El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, confirmó que solicitará ampliar la detención de Álex Antonio Vega Torres -dirigente histórico de la ahora disuelta Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup)- y de su cónyuge, quienes fueron dos de los tres detenidos en el marco de la Operación Apocalipsis II, procedimiento en el que también cayó Juan Farías Pumero, alcaide del IP-CRC de Punta Arenas.
En diálogo con la prensa, Pastén confirmó que se llevaron a cabo estas tres detenciones en el marco de la continuidad de la investigación Operación Apocalipsis, la cual dejó más de 40 gendarmes formalizados el pasado 16 de diciembre.
“Estamos dentro del plazo de investigación y nosotros seguimos realizando diligencias precisamente para desbaratar lo que fue una red de corrupción“, aseguró el persecutor.
El fiscal detalló que se están preparando para la audiencia de control de detención de Juan Farías durante este miércoles, mientras que para Vega y su cónyuge se solicitará la ampliación de la detención.
“Estamos trabajando aún todavía en el sitio del suceso“, agregó.
Operación Apocalipsis II que terminó con las detenciones de Vega, su cónyuge y Farías
De acuerdo con fuentes de Radio Bío Bío, el procedimiento realizado esta madrugada por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI consideró la entrada y registro de 14 inmuebles: siete en la región Metropolitana, cuatro en la región del Maule, dos en la región del Bío Bío y uno en la región de Magallanes.
Igualmente, se instruyó la revisión de casilleros en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el recién inaugurado Complejo Penitenciario La Laguna de Talca, el Complejo Penitenciario Bío Bío y el IP-CRC de Punta Arenas.
La indagatoria, encabezada por el fiscal Pastén, apunta a una estructura que habría permitido el ingreso y circulación de drogas, teléfonos celulares y otras especies prohibidas o controladas dentro de los penales, mediante pagos realizados por internos, exinternos, visitas y personas externas.
En esa arista, Vega es investigado por los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos.
Además, se abre un flanco judicial complejo para el exdirigente de Anfup, ya que la investigación incorporó antecedentes de la muerte del interno Rodolfo Muñoz Morales, ocurrida en enero de 2018 al interior de Santiago 1.
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