A comienzos de los años 90, un grupo de presos en São Paulo que reclamaba justicia tras una masacre carcelaria fundó una organización para defenderse de los abusos del sistema penitenciario. Hoy esa organización, el Primeiro Comando da Capital (PCC), es una de las dos mafias más poderosas de Brasil, con negocios que van del narcotráfico a las criptomonedas y la compraventa de jugadores de fútbol.
Esa historia resume una parte del problema que este domingo 4 de octubre ayudará a definir el voto de más de 158 millones de brasileños.El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, de 45, aspira a continuar el legado de su padre Jair, el expresidente condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
Ambos han puesto la seguridad en el centro de su campaña, pero con recetas opuestas.
Una encuesta de Quaest de agosto citada por el mismo medio detectó que el 33% de los brasileños considera la violencia como el principal problema del país. No es un dato menor: según explicó a CNN en Español Gabrien Funari, del Observatorio de Economías Ilícitas en la Cuenca Amazónica de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (una organización que investiga el crimen organizado), entre 50 y 70 millones de personas viven en zonas donde quien manda es, en los hechos, una banda criminal.
Mano dura versus seguir el dinero
Bolsonaro apuesta por la línea dura: promete reducir la edad de responsabilidad penal, endurecer las penas y construir cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad inspiradas en el modelo del salvadoreño Nayib Bukele, según recoge Bloomberg Línea. También plantea crear 500.000 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años.
Lula, en cambio, pone el acento en golpear las finanzas de las mafias. "Quitándoles el dinero es como vamos a acabar con el crimen organizado", ha insistido el mandatario, según recogió CNN. Su gobierno reivindica la operación Carbono Oculto, de agosto de 2025, que desarticuló vínculos del crimen organizado con el sistema financiero sin un solo disparo, según reportó el diario brasileño Folha.
Pese a las diferencias, ambos coinciden en algunos puntos: declarar como organizaciones "narcoterroristas" al PCC, al Comando Vermelho y a las milicias, bloquear sus activos, reforzar el control fronterizo y aislar a los líderes de facciones dentro de las cárceles.
Las dos bandas dominan buena parte del mapa criminal brasileño. El PCC nació en San Pablo tras la masacre de Carandiru en 1992, donde murieron cerca de 100 presos a manos de las fuerzas de seguridad. El Comando Vermelho surgió en los años 70 en una prisión de Ilha Grande, durante la dictadura militar, cuando presos comunes y guerrilleros de izquierda se aliaron para protegerse de la violencia carcelaria. Con el tiempo, ambas pasaron de ser grupos de autodefensa a controlar extorsión, secuestros, préstamos usureros y tráfico de armas.
La sombra de Trump y el Escudo de las Américas
La gran diferencia entre ambos candidatos es la relación con Estados Unidos. En mayo, la administración de Donald Trump designó al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, una medida que Bolsonaro respaldó y agradeció, mientras Lula la rechazó por considerarla una forma de injerencia en los asuntos internos de Brasil.
Bolsonaro propone además sumar a Brasil al "Escudo de las Américas", la estrategia que impulsa Washington junto a la mayoría de los países sudamericanos para combatir el narcotráfico bajo esa misma lógica de "narcoterrorismo". Lula, en cambio, ha mantenido distancia de esa iniciativa y, su gobierno evalúa sumarse en cambio al Compromiso de Santiago, una alianza antidrogas impulsada por José Antonio Kast y que integran países como Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay.
El propio Trump dijo estar siguiendo "muy de cerca" la elección brasileña. "Es un país muy importante, la gente de Brasil es fantástica", declaró a la prensa en la Casa Blanca. Sus palabras llegan en medio de aranceles y una investigación comercial de Estados Unidos contra productos brasileños, que el gobierno de Lula denunció como presión política.
En Chile, el Frente Amplio salió a respaldar públicamente a Lula, calificándolo como "un contrapeso regional necesario ante los intentos de subordinación de la administración Trump" y criticando el acercamiento del gobierno de Kast al Escudo de las Américas, según una declaración difundida por el partido.
El propio programa de gobierno de Lula, de 84 páginas y presentado ante el Tribunal Superior Electoral, pone la soberanía nacional como eje frente a Washington: "Rechazamos la visión de quienes aceptan, con servilismo, renunciar a la soberanía nacional", señala el texto.
Un dato aparte: la recta final de campaña tuvo un capítulo insólito. El último debate televisivo antes de la elección fue cancelado luego de que Lula y Bolsonaro desistieran de asistir y una jueza del Tribunal Superior Electoral prohibiera mostrar el atril vacío del presidente, lo que generó críticas de las asociaciones de prensa por "interferencia" judicial. Bolsonaro terminó organizando un debate improvisado en redes sociales que superó los 850.000 espectadores.
Para los especialistas, el verdadero desafío no es de leyes sino de coordinación: Brasil tiene 27 estados y un gobierno federal con poca capacidad de imponer un marco común. Sea quien sea el ganador el domingo —o en la segunda vuelta del 25 de octubre, si ninguno logra mayoría—, tendrá que lidiar con mafias que ya no solo trafican droga, sino que operan como verdaderas empresas transnacionales, con inversiones en minería ilegal, bienes raíces y criptomonedas.
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