La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles queda nuevamente bajo cuestionamiento en dos nuevas auditorías elaboradas por la Contraloría General de la República a Gendarmería.
Radio Bío Bío revisó los informes finales N°285, sobre la región del Bío Bío, y N°463, referido a la Región Metropolitana, fueron notificados durante la tarde del martes y publicados ayer por el organismo fiscalizador. Ambos revisaron procedimientos ocurridos durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penales de esas regiones.
El resultado es nuevamente horroroso. Entre ambas regiones se mantienen 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados, documentos esenciales para reconstruir el recorrido de una evidencia desde su hallazgo hasta su entrega a la Fiscalía, policías o autoridades sanitarias. Además, en inspecciones físicas se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser ubicados: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II.
La Contraloría instruyó procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas y remitirá antecedentes al Ministerio Público “para los fines que en derecho correspondan”.
Los hallazgos se conocen en una jornada especialmente sensible. Durante esta madrugada del miércoles, la PDI y la Fiscalía concretaron la detención de Álex Vega Torres, histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Anfup, en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, pero retratan fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de los penales que todo indica continúan sin poder ser erradicadas de los recintos penales.
Cadenas de custodia sin rastro
Uno de los puntos más complejos se refleja en la Región Metropolitana. Según se describe en las páginas de la auditoría desrrollada por la Contraloría se habría logrado establecer el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia. Tras los descargos institucionales, Gendarmería logró respaldar 735 casos, pero otros 951 continuaron sin explicación documental.
La situación se concentró principalmente en Colina II, con 605 formularios; Colina I, con 418; el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, con 417; y el CPF San Miguel, con 180.
Contraloría fue explícita en el mismo informe de auditoria, al afirmar que no se pudo determinar si esos documentos estaban asociados a partes internos o denuncias, ni si fueron utilizados para incautaciones de drogas u otros elementos prohibidos. Tampoco aparecieron registros de esas especies en las bases de datos de los servicios de salud.
El organismo advierte que, si los formularios correspondían a incautaciones reales, la pérdida de trazabilidad podría impedir perseguir penalmente a los responsables de mantener sustancias o especies prohibidas dentro de recintos penitenciarios.
El cuadro en el Bío Bío fue similar. La revisión comenzó con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. Tras los antecedentes entregados por Gendarmería, se subsanaron 644, pero 1.003 permanecieron extraviados.
En este caso, el Complejo Penitenciario Bío Bío concentró 987 de los documentos aún sin trazabilidad.
Celulares que no estaban donde debían estar
En el Complejo Penitenciario Bío Bío, fiscalizadores detectaron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia que no contaban con respaldo de entrega a Fiscalía y que tampoco fueron encontrados físicamente durante la inspección.
En Colina II, en tanto, se detectaron 32 elementos de comunicación incautados que no pudieron ser ubicados durante la fiscalización.
La auditoría metropolitana, además, ordenó a Gendarmería regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares que permanecían bajo custodia institucional. El informe también constató deficiencias en registros de IMEI, códigos de chips, descripción de equipos, números de evidencia y documentos de respaldo.
Para Contraloría, las inconsistencias entre sistemas y registros “aumentan el riesgo de pérdida de trazabilidad” y pueden dificultar tanto el control administrativo como la persecución penal.
Drogas entregadas tarde y antecedentes que nunca llegaron
Los informes también detectaron incumplimientos en la entrega de decomisos de drogas a los servicios de salud, trámite que por ley debe efectuarse dentro de 24 horas desde el hallazgo, salvo autorización judicial excepcional.
En la Región Metropolitana fueron observados 44 formularios con entregas tardías: 38 registraron retrasos de entre 24 y 72 horas, y otros seis entre 73 y 96 horas.
Gendarmería alegó restricciones horarias de recepción de los servicios de salud, especialmente durante fines de semana y festivos. Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación porque no se acreditaron autorizaciones de los jueces de garantía para extender el plazo legal.
En el Bío Bío, hubo 24 entregas fuera de plazo. En tres casos, el retraso superó las 150 horas. También se detectaron cinco hallazgos de sustancias sin actas de prueba de campo ni pesaje, lo que impidió corroborar si el tipo y cantidad de droga coincidían con lo finalmente entregado a la autoridad sanitaria.
A ello se suma que, en ambas regiones, el Ministerio Público pidió antecedentes complementarios por denuncias vinculadas a drogas, celulares y otras especies, pero Gendarmería no respondió oportunamente.
En el Bío Bío hubo 16 formularios asociados a ocho denuncias con requerimientos pendientes. En la Metropolitana, fueron 12 formularios vinculados a 11 denuncias.
Sumarios y remisión a Fiscalía
La Contraloría ordenó a la Dirección Nacional de Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo de 15 días hábiles. También exigió reforzar controles, formalizar registros, mejorar la seguridad de las bodegas de evidencias y unificar sistemas informáticos que hoy operan sin interoperabilidad suficiente.
En los dos informes, el organismo concluyó que las direcciones regionales no realizaron una supervisión adecuada sobre el manejo de formularios, las denuncias y el destino de las especies incautadas. Ahora será el Ministerio Público el que deberá indagar qué pasó nuevamente dentro de Gendarmería.
Enviando corrección, espere un momento...
