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El Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que al menos 34 entidades en Chile incumplieron con la entrega de información pública, lo que podría acarrear investigaciones y sumarios. Entre ellas se encuentran municipalidades, servicios de salud y organismos como la PDI y el SII. La norma establece responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento. Se señalan causales por las que un organismo público puede negar información, como el cumplimiento de funciones o la seguridad nacional. Se detallan los mecanismos para solicitar información, tanto a través de transparencia activa como pasiva, con plazos para la respuesta de los organismos públicos.
En Chile, los organismos públicos tienen la obligación de entregar información en el marco de la Ley de Transparencia. De no hacerlo, arriesgan investigaciones y potenciales sumarios. En este contexto, el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que al menos 34 entidades incumplieron con dicha exigencia.
Es decir, no cumplieron con la entrega de información solicitada o lo hicieron insatisfactoriamente en los plazos determinados por el organismo.
Según recoge The Clinic, la lista de instituciones que registran incumplimiento es:
– Las municipalidades de Longaví, Combarbalá, María Pinto y Quilicura.
– La Corporación Juegos Panamericanos Santiago 2023.
– El Servicio Nacional de Geología y Minería.
– El Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol.
– La Corporación Municipal de Ñuñoa.
En tanto, las instituciones que cumplieron insatisfactoriamente son:
– Las municipalidades de San Ramón, Sierra Gorda, Llay Llay, Ñuñoa, Navidad, Coelemu, Olmué, Cauquenes, El Tabo, Viña del Mar, Ancud, Calama y Doñihue.
– El Servicio de Impuestos Internos (SII).
– La Corporación Municipal de Isla de Maipo.
– Los servicios de salud de Concepción y Viña del Mar-Quillota.
– El Instituto Nacional del Deporte.
– La Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo con la norma, “la denegación infundada, la no entrega oportuna de la información en la forma decretada y el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa conllevan las responsabilidades y sanciones establecidas en el Título VI de la Ley de Transparencia. Lo anterior, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo”.
¿Qué información sí me pueden denegar por Transparencia?
La Ley establece cuatro causales por las que un órgano público puede negar información, siempre que exista una Ley de Quórum Calificado que lo permita:
Debido cumplimiento de sus funciones: por ejemplo, si afecta una investigación de delito o contiene antecedentes de una decisión aún en preparación.
Derechos de las personas: cuando pueda afectar la seguridad, salud, vida privada o intereses comerciales.
Seguridad de la Nación: si compromete la defensa nacional, el orden público o la seguridad pública.
Interés nacional: cuando involucre la salud pública, relaciones internacionales o intereses económicos o comerciales del país.
¿Cómo se solicita información por Transparencia?
Cualquier persona puede solicitar información a los organismos de la Administración del Estado. Para acceder a ella existen dos mecanismos:
Transparencia activa: Corresponde a la publicación permanente de información que los organismos públicos deben mantener disponible en sus sitios web.
Derecho de acceso a la información (transparencia pasiva): Permite solicitar directamente antecedentes a un organismo público, que debe entregarlos, salvo que exista una causal legal que establezca su secreto o reserva.
Antes de realizar una solicitud, se recomienda revisar el sitio web del organismo o su sección de Transparencia Activa, ya que la información podría encontrarse disponible allí. Si no está publicada o resulta difícil de localizar, se puede presentar una Solicitud de Información.
Esta solicitud puede realizarse de dos formas:
Presencialmente: en la oficina de partes del organismo, mediante un formulario o una carta.
En línea: a través del Portal de Transparencia o del sitio web del organismo correspondiente.
La solicitud debe incluir algunos datos básicos, como nombre, apellidos y dirección. Si se realiza de manera virtual, la dirección de correo electrónico puede utilizarse para recibir la respuesta y también sirve como firma simple.
Una vez ingresada la solicitud, el organismo público dispone de 20 días hábiles para responder, ya sea entregando la información o fundamentando su negativa. Este plazo puede extenderse por 10 días hábiles adicionales cuando existan circunstancias que impidan entregar los antecedentes dentro del período inicial. En ese caso, el organismo debe informar oportunamente a quien realizó la solicitud.
