Diseñado bajo extrema reserva, un equipo de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI concretó esta madrugada una serie de allanamientos y detenciones en el marco de una nueva arista de la denominada Operación Apocalipsis, que dejó más de 40 gendarmes formalizados el pasado 16 de diciembre. Investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente que apunta a las redes de corrupción que operan al interior de recintos penitenciarios.
Ocho meses después de esa redada, la PDI tomó tres nuevos detenidos, entre ellos figura Álex Antonio Vega Torres, dirigente histórico de la ahora disuelta Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) y exencargado de la agrupación modular 19-20 de la Guardia Interna del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Según fuentes de Bío Bío, que conocen de la indagatoria, el procedimiento consideró la entrada y registro de 14 inmuebles: siete en la Región Metropolitana, cuatro en la región del Maule, dos en la región del Bío Bío y uno en Magallanes. Todos estarían vinculados a los imputados, incluida la pareja de Vega Torres, quien también tendría nexos con este grupo.
Asimismo, se dispuso la revisión de casilleros en Santiago 1; el recién inaugurado Complejo Penitenciario La Laguna de Talca; el Complejo Penitenciario Bío Bío; y el IP-CRC de Punta Arenas.
La causa constituye una derivación del Foco Penitenciario Metropolitano de la Fiscalía Regional Metropolitano Occidente, liderada por Marcos Pastene. La investigación apunta a desentrañar una estructura que habría permitido el ingreso y circulación de drogas, teléfonos celulares y otras especies prohibidas o controladas dentro de los penales, mediante pagos realizados por internos, exinternos, visitas y personas externas.
En esta arista, Vega es investigado por los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos. De hecho, información corroborada en horas de esta madrugada, se pidió al Tribunal de Garantía medidas cautelares sobre un vehículo, un casa y congelamiento de once cuentas corrientes a nombre de los detenidos.
La mafia verde oscuro
De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Fiscalía, entre enero de 2020 y diciembre de 2025 Vega Torres habría recibido pagos de manera sistemática desde internos, exinternos, visitas e incluso funcionarios de Gendarmería.
La hipótesis investigativa es que esos recursos correspondían a cobros por facilitar el ingreso especies controladas o en muchos casos ilícitas a Santiago 1, recinto donde el dirigente cumplió funciones en la Guardia Interna y mantenía un rol relevante en el módulo 19-20.
El análisis bancario, además, detectó abonos cercanos a los $248 millones en distintas cuentas vinculadas a Vega Torres durante el período investigado. De ese total, cerca de $131.443.871 carecerían de una justificación aparente, según los antecedentes financieros incorporados a la causa.
La Fiscalía también detectó la eventual utilización de cuentas de terceros para recibir transferencias provenientes de internos, exinternos y visitas. Parte de esos recursos habría sido posteriormente incorporada al sistema financiero mediante depósitos reiterados en efectivo, fraccionamiento de montos, transferencias entre cuentas y pago de créditos.
La investigación incluye además la adquisición de bienes, entre ellos un inmueble en Cerrillos y un vehículo inscrito a nombre de Grace Valeska Bascur Villarroel, cónyuge de Vega Torres, que también se emana orden de detención en su contra. Para los persecutores, esas operaciones pueden ser relevantes para determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar o disimular el origen de los dineros.
Se espera que si, las diligencias concluyen, durante el día se confirme el momento de formalización de los detenidos.
El operativo es particularmente sensible, pues Vega Torres ha estado durante años en el radar de investigaciones por presuntos hechos de corrupción al interior de Santiago 1. Según los antecedentes de la causa, se le atribuiría participación en una serie de conductas ocurridas en ese penal.
De hecho, en la misma indagatoria se reunieron pruebas, las que podrían ser ventiladas en las mismas audiencias, que Álex Vega junto a un grupo de sus hombres de su confianza, sustrajeron las urnas de una votación de la asociación con la supuesta finalidad de alterar el orden democrático de la misma votación. Es decir, habrían cambiado los votos para ser reelectos con su mesa y seguir de esa forma con la dirección de la ANFUP.
La muerte de Rodolfo Muñoz y una causa reabierta
La detención de Vega Torres se produce, además, en un escenario especialmente complejo para el exdirigente de Anfup. La investigación incorporó antecedentes por la muerte del interno Rodolfo Muñoz Morales, ocurrida en enero de 2018 al interior de Santiago 1.
Según la imputación, el 18 de enero de ese año Vega y el entonces funcionario de Gendarmería Juan Farías Pumero participaron en la reducción de Muñoz Morales, quien se encontraba bajo custodia de ellos, para trasladarlo al módulo 19.
Durante ese procedimiento, Vega habría provocado que el interno golpeara su cabeza contra un pilar. Farías habría estado presente durante la agresión y, según la Fiscalía, no habría intervenido para impedirla, pese a encontrarse en condiciones de hacerlo y tener el deber funcional de resguardar al interno.
Muñoz murió dos días más tarde, el 20 de enero de 2018, a causa de un traumatismo encéfalo craneano de carácter mortal. El tema al inicio fue un escándalo interno, como se reportó por Radio Bío Bío, pero con el paso de las semanas esto se diluyó.
Farías actualmente se desempeña como alcaide del IP-CRC de Punta Arenas, uno de los establecimientos donde esta jornada se revisaron casilleros de funcionarios, según fuentes conocedoras del operativo.
El caso por la muerte de Muñoz había sido cerrado sin formalizados. Sin embargo, en abril pasado el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud de la Fiscalía Occidente y reabrió la investigación que tuvo en su momento la Fiscalía Centro Norte, luego de que surgieran nuevos antecedentes en el marco de la Operación Apocalipsis.
El perfil de un dirigente bajo cuestionamiento
Vega Torres ha sido durante años una figura conocida dentro de Gendarmería. Su condición de dirigente nacional de Anfup le entregó visibilidad y peso interno, particularmente en Santiago 1, uno de los establecimientos penitenciarios más complejos de la Región Metropolitana y del cual se habría jactado que el tenía junto a su mesa el liderazgo y control.
Su nombre ya había surgido en la audiencia de formalización de decenas de funcionarios detenidos en diciembre pasado en el marco de la Operación Apocalipsis. En esa oportunidad, la Fiscalía expuso antecedentes de movimientos de dinero que incluían depósitos que habrían sido efectuados por Vega.
De acuerdo con información que se dio a conocer en esa oportunidad en Bío Bío, el funcionario acumulaba al menos 11 procesos sumariales durante su carrera en Gendarmería. Uno de los más conocidos fue en agosto de 2022, cuando fue sorprendido junto a otros 10 funcionarios en un asado no autorizado en una dependencia anexa a Santiago 1.
En el lugar hubo consumo de alcohol y fueron encontrados envoltorios con restos de ketamina. La investigación administrativa propuso la destitución de los involucrados, pero la medida fue posteriormente objetada por la Contraloría, que concluyó que no se ajustaba al mérito del proceso.
Vega también registra una condena de 2008 por apremios ilegítimos contra un interno de Colina II. En esa causa fue sentenciado a 541 días de reclusión y a la suspensión de cargos u oficios públicos por el mismo lapso. La pena fue sustituida por un régimen alternativo.
Enviando corrección, espere un momento...
