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El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) cuestionó la posible rebaja del TAG, advirtiendo un fuerte costo fiscal de entre US$600 y US$800 millones al año. Exministros han señalado que una reducción en las tarifas podría aumentar la congestión y desincentivar el uso del transporte público en Santiago. Por otro lado, diputados como Pier Karlezi critican las tarifas elevadas a pesar de problemas de congestión. Mientras se debate la compensación a las concesionarias, el Gobierno negocia una posible rebaja en el TAG, priorizando autopistas de la región Metropolitana.
La idea de una eventual rebaja de hasta un 30% en las tarifas del TAG sumó un nuevo detractor.
El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) cuestionó que la fórmula contemple extender los contratos de concesión a cambio de reducir los cobros.
CPI advierte fuerte costo fiscal de rebajar el TAG
El director ejecutivo del CPI y exministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, advirtió que esta alternativa podría comprometer recursos del Estado por entre US$600 y US$800 millones al año.
Cruz también cuestionó los efectos que tendría una reducción de las tarifas sobre el sistema de transporte de Santiago, apuntando a un eventual aumento del uso del automóvil y de congestión, junto con un menor incentivo al transporte público.
“Va a aumentar necesariamente la congestión de las autopistas y la ciudad porque el incentivo al uso del auto va a desincentivar el uso del transporte público. Va a ser una ciudad más ineficiente donde los habitantes la van a pasar peor”, recalcó el exministro.
Desde la comisión especial investigadora del TAG, su presidente, el diputado libertario Pier Karlezi, lamentó que los usuarios sigan pagando tarifas elevadas pese a los problemas de congestión y a las críticas por las obras y el mantenimiento de la infraestructura.
“El gato es el que tiene que pescar al ratón y decirle: “Compadre, se acabó”. Estos contratos están mal negociados, se pagarán las multas que se tengan que pagar, pero de aquí en adelante el precio baja”, sentenció Karlezi.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS), también integrante de la Comisión, defendió la posibilidad de compensar a las concesionarias mediante una extensión de los contratos, descartando que necesariamente eso implique una nueva deuda para el Fisco.
“Hay gente que obviamente defiende las concesionarias. El exministro Cruz fue parte de los que lo promovió y quizás no comprende el peso que significa el TAG que era una solución para ir rápido. Hoy no es una solución, hay que rebajar las tarifas”, sostuvo Mulet.
El debate se da mientras el Gobierno negocia con las concesionarias una reducción tarifaria. El biministro Louis de Grange ha señalado que se busca avanzar primero en autopistas de la región Metropolitana, especialmente aquellas con mayor flujo y contratos próximos a terminar.
Pero la discusión no se limita al precio. Desde el CPI han planteado que, en vez de concentrar los esfuerzos sólo en reducir tarifas, también se deberían impulsar inversiones que mejoren los enlaces, la conexión entre autopistas y las condiciones de circulación.
Mientras el Ejecutivo busca concretar una rebaja del TAG, persiste el debate sobre el costo que tendría para el Estado, la extensión de las concesiones y qué mejoras en mantención e infraestructura recibirán los usuarios a cambio del pago de estas tarifas.
