Los partidos de oposición acordaron conformar una comisión de trabajo para analizar la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno y elaborar propuestas frente a las medidas planteadas por el Ejecutivo. Desde el sector aseguraron que existe disposición para avanzar con celeridad en esta materia, aunque cuestionaron el enfoque adoptado por La Moneda.
Pasadas las nueve de la mañana comenzó una nueva reunión de coordinación entre las directivas de los partidos de oposición, instancia que esta vez contó con la participación de parlamentarios de las comisiones de Seguridad.
El principal objetivo del encuentro fue abordar el proyecto de reforma constitucional contra el crimen organizado y el terrorismo impulsado por el Gobierno, además de revisar las distintas iniciativas que forman parte de su agenda en materia de seguridad.
En ese contexto, el bloque acordó conformar una comisión de trabajo integrada por diputados, alcaldes y expertos, que tendrá como objetivo analizar las propuestas del Ejecutivo y elaborar alternativas desde la oposición.
El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, detalló que la instancia buscará reunir distintas miradas para abordar la agenda de seguridad del Gobierno.
“Se va a constituir una comisión con diputados, con alcaldes y con expertos desde el punto de vista de seguridad ante la agenda que propone este gobierno”, adelantó.
Desde las colectividades opositoras aseguraron que existe disposición para avanzar con celeridad en materia de seguridad y coincidieron en que se trata de una de las principales prioridades de la ciudadanía.
Sin embargo, también marcaron diferencias con el enfoque del Ejecutivo. En particular, sostuvieron que se requiere una política de Estado en materia de seguridad y no una agenda que, a su juicio, pueda ser utilizada como herramienta de confrontación política.
Asimismo, cuestionaron que varias de las medidas anunciadas por el Gobierno ya se encuentren en tramitación y plantearon la necesidad de incorporar otras herramientas, como el levantamiento del secreto bancario y un mayor fortalecimiento de la inteligencia financiera.
A esto se sumaron reparos a las modificaciones constitucionales contempladas en la agenda, ya que, según plantearon desde la oposición, no serían necesarias para avanzar en el combate contra el crimen organizado.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que la prioridad debe estar puesta en medidas concretas y no en abrir una nueva discusión constitucional.
“Tenemos la convicción de que hoy día, para avanzar en mayor seguridad para las personas, no es necesario un cambio constitucional, sino que probablemente el gobierno pretende hacer de esto un debate que divida posiciones. Nosotros lo que esperamos es que se entienda que la seguridad es un asunto de Estado”, señaló.
Una postura similar expresó el diputado Jaime Araya, quien planteó que el foco debería estar en combatir directamente fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, descartando que una nueva discusión constitucional constituya una prioridad.
“¿En qué minuto al presidente de la República le bajaron afanes refundacionales? ¿Nos va a invitar a un proceso constitucional 3? ¿Cómo le fracasó su mamarracho 2, hecho por republicanos, identitarios, ultrafascistas, retrógrados, que retrocedían en derechos fundamentales? Hoy día reescribir la Constitución no le hace sentido a nadie”, fustigó.
Con todo, las colectividades opositoras insistieron en que su intención no es bloquear la agenda de seguridad del Gobierno, sino participar de su discusión y aportar propuestas, incorporando la opinión de expertos y recogiendo parte de los avances desarrollados durante la administración anterior.
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