La cultura acerca a los pueblos. Un curso de idiomas, una beca, un concierto o una conferencia pueden abrir puertas hacia otra sociedad. La diplomacia cultural es una práctica legítima de las relaciones internacionales. Pero ¿qué ocurre cuando detrás del cartel de “cultura” aparecen propaganda política, manipulación informativa e incluso campañas de apoyo a quienes combaten en una guerra?
Chile tiene razones para hacerse esta pregunta.
En Santiago funciona la llamada Casa de Rusia, representación de Rossotrudnichestvo. No se trata de una asociación cultural independiente, sino de una agencia federal del Estado ruso. En Chile ofrece cursos, actividades culturales y programas educativos. Por ejemplo, el Gobierno ruso ofreció 20 becas a ciudadanos chilenos para el año académico 2026/2027, y la propia AGCID señala a la Casa de Rusia —Rossotrudnichestvo— como entidad que presta asistencia a los postulantes. Todo esto podría considerarse diplomacia cultural convencional. El problema empieza cuando observamos qué otros mensajes circulan alrededor de esa actividad.
Hace poco, el director de Rossotrudnichestvo, Igor Chaika, respondió al llamado del canciller ucraniano Andrii Sybiha a cerrar las llamadas “Casas Rusas” en algunos países europeos. Resulta llamativo que el responsable de una institución que se proyecta internacionalmente a través de la cultura, la educación y la cooperación humanitaria recurriera inmediatamente al conocido repertorio político del Kremlin: el “régimen nazi de Kiev”, las “élites globalistas”, la “rusofobia” y la supuesta falta de legitimidad democrática de Ucrania. Un curioso repertorio para un promotor del diálogo cultural. El mundo cambia; el argumentario, aparentemente, no.
Pero esta no es una preocupación exclusivamente ucraniana. Rossotrudnichestvo está sometida a sanciones de la Unión Europea desde 2022. En Alemania, la Casa Rusa de Berlín fue durante años objeto de controversia por sus actividades y por su pertenencia a esta agencia estatal rusa sancionada. En septiembre de 2026, Alemania anunció la rescisión del acuerdo que permite su funcionamiento. La discusión europea, por tanto, hace tiempo dejó de ser una cuestión sobre cursos de idioma o exposiciones culturales. América Latina tampoco está al margen.
En 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre una campaña rusa de manipulación informativa en la región. Según esa evaluación, estructuras vinculadas al Kremlin buscaban utilizar contactos con medios, periodistas y líderes de opinión para adaptar contenidos producidos en Rusia y publicarlos como material aparentemente local. Un detalle resulta especialmente relevante: el equipo editorial regional probablemente estaría organizado precisamente en Chile.
Tres años después, una investigación internacional mostró cómo puede funcionar este modelo. Documentos filtrados sobre una red rusa conocida como “La Compañía” revelaron que se habrían destinado al menos 283.100 dólares a insertar más de 250 artículos en una veintena de medios digitales argentinos. Muchos aparecieron sin firma o bajo identidades falsas, mientras varios medios negaron conocer el verdadero origen de los contenidos. El método es quizás más importante que las cifras: la propaganda resulta mucho más eficaz cuando deja de parecer extranjera y comienza a presentarse como información local.
A esto se suma una infraestructura comunicacional rusa en español construida durante años alrededor de medios financiados por el Estado ruso como RT y Sputnik. Pero la influencia no depende únicamente de organismos oficiales o grandes medios estatales. Para arraigarse en una sociedad necesita también espacios locales: asociaciones, iniciativas culturales, conferencias, redes personales y organizaciones capaces de introducir determinados mensajes desde dentro del propio país. Esto no significa que toda organización vinculada a la cultura rusa forme parte de una operación coordinada por Moscú. Sería una afirmación tan fácil como irresponsable. Pero sí obliga a observar qué discursos promueve cada organización y, sobre todo, qué actividades desarrolla.
Y aquí volvemos a Chile. Un ejemplo particularmente revelador es la Corporación Cultural Ekaterina, que declara entre sus objetivos “levantar la imagen de Rusia en América Latina”. Su directora ha participado en actividades vinculadas a la Casa de Rusia y en iniciativas dedicadas a la historia rusa y soviética. Hasta aquí podríamos hablar simplemente de promoción cultural o de simpatía hacia Rusia.
Pero en septiembre, una publicación conjunta de Ekaterina y KSORS Chile anunció una campaña denominada “Apoyo al frente ruso desde Chile”, destinada, según la propia publicación, a ayudar a combatientes rusos en el campo de batalla. Aquí la frontera se vuelve mucho más clara. Ya no hablamos de Pushkin. Ni de Chaikovski. Ni de aprender ruso. Hablamos de una organización cultural que promueve desde Chile apoyo a combatientes rusos en una guerra iniciada por la Federación de Rusia contra otro Estado.
Este ejemplo permite entender por qué conviene observar el fenómeno como un ecosistema y no como una colección de episodios aislados. No porque todas estas estructuras sean iguales o respondan necesariamente a una misma dirección, sino porque cultura, educación, memoria histórica, medios de comunicación, redes locales y narrativas políticas pueden terminar reforzándose mutuamente.
Cuestionar este fenómeno no significa estar contra la cultura rusa. Cualquier chileno tiene todo el derecho a estudiar ruso, leer a Bulgákov o Dostoyevski, escuchar a Chaikovski o estudiar en una universidad rusa. El problema comienza cuando la cultura sirve para otorgar acceso, legitimidad y respetabilidad a estructuras que simultáneamente difunden narrativas políticas de un Estado en guerra.
Chile es una democracia abierta. No necesita censura para abordar este fenómeno. Necesita algo mucho más sencillo: transparencia y pensamiento crítico. Cuando una organización ofrece una beca, conviene saber quién la financia. Cuando organiza una conferencia, conviene saber a quién representa. Cuando habla de historia, conviene comprobar qué partes de esa historia omite. Y cuando una organización cultural comienza a promover apoyo para combatientes de una guerra, conviene preguntarse si todavía estamos hablando solamente de cultura.
La pregunta, por tanto, no es si Chile debe estar a favor o en contra de la cultura rusa. Es otra: ¿quién está detrás de estas estructuras, quién las financia, qué vínculos mantienen y dónde termina la cultura y comienza la influencia política? Dostoyevski no es el problema. El problema comienza cuando se utiliza a Dostoyevski como cortina y, detrás de ella, aparece una colecta de fondos para seguir con la guerra de agresión.
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