“Estaban jugando al solitario y perdieron”. Con esa frase un diputado de la oposición resume la estrepitosa derrota del gobierno en la primera reforma constitucional —propuesta por el presidente José Antonio Kast— que se votaba en el Congreso.
Y es que al Ejecutivo le falló algo más que el ábaco: necesitaba 89 votos para anotarse una victoria en la sede legislativa, pero sólo consiguió aunar 88 parlamentarios para avanzar en la modificación del artículo 19 de la Carta Magna, con el fin de facilitar la expulsión de migrantes.
En el centro de la polémica quedó, inevitablemente, el equipo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el brazo operativo del Ejecutivo en el edificio de Pedro Montt.
Falsa seguridad
Según cuentan congresistas fuera de micrófono, el equipo de asesores de la Segpres está conformado por media docena de funcionarios que pululan por los pasillos de la casa legislativa. La misión es no menor: deben conocer al dedillo el día a día del Congreso, qué diputados o senadores estarán fuera durante votaciones que sean de interés para La Moneda, saber si están pareados o no, participar del denominado “pirquineo de votos”, o, incluso, demostrar una hábil muñeca política en las negociaciones con las bancadas.
Lo ocurrido este martes abrió dudas justamente sobre la capacidad de los ojos y oídos que el Gobierno mantiene desplegados en el Congreso. Si bien las opiniones están divididas —algunos acusan responsabilidades personales de los diputados que presentaron tarde su permiso constitucional—, varias voces lanzaron sus dardos sobre la Segpres.
“Como saben que tienen mayoría, operan sobre seguro. Piensan que van a ganar siempre”, dice un diputado de oposición fuera de micrófono. “Les ha fallado algo más que el ábaco, pese a que tiene un ejército de asesores acá”, acota otro de sus pares.
El principal gestor
El asesor quizá más relevante de la cartera es Emiliano García Bobadilla. Se trata del jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales (Direpol), quien asumió su cargo en marzo de este año junto con el arribo de Kast a La Moneda.
Abogado y docente de Derecho Constitucional, García cuenta con un paso previo por la cartera, en el que prestó servicios a honorarios en calidad de “experto”. Más tarde tuvo un paso como jefe legislativo de Republicanos. En ese último rol, tuvo una participación destacada al representar al partido en el proceso ante el Tribunal Constitucional que concluyó con la destitución de la senadora Isabel Allende (Partido Socialista).
En su posición actual ha percibido sueldos que van desde los $7 millones hasta los $9,6 millones.
Congresistas oficialistas consultados por esta Unidad de Investigación evitan las críticas directas hacia García. Dicen que su trabajo es “bueno”, que ha liderado las conversaciones en el Congreso y que lo sucedido este martes es responsabilidad directa de los parlamentarios que ingresaron su permiso constitucional fuera de tiempo. Es decir, de Felipe Ross y Stephan Schubert.
“Yo a mi abogado jefe de comité le tengo señalado que es tarea de él anticipar estas cosas. Pretender esperar llamados de la Segpres o de cualquier otro para hacer su trabajo me parece ridículo”, fustiga uno de ellos.
“Si bien la Segpres tiene asesores nuevos, este no es un problema de la Segpres”, matiza una diputada oficialista. “No es culpa de la Segpres que los diputados no tramitaran bien su permiso, hay gente que quiere hacer un gallito para echarle la culpa a ellos, pero la culpa fue de Republicanos”, agrega.
Diputados de oposición, en tanto, cuestionan la experiencia del asesor. “A él le faltó hacer la pega”, afirman algunas voces de la izquierda. “Le faltó expertise“, cuestiona otro parlamentario del mismo sector.
Poco peso
Otro de los apuntados fue el ministro de la cartera, José García Ruminot. Quienes lo cuestionan señalan que se generaron altas expectativas cuando asumió el cargo debido a su experiencia como parlamentario, pero que éstas se fueron desvaneciendo a medida que el Gobierno ha sufrido traspiés en el Congreso.
En la oposición, precisamente, acusan una soberbia del Ejecutivo. “Decían que para la reforma constitucional tenían 98 votos”, ejemplifica un representante del conglomerado.
“Todo el mundo quiere a García Ruminot, pero no se ve que tenga un peso político importante para alinear al resto de los ministros”, dicen en los pasillos del Congreso. En concreto, los mismos consultados apuntan a los dichos del titular de Seguridad, Martín Arrau, quien confidenció que preferiría no ir al Congreso y que esperaba no tener que ir “más de un día” a la semana.
“Tenían todo para ganar. Es como jugar al solitario y perder”, sentencian las mismas voces.
Fuentes de la Segpres señalan que los parlamentarios tienen muy claras cuáles son sus obligaciones. Semanalmente se realiza el comité político, en el que se comunican las votaciones importantes y se revisa qué congresistas están con permiso o licencia, un proceso donde se apela a la responsabilidad personal de los equipos de cada legislador para gestionar estos trámites.
Desde la cartera coinciden en que no pueden actuar como “inspectores de colegio” de los parlamentarios, ya que el sistema diseñado para evitar estos inconvenientes depende de que cada actor cumpla con sus deberes. Adicionalmente, cuestionan que el actual reglamento de permisos constitucionales de la Cámara de Diputados resulta ser un mecanismo muy engorroso.
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