Nuevos antecedentes conocidos sobre la polémica por el cable submarino entre Chile y Hong Kong apuntan a que funcionarios de la administración de Gabriel Boric fueron advertidos previamente por Estados Unidos de que avanzar con el proyecto podía derivar en restricciones de viaje para quienes estuvieran involucrados.
La información fue publicada por The New York Times, en un reportaje que aborda el uso de las visas estadounidenses como una herramienta de presión de la administración de Donald Trump sobre distintos gobiernos y actores políticos de América Latina.
Según el artículo, en enero de este año un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Santiago se reunió con Guillermo Petersen, entonces jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para plantearle las preocupaciones de Washington respecto del proyecto de cable submarino de 19.300 kilómetros que buscaba conectar Chile con Hong Kong.
De acuerdo con Petersen, el representante estadounidense advirtió que la iniciativa podía aumentar el riesgo de ciberataques chinos y que, si Chile seguía adelante, Estados Unidos impondría una prohibición de viaje no solo a los funcionarios involucrados, sino también a sus cónyuges e hijos.
La reunión, según el relato recogido por el medio estadounidense, duró apenas seis minutos. Claudio Araya, quien en ese momento era subsecretario de Telecomunicaciones, sostuvo posteriormente que lo ocurrido básicamente se trató de una amenaza.
Pese a las advertencias, cerca de un mes después el Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones de entrada contra funcionarios chilenos vinculados al proyecto y sus familiares.
Washington argumentó que las acciones de los funcionarios habían “comprometido la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavado la seguridad regional“.
La polémica por las visas
El episodio se produjo en medio de una fuerte controversia diplomática entre el gobierno de Boric y la administración de Trump, luego de que Estados Unidos anunciara la revocación de visas a funcionarios chilenos vinculados con el proyecto.
El nuevo antecedente pone el foco en cuánto conocían las autoridades chilenas sobre las eventuales consecuencias de continuar adelante con el cable antes de que Washington concretara las sanciones.
Asimismo, se señala que la advertencia estadounidense terminó teniendo efectos sobre la decisión chilena respecto del proyecto. La reunión con Petersen fue seguida por la suspensión de la iniciativa, mientras que posteriormente Estados Unidos concretó las restricciones que había anticipado.
Entre los afectados estaban el entonces ministro Juan Carlos Muñoz; el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y quien se desempeñaba como jefe de gabinete de este último, Guillermo Petersen.
Sin embargo, los antecedentes publicados no permiten establecer que el entonces presidente Gabriel Boric conociera personalmente la advertencia ni que supiera de antemano que Estados Unidos revocaría las visas. Lo que sí queda establecido en el reportaje es que funcionarios de su administración recibieron la advertencia antes de que Washington anunciara las sanciones.
El factor China
El caso chileno es presentado por The New York Times como parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para contener la influencia de China en América Latina.
El Departamento de Estado ha ampliado su política de restricciones de visas para personas del hemisferio occidental que, a juicio de Washington, desarrollen actividades contrarias a los intereses estadounidenses.
En el caso de Chile, el punto de conflicto fue precisamente una infraestructura considerada estratégica: un cable submarino que conectaría al país con Hong Kong.
El proyecto contemplaba un trazado de 19.300 kilómetros y buscaba ampliar la conectividad internacional de Chile, incluyendo la posibilidad de alcanzar Isla de Pascua. Sin embargo, Estados Unidos manifestó preocupación por los eventuales riesgos de ciberseguridad asociados a la participación china.
La situación chilena no sería aislada.
El reportaje menciona también advertencias relacionadas con ejecutivos de una empresa eléctrica argentina vinculados a la expansión de Huawei en ese país, mientras que en Costa Rica fueron revocadas visas a legisladores que cuestionaron decisiones relacionadas con proveedores chinos de tecnología 5G.
Una herramienta de presión regional
Más allá de la disputa por el cable, la investigación sostiene que las visas se han transformado bajo la administración Trump en una herramienta para ejercer presión sobre gobiernos y figuras políticas de la región.
Estados Unidos ha revocado visas a líderes extranjeros, embajadores, funcionarios, jueces y periodistas, mientras que también ha restablecido los permisos de entrada de algunas figuras políticas anteriormente sancionadas.
El propio embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, defendió las medidas relacionadas con el cable y sostuvo que estas “no fueron una sorpresa”, argumentando que se habían producido después de años de conversaciones sobre el proyecto.
Según Judd, las restricciones de visa “no tienen como objetivo castigar, sino cambiar el comportamiento” y, en el caso chileno, aseguró que cumplieron ese objetivo.
De esta manera, el nuevo antecedente vuelve a poner bajo la lupa el episodio del cable submarino y, particularmente, las advertencias que recibieron funcionarios chilenos antes de que Estados Unidos concretara la inédita medida de revocar sus visas.
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