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El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara su análisis del MK4 del Gobierno para reformar el mercado de capitales, destacando un impacto fiscal limitado pero advirtiendo riesgos a mitigar. El MK4 busca profundizar el mercado de capitales y facilitar el acceso a la vivienda a través del Fonavi. El CFA señaló que el proyecto generaría un deterioro fiscal hasta 2030 y que su impacto positivo dependerá de efectos sobre el crecimiento inciertos. Se advirtió sobre necesidades de financiamiento del Fonavi y la posibilidad de superar niveles prudentes de deuda, sin identificar fuentes adicionales de recursos.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara su análisis sobre la reforma al mercado de capitales del Gobierno, el llamado MK4. Si bien remarcó que su impacto fiscal como porcentaje del PIB es acotado, existen riesgos que deberían mitigarse.
La reforma del Ejecutivo busca dar mayor profundidad al mercado de capitales, dar mayores bonificaciones a los usuarios del Ahorro Previsional Voluntario (APV) y especialmente impulsar el acceso a la vivienda mediante el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), entre otros aspectos.
Con la presencia de la presidenta del CFA, Paula Benavides; su vicepresidente, Sebastián Izquierdo; y el gerente de Estudios, Mario Arend, el organismo técnico remarcó como primer gran punto que el MK4 implicaría un deterioro sobre el balance fiscal de máximo 0,07% del PIB en 2030 sin efecto de crecimiento, y un 0,02% con crecimiento.
Sin embargo, todo esto es en el marco de un escenario de persistentes déficits estructurales y holguras fiscales negativas, a la vez que, aunque el efecto de la iniciativa sea positivo desde 2032, esto “depende de que se materialicen los efectos sobre el crecimiento, que no tienen el mismo grado de certeza que los efectos sobre gastos e ingresos”.
En segundo lugar, respecto al Fonavi, se trata de un fondo por hasta US$2.000 millones con un efecto bajo la línea (afecta los activos y pasivos del Estado, pero no el resultado fiscal) que genera necesidades de financiamiento que en el primer año se cubren con los presupuestos vigentes y, de faltar, con reasignaciones.
Para los años siguientes, los recursos deberán establecerse en las leyes de Presupuestos.
A su vez, en caso de concretarse pagos de garantía estatal, también se incrementarían tales necesidades de financiamiento por parte del Fisco. Todo esto puede traducirse en mayor deuda o menores activos del tesoro, “aumentando la probabilidad de superar el nivel prudente de deuda”, advirtió el CFA.
También el Consejo advirtió que “no se identifica una fuente adicional de recursos” además de las señaladas anteriormente, por lo que “con holguras negativas y un proyecto deficitario en ese horizonte, los compromisos del proyecto de ley deberán competir con otras prioridades de gasto”.
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Y en un tercer punto, aún relacionado al Fonavi, el organismo remarcó que la reflexión sobre su diseño será “relevante” para las implicancias fiscales, agregando que su clasificación estadística y operación podría seguir fuera del Gobierno Central si opera bajo condiciones de mercado y no da subsidios de forma permanente.
“Esa clasificación no puede determinarse solo a partir del articulado, porque dependerá de cómo funcionen efectivamente los fondos”, detalló.
Ante los parlamentarios, el CFA entregó cinco recomendaciones para mitigar los riesgos señalados, lo que incluye medidas compensatorias para absorber un porcentaje de la varianza de las estimaciones del efecto en la recaudación por crecimiento.
También se sugirió adoptar un enfoque precautorio sobre la evaluación de financiamiento; evaluar y establecer un techo a la exposición total por garantía estatal; un reporte económico-financiero de seguimiento al Fonavi y sus fondos, hecho de forma periódica e independiente, además de fortalecer su gobernanza para resguardar su funcionamiento y disminuir así los riesgos fiscales.
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