El Gobierno confirmó que espera ingresar durante agosto el proyecto de ley que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), iniciativa que contempla modificar su estructura y atribuciones, además de eliminar la facultad del organismo para presentar querellas criminales.
La propuesta, elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra actualmente en revisión por parte de expertos y apunta a que el INDH tenga un rol esencialmente consultivo, tomando como referencia experiencias comparadas y los estándares establecidos en los Principios de París.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el Ejecutivo espera tener listo el proyecto durante este mes y defendió la eliminación de las acciones judiciales como parte de la redefinición de las funciones del organismo.
“Esperamos, durante el mes de agosto, tener listo el proyecto de ley. Efectivamente, cuando hablamos de dejar al Instituto Nacional de Derechos Humanos como un órgano consultivo, es eliminar su facultad de interponer querellas criminales”, afirmó.
Según explicó el secretario de Estado, esta atribución no estaría contemplada entre las funciones propias de los organismos de derechos humanos establecidas en los Principios de París ni sería una facultad habitual en la mayoría de las legislaciones comparadas.
Gobierno acusa “tintes ideológicos” en el INDH
La reforma se enmarca en los cuestionamientos que La Moneda ha realizado al funcionamiento del INDH. Desde el Ejecutivo han acusado que el organismo ha actuado en años anteriores con una orientación ideológica y que habría presentado querellas sin contar, en determinados casos, con todos los antecedentes necesarios.
El objetivo del Gobierno es que el instituto concentre sus funciones en labores de promoción, observación y asesoría en materia de derechos humanos, dejando fuera su participación directa en procesos judiciales mediante querellas.
El anuncio generó un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la actual dirección del organismo, encabezada por Yerko Ljubetic.
La discusión quedó de manifiesto durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde Ljubetic defendió la facultad del instituto para recurrir a tribunales y rechazó que exista un uso irresponsable de esta herramienta.
El director del INDH sostuvo que, desde su creación, el organismo ha presentado más de 6.000 querellas y que solo en siete oportunidades ha sido condenado al pago de costas.
“De más de 6.000 querellas presentadas por el Instituto, acciones judiciales presentadas por el Instituto en su historia, solo tenemos siete casos de condena en costas”, argumentó Ljubetic.
A su juicio, la posibilidad de iniciar acciones judiciales forma parte de la función de protección que debe cumplir el organismo frente a vulneraciones de derechos humanos.
Diputados se dividen por eliminación de las querellas
La discusión también generó posiciones contrapuestas entre los parlamentarios que participaron de la instancia legislativa.
El diputado socialista Raúl Leiva cuestionó la intención del Ejecutivo de limitar las atribuciones del INDH y defendió la necesidad de que exista una institución capaz de acompañar a personas que hayan sido víctimas de delitos o abusos cometidos por agentes del Estado.
“Alguien tiene que acompañar a la víctima de un delito que ha sido cometido por un agente del Estado con toda la asimetría”, sostuvo el parlamentario.
Desde Renovación Nacional, en tanto, la diputada Ximena Ossandón planteó una alternativa distinta a la eliminación completa de las querellas.
La legisladora sostuvo que se podrían elevar los estándares para que el organismo pueda presentar estas acciones, por ejemplo, estableciendo un quórum de dos tercios para su aprobación y manteniendo la posibilidad de que existan condenas en costas.
De esta forma, la discusión se concentra no solo en si el INDH debe mantener su facultad de querellarse, sino también en bajo qué condiciones podría ejercerla.
Gobierno evalúa cómo tramitar la reforma
La iniciativa todavía se encuentra en una etapa previa a su ingreso formal al Congreso. El Ejecutivo analiza si presentar el proyecto como una iniciativa independiente o incorporarlo a otro proyecto de ley, con el objetivo de evitar que su tramitación se extienda demasiado.
Con todo, La Moneda ha señalado que la prioridad legislativa estará puesta en la agenda de seguridad, por lo que la reforma al INDH deberá convivir con otros proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.
El proyecto definitivo deberá establecer los nuevos alcances, estructura y atribuciones del organismo, además de precisar el rol que tendrá en la protección y promoción de los derechos humanos una vez que la iniciativa sea ingresada al Parlamento.
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