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El Presidente ha planteado que Chile necesita orden y que con el rechazo de esta reforma perdió el país. Comparto lo primero. Chile necesita controlar sus fronteras, ejecutar las órdenes de expulsión y hacer que las decisiones del Estado se cumplan. Pero ordenar Chile también significa construir un Estado que funcione.
La discusión no debiera reducirse a quién votó a favor o en contra. La pregunta relevante es otra: ¿la reforma, tal como estaba diseñada, permitía efectivamente expulsar más y hacerlo mejor?
Durante su tramitación surgió una preocupación práctica que no quedó resuelta, especialmente a partir de antecedentes planteados por parlamentarios del norte. Ampliar considerablemente el plazo de detención podía producir un efecto contrario al buscado: que expulsiones que hoy se materializan dentro de cinco días comenzaran a tomar más tiempo simplemente porque el Estado dispondría de un plazo mayor.
Los datos obligan a hacerse esa pregunta. La PDI informó ante la Comisión de Constitución que, de 1.247 casos de expulsión administrativa examinados durante el año, 53 no pudieron materializarse dentro de cinco días. Es decir, aproximadamente el 96% sí pudo ejecutarse dentro del plazo vigente.
Eso demuestra dos cosas. Existen casos en que cinco días no bastan y debemos resolverlos. Pero no tiene sentido deteriorar lo que funciona para solucionar aquello que excepcionalmente no funciona.
La solución puede ser más simple y más exigente con el Estado. Si transcurridos cinco días existen razones fundadas que impiden ejecutar una expulsión, debe poder extenderse la detención. Pero la autoridad debe explicar qué ocurrió, qué diligencias realizó y por qué necesita más tiempo. Esa extensión debe ser revisada de manera expedita por un juez.
No se trata de impedir que el Estado tenga más tiempo cuando realmente lo necesita. Se trata de evitar que más tiempo reemplace a una mejor gestión.
Hay además un problema material que ninguna reforma constitucional resuelve por sí sola. La PDI informó que su centro de retención de Santiago dispone de apenas 50 cupos y que no existen recintos regionales equivalentes para permanencias superiores a cinco días. Sin infraestructura, coordinación consular, documentación oportuna y disponibilidad de vuelos, aumentar los plazos puede significar mantener personas detenidas durante más tiempo sin aumentar las expulsiones.
La seguridad también consiste en exigir resultados al Estado. Una facultad adicional tiene sentido si permite ejecutar mejor una política pública, no simplemente porque entrega más poder a la autoridad.
Por eso esta discusión no debería terminar aquí. El proyecto nació de un mensaje presidencial y existe una vía para que continúe su discusión en el Senado. El Gobierno debiera utilizarla y buscar un acuerdo que resuelva el problema que efectivamente existe.
Ese acuerdo debiera ser claro: mantener como regla que las expulsiones se ejecuten rápidamente; permitir una extensión cuando existan razones fundadas; establecer una revisión judicial expedita después del período inicial; y entregar a la PDI las herramientas necesarias para ejecutar las expulsiones.
Aquí nunca estuvo en discusión si Chile debe expulsar a quienes tienen una orden vigente. Debe hacerlo. La discusión es si queremos simplemente aumentar los días durante los cuales el Estado puede mantener detenida a una persona o construir un sistema capaz de expulsar más y más rápido.
Chile necesita autoridad. Pero una autoridad eficaz no es la que dispone de más tiempo para actuar. Es la que logra resultados.
Necesitamos más expulsiones, no simplemente detenciones más largas.
