El espejismo del centralismo: cuando el Parlamento legisla y los municipios pagan la cuenta

Existe una máxima no escrita en la política chilena que se repite con inquietante regularidad: cuando el Congreso Nacional busca responder con celeridad a las demandas ciudadanas o dar titulares efectistas, suele recurrir al recurso más cómodo: traspasar la responsabilidad operativa y financiera a las municipalidades.

En los últimos veinte años hemos sido testigos de un patrón estructural. Se aprueba una batería de leyes con un aplauso unánime en el hemiciclo, pero sin un solo peso de financiamiento permanente que las respalde. El legislador asume, con un desdén que roza la irresponsabilidad, que los presupuestos locales son elásticos o que la gestión municipal responderá de manera mágica.

Los ejemplos de esta brecha entre las responsabilidades que se les exigen a los municipios y los recursos con que cuentan son múltiples. En seguridad pública, por ejemplo, la creación obligatoria de las Direcciones de Seguridad Comunal, a través de las leyes N° 20.965 y N° 21.802, convirtió la prevención del delito en una exigencia institucional para los municipios. Sin embargo, buena parte de los costos asociados —patrullajes, vehículos, cámaras, inspectores y personal— ha debido ser asumida con recursos de las propias arcas municipales, sin que ello se haya traducido necesariamente en nuevas transferencias desde el nivel central.

Algo similar ocurre en materia ambiental. La implementación de la Ley REP (N° 20.920) y de las distintas normativas sobre plásticos y residuos ha ampliado las tareas de fiscalización y gestión que recaen sobre los municipios, aumentando sus costos operativos en un contexto en que los ingresos por concepto de derechos de aseo se encuentran fuertemente limitados por las exenciones sociales.

Y en probidad y transparencia, la Ley N° 20.285 y las recientes reformas a las compras públicas han incorporado nuevas y necesarias exigencias administrativas, pero su implementación también requiere abogados, analistas y sistemas informáticos que deben financiarse dentro de los estrechos márgenes que la legislación establece para el gasto en personal municipal.

Hoy presenciamos un nuevo episodio de esta misma lógica con discusiones como el denominado “Registro de Vándalos”. Más allá del sesgo y la ineficiencia que pueda presentar una medida de esa naturaleza, el elemento de fondo vuelve a ser el mismo: ¿Quién paga el desastre?

En lugar de establecer un fondo nacional de reparación o mecanismos efectivos de cobranza civil respaldados por el erario nacional, la tendencia natural del legislador es asumir que los costos de reparación, seguimiento e infraestructura dañada deben ser absorbidos directamente por los gobiernos locales.

Esta práctica no solo demuestra un profundo desconocimiento del mundo municipal, sino también una señal política alarmante: el desprecio por el territorio.

No se puede ignorar que este estrangulamiento fiscal golpea con especial violencia a las comunas con menores ingresos propios, aquellas que dependen del Fondo Común Municipal. Para estas comunidades, cada peso extra invertido en cumplir una nueva exigencia legal sin financiamiento es un peso menos para medicamentos en los Cesfam, reparación de veredas, iluminación de plazas o ayudas sociales directas.

A menudo, desde el nivel central se apela al conocido “mote comunicacional” sobre el uso o mal uso de los recursos municipales para justificar la omisión de fondos. Sin embargo, ese discurso ya no sostiene el análisis técnico ni la realidad presupuestaria. No se puede exigir calidad de primer mundo a los servicios locales mientras se los financia con la precariedad de una centralización sofocante.

Después de más de tres décadas de democracia, no es casual que se siga legislando como si los municipios no existieran más que como ejecutores finales de las tareas difíciles. Quienes tenemos responsabilidades de gestión en el mundo municipal tenemos el deber ético y político de alzar la voz. Exigir la incorporación obligatoria de cláusulas de impacto fiscal municipal en cada proyecto de ley no es un capricho corporativo; es una exigencia mínima de justicia territorial y respeto por los vecinos de Chile.