presidio perpetuo por asesinar a su pareja.

A patadas

Natalia Pérez Velasco, esposa de Álex, llegó a su casa cerca de las 21:00 horas del 20 de octubre. Hacía siete años que estaban separados, pero tenían una buena relación. Con sus hogares a seis casas de distancia, en el pasaje Las Vizcachas, se veían todos los días.

—Él me dijo que le habían pegado los pacos, que los reconoció por el uniforme y en referencia a esto me dijo que eran “los tortugas ninja”, me dijo que eran tres. Me contó que le pegaron un lumazo en las piernas que lo hizo caer y en ese momento comenzaron a darle golpes de pie —relataría más tarde Natalia ante el Ministerio Público.

Álex Núñez tenía un taller en que reparaba máquinas de soldar. Según la versión que sus padres le contaron posteriormente a Natalia, había salido a entregar una máquina y luego se encontró con un amigo, con quien comió papas fritas en una plaza en Isabel Riquelme con Juan José Rivera.

Pese a que le dolía la cabeza, Álex no quiso ir al hospital. Dos días antes había comenzado el estallido social y esa noche el toque de queda regía desde las 19:00 horas.

—Él estaba consciente y hablaba normal, pero me decía que le dolía la cabeza. No quiso ir a la posta, me decía que solo quería dormir. Se tomó dos paracetamoles y se fue a acostar —detalló Natalia al Ministerio Público.

A la mañana siguiente, Álex no despertó. Respiraba con dificultad, y cuando lo pusieron de lado comenzó a vomitar sangre. Fue trasladado de urgencia a la ex Posta Central. Allí la doctora a cargo le comunicó a la familia que se debía preparar: Núñez tenía un edema cerebral producto de un traumatismo encéfalo craneano, que era inoperable. Murió a las 03:15 horas del 22 de octubre.

Culpar a los motoristas

La Unidad de Investigación de Bío Bío revisó miles de fojas de la carpeta investigativa. En ella, aparecen alrededor de 60 policías de distintas unidades que actuaron en la zona de Maipú en que Álex Núñez fue golpeado, tanto de la 25ª Comisaría de Carabineros de Maipú como de la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales.

Todos los que han declarado han negado haber visto la golpiza a Álex Núñez.

Si bien Álex Núñez, según Natalia, dijo que había sido golpeado por carabineros que iban como “tortugas ninja”, esa descripción calza con casi todos los que estaban en la zona: los efectivos de Fuerzas Especiales vestían equipamiento antidisturbios, mientras que los de la 25ª Comisaría usaban casco balístico o antidisturbios y, algunos, tenida completa. Además, también estaban los motoristas de la misma unidad, que igualmente usaban casco.

Entre noviembre y diciembre de 2019, la Policía de Investigaciones (PDI) buscó a más de 40 carabineros para que declararan en la causa. Seis se negaron y cuatro estaban con licencia médica.

Entre los que hablaron con la PDI estuvo el subteniente Juan Ignacio Rivas Cornejo, de la 25ª Comisaría de Maipú, quien esa noche estaba a cargo de los motoristas. Rivas acusó que el subteniente Eduardo Toledo Salvatierra había intentado que otros policías se pusieran de acuerdo en sus declaraciones para culpar a los motoristas. Según su relato, se lo contó el subteniente Gary Valenzuela Ramos, que esa noche iba en el carro de Toledo:

—Mi teniente, le quiero contar algo porque le tengo buena, pero no le diga a mi teniente Toledo, entre anoche y el día de hoy en la mañana, él me ha llamado como tres o cuatro veces, diciéndome que nos pongamos de acuerdo para declarar en caso que nos tome declaración la PDI o la Fiscalía Administrativa, y que culpáramos a los motoristas, que estaban con una persona. Supuestamente hay un video, que involucra a Toledo al parecer golpeando a una persona, y que está asustado —contó Rivas que le dijo Valenzuela.

Ante la PDI, Valenzuela confirmó la llamada, aunque le restó importancia:

—Toledo, en su oportunidad me llamó para decirme qué cosa iba a declarar, y que dijera que yo había visto a los motoristas en el lugar, situación que no era rara para mí, ya que personalmente vi en el lugar a los funcionarios en moto —afirmó el subteniente.

Valenzuela firmó su declaración el 21 de noviembre de 2019. Nueve meses y un día más tarde, en Linares, asesinaría a su pareja, la carabinera Norma Vásquez, crimen por el que fue condenado a presidio perpetuo.

Irregularidades en el sumario

Para investigar de manera interna, Carabineros ordenó un sumario administrativo el 22 de octubre de 2019. A cargo quedó la mayor Patricia Bonilla Olivares, jefa de la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Santiago Central.

En un acta presente en el sumario, se deja constancia de que se concurrió a las 16:30 horas al pasaje Las Vizcachas, en Maipú, donde vivía Álex. De acuerdo con el documento, no se pudo entrevistar a los familiares de la víctima por “medidas de seguridad y protección a la integridad física del personal policial”. El acta, eso sí, se cierra “siendo a las 16:15 horas”, un cuarto de hora antes de la diligencia que describe.

No obstante, se procedió a tomar fotografías. En los comentarios a una captura de la intersección de Juan José Rivera con Las Vizcachas se menciona ese como el “lugar donde se habría producido la agresión”, sin precisar de dónde provenía ese dato, más allá de una “información preliminar que recibió la fiscal”.

Tanto la fiscal Bonilla como la secretaria del sumario firmaron el acta. Sin embargo, según una presentación de los querellantes a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, el suboficial mayor Patricio López Luengo, de la Fiscalía Administrativa, declaró ante el Ministerio Público en mayo de 2022 que fue él, y no Bonilla, quien concurrió al lugar. Lo hizo solo, por una instrucción que Bonilla le reenvió por WhatsApp a las 16:28 horas de ese 22 de octubre, dos minutos antes de la hora en que el acta sitúa la diligencia. Allí tomó las fotografías con su celular, recorrió cuatro o cinco casas y luego escribió él mismo las leyendas de las imágenes.

Su presencia no pasó inadvertida: un vecino lo fotografió cuando le pidió videos de la agresión, y en marzo de 2022 el fiscal Pablo Sabaj ordenó identificarlo, advirtiendo que, si no se trataba de alguien del sumario, “se trataría derechamente de una actividad de encubrimiento”. Asuntos Internos concluyó que el hombre de la foto era López Luengo.

Ante la PDI, en diciembre de 2020 y en presencia de Sabaj, Patricia Bonilla dijo que había concurrido en una ocasión al domicilio de Álex Núñez, pero que no recordaba ni la fecha ni quién la acompañó, ni quién había tomado las fotos del acta, aunque admitió que ella debió escribir sus leyendas. Tampoco recordaba cómo se había enterado de dónde la víctima había sido agredida:

—Debo señalar que no recuerdo cómo llegué a determinar que fue ese lugar donde presumiblemente habrían golpeado a la víctima, debió haber sido de acuerdo a las declaraciones de los funcionarios de Carabineros. Debo dejar en claro, que no tuve información previa, respecto a la intersección de las calles antes descritas, así como también que no recuerdo con quién concurrí hasta el lugar de los hechos —afirmó Bonilla.

Bonilla cerró el sumario el 28 de noviembre de 2019, sin establecer participación de carabineros en los hechos. Tras las observaciones de la Asesoría Jurídica de la zona, en enero de 2020 la investigación interna fue reabierta y quedó a cargo de la capitán Marcela Acuña, mientras Bonilla era trasladada a la Prefectura Santiago Sur.

En marzo de 2020 comenzó a presentar licencias, hasta que en julio renunció a la institución. La forma en que se realizó el sumario ha sido cuestionada por los abogados de la familia de Núñez. Entre otras cosas, acusan que las diligencias en la zona del incidente, a pocos días de ocurrido, inhibieron a posibles testigos.

“Péguenle a estos culiaos”

Pero el acta del sumario no es el único documento del caso que presenta inconsistencias. En los expedientes hay tres partes de detenciones en la misma zona en que ocurrió la agresión a Álex Núñez cuya versión es contradicha por otros antecedentes, incluidos los relatos de los propios carabineros.

En uno de ellos, a las 22:05 horas según el parte, tres jóvenes transitaban en un automóvil Toyota Yaris que carabineros de la 25ª Comisaría intentaron controlar. Para escapar, el vehículo casi atropella a una carabinera. De acuerdo con el parte, fueron arrestados y se constató que no presentaban lesiones. Sin embargo, al menos cinco carabineros declararon ante la PDI que los detenidos fueron golpeados.

Uno de ellos situó además la detención “pasada las 21:00 horas”, mientras que otro contó que, durante la detención, escuchó comentarios sobre que los arrestados “eran chinches”, es decir, delincuentes, y luego una orden del capitán Jorge Mansilla, que estaba a cargo del grupo:

—El capitán Mansilla da la orden de que le pegaran a estos “culiaos”, recuerdo que eran tres sujetos que no pasaban los 25 años de edad (…) pude ver que estaban golpeando en el suelo a dos de estos sujetos, ahí me acerqué al lugar donde estaban agrediendo a estas personas, y con el bastón Isolmer, procedí a agredir a uno de estos individuos que estaba en el suelo, pegándole en la espalda, dos golpes —contó el policía.

Una cabo, en tanto, aseguró que, aparte de Mansilla, participaron de la golpiza el subteniente Óscar Cancino y otros cuatro carabineros. Otro efectivo testificó que mientras otros usaban sus bastones, el capitán Mansilla pegó patadas. A partir de esos testimonios, la PDI concluyó que Mansilla “andaba excitado y agresivo, además era quien incitaba a los Carabineros a agredir”.

La versión de Mansilla está contenida en una declaración que prestó en noviembre de 2019 ante Asuntos Internos de Carabineros:

—El día 20.10.2019, no retiré desde la sala del suboficial interno el bastón isomer, del mismo no observé que el personal policial que me acompañaba mientras realizábamos el patrullaje en perímetro de la estación de Metro el Sol, no agredieron a ninguna persona, es todo cuanto puedo decir —aseveró.

En tanto, Cancino aseguró ante la PDI que no presenció cómo bajaron a los detenidos del auto, pero que sí pudo verlos posteriormente en el suelo, y reconoció que participó en su reducción.

—Estos individuos oponían resistencia, ahí pude observar que a algunos Carabineros se les pasó la mano con los detenidos, en el sentido que utilizaron los golpes para inmovilizarlos. Debo hacer presente, que también participé de la reducción de estos detenidos, por la tenacidad que presentaban al ser aprehendidos —señaló.

Aparte de ese episodio, existen otros dos partes que dejan dudas sobre la veracidad de los antecedentes aportados por Carabineros. En el de otro hombre detenido esa noche por personal de la 25ª Comisaría tras infringir el toque de queda, la detención se sitúa en dos números distintos de avenida Pajaritos y a dos horas distintas, las 21:20 y las 20:55, y se atribuye primero a Cancino y Mansilla y luego a dos cabos.

Por lo demás, el parte menciona que se detuvo a otra persona con él, sin embargo, el detenido contó que estaba con un amigo que logró escapar. Según el documento, ambos “fueron trasladados hasta el centro asistencial”, sin consignar lesión alguna. El detenido declaró posteriormente que no lo habían llevado a constatar lesiones y que, en realidad, la detención había sido en Juan José Rivera con Isabel Riquelme, cerca de donde ocurrió la agresión a Álex Núñez.

También en el caso de otro detenido, esta vez por personal de Fuerzas Especiales, existen “imprecisiones”. Al arrestado le habían disparado con un cartucho super sock de 37 milímetros, que lo impactó “a la altura superior de los glúteos”, según el libro de novedades de la patrulla. Ocurrió cerca de las 20:53 horas, en Las Vizcachas con La Sinfonía, en el mismo sector.

Sin embargo, el parte de su detención omitió el disparo, y el libro de la sección que lo detuvo, a cargo del teniente Sergio Pino Hidalgo, registró que el detenido había manifestado “libre y espontáneamente no mantener ningún tipo de lesión”.

Reincorporado

—Este es un caso paradigmático de violencia estatal, policial, aceptada y tolerada con los malhechores protegidos desde la institucionalidad, lo cual evidentemente es un peligro para la ciudadanía porque socava el principio de igualdad y además aquellos principios o valores fundamentales de un Estado de derecho democrático —comenta Cristian Cruz Rivera, abogado de la familia de Núñez.

Por otro lado, la abogada Karinna Fernández, quien también participa de la causa y además es querellante en la arista del Alto Mando, plantea que la condena civil confirma que a Álex Núñez lo mataron “a golpes agentes del Estado, cumpliendo una vergonzosa “orden de pegar””.

—La verdad no la construyeron Carabineros ni las instituciones, que falsificaron sumarios y esconden los hechos, sino su familia, la madre de sus hijos y su comunidad, que no se han cansado de golpear las puertas de un indolente Ministerio Público —expresa Fernández—. Los que dieron la orden y los que la ejecutaron siguen en sus cargos públicos y portando armas o se jubilaron con honores y protección política, mientras una familia de Maipú sigue esperando que se identifique a los responsables.

La experta en derechos humanos añade que seguirán luchando, pese a que, en lugar de garantías de no repetición, se ha visto “cómo el Congreso y los gobiernos responden con leyes a la medida que blindan a los uniformados y les dicen a las familias que su dolor no importa”.

Hasta el momento, sólo el subteniente Toledo había sido expulsado mediante el sumario interno de Carabineros, aunque no por la golpiza a Álex Núñez. En octubre de 2021, la Prefectura Santiago Central propuso separarlo del servicio porque esa noche, como oficial más antiguo de su carro, apuntó con su pistola a un hombre que infringía el toque de queda, no le hizo un control de identidad y luego no fiscalizó a sus subordinados, que subieron a esa persona al vehículo, la llevaron a la comisaría y la liberaron sin dejar registro.

El propio dictamen consignó que esa persona “en ningún caso corresponde al ciudadano Alex Núñez Sandoval”. La Dirección General de Carabineros aplicó la medida en agosto de 2022 y la confirmó en marzo de 2023, mientras que su retiro absoluto se concretó por decreto en agosto de 2025.

Sin embargo, el 21 de septiembre pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección de Toledo, dejó sin efecto el decreto y ordenó reincorporarlo, en el grado que tenía, con el pago de sus remuneraciones desde la fecha de reintegro. Según el tribunal, a los demás funcionarios sumariados se les aplicó una sanción menor, de arresto, y la expulsión carecía de una motivación que la justificara:

—La gravedad que se le asigna únicamente parece responder al lamentable deceso del señor Alex Núñez Sandoval y el contexto en que se produjo (…) sin que se advierta el vínculo causal o normativo que permita relacionar dicho resultado con la conducta específica que se atribuida al recurrente, consistente en la omisión de fiscalización del personal a su cargo y no realización de un control a un infractor de toque de queda —sostiene el fallo.

Actualmente la causa está a cargo de la persecutora Paulina Díaz Obilinovic, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Cristian Cruz ha solicitado nuevas diligencias para reimpulsar la causa, ante la falta de testigos y funcionarios de Carabineros dispuestos a entregar antecedentes sobre los responsables de la muerte de Núñez.