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El gobierno tiene previsto presentar en agosto una reforma para rediseñar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) convirtiéndolo en una entidad principalmente consultiva, eliminando su facultad de querellarse. El anteproyecto, elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, está en fase de revisión por expertos y se espera ingresar al Congreso en las próximas semanas. A pesar de la coincidencia con la agenda de seguridad y presupuesto, se debate sobre la rapidez de su tramitación, planteando la posibilidad de unificarla con una moción parlamentaria en curso.
La propuesta apunta a transformar al organismo en una entidad de carácter esencialmente consultivo, recogiendo —según sostienen desde el Ejecutivo— la experiencia comparada a nivel internacional y los estándares establecidos en los Principios de París.
El anteproyecto, elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra actualmente en revisión por parte de expertos.
No obstante, tal como lo ha señalado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ante la Cámara de Diputadas y Diputados, el objetivo es ingresarlo al Congreso durante las próximas semanas, eliminando la facultad del organismo de querellarse.
Sin embargo, la interrogante es si la iniciativa logrará avanzar con rapidez en el Congreso, considerando que coincidirá con la tramitación de la agenda de seguridad y el próximo inicio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.
En ese contexto, la diputada Ximena Ossandón (RN) planteó que una alternativa sería refundir la reforma del Ejecutivo con la moción parlamentaria que actualmente se encuentra en tramitación.
Por su parte, el diputado Stephan Schubert (REP) sostuvo que, si el gobierno coordina adecuadamente los tiempos legislativos, la agenda de seguridad no debiera impedir el avance de otras iniciativas relevantes.
El anuncio de Rabat se produjo un día después del tenso intercambio que sostuvo con el director del INDH, Yerko Ljubetic, durante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, instancia en la que el ministro volvió a calificar como una “anomalía” la facultad del organismo para presentar querellas.
Un debate que promete intensificarse una vez que el Ejecutivo ingrese formalmente la reforma al Congreso.
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