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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Este lunes se inicia la tramitación de la ley corta de seguridad municipal del Gobierno en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. La iniciativa busca corregir deficiencias del texto original criticado por alcaldes, incluyendo la facilitación de contratación y capacitación de inspectores de seguridad municipal. Se excluyen las remuneraciones del personal de seguridad municipal del límite de gasto municipal y se posterga la exigencia de licencia clase F para conductores municipales. Además, se reconocerá la calidad de funcionario público a los inspectores y se permitirá acreditar idoneidad física y psicológica en centros de salud públicos o privados. La diputada Andrea Parra valoró la iniciativa por solucionar problemas municipales. Se espera que la discusión avance rápidamente debido al apoyo transversal.

Este lunes comienza la tramitación de la ley corta de seguridad municipal ingresada por el Gobierno, iniciativa que busca subsanar una serie de vicios del articulado original, cuestionado por alcaldes, quienes advirtieron que, de entrar en vigencia sin modificaciones, sería “un disparo en los pies”.

El proyecto apunta, entre otras materias, a facilitar la contratación y capacitación de los inspectores de seguridad municipal.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados discutirá este lunes, hasta total despacho, la iniciativa ingresada por el Ejecutivo.

Entre sus principales modificaciones, el texto excluye las remuneraciones del personal de seguridad municipal del límite de gasto correspondiente al 42% de los ingresos propios de los municipios. En su reemplazo, establece un límite específico de 4%, que podrá ampliarse hasta un 20% previa autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Además, el proyecto posterga por 36 meses la entrada en vigencia de la norma que exige a los conductores de vehículos de seguridad municipal contar con licencia clase F. Para ello, encarga a la Subsecretaría de Prevención del Delito suscribir convenios con las policías y las Fuerzas Armadas para capacitar al personal municipal.

En materia administrativa, la ley corta busca entregar mayor certeza jurídica al reconocer la calidad de funcionario público de los inspectores de seguridad municipal. También permite que la idoneidad física y psicológica de quienes ya se encuentran en funciones pueda acreditarse en centros de salud públicos o privados, durante un plazo de 12 meses.

La diputada del PPD e integrante de la comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, valoró la iniciativa y afirmó que permitirá solucionar parte de las dificultades que actualmente enfrentan los municipios.

“Establece la posibilidad de contratar inspectores de seguridad municipal bajo normas del Código del Trabajo, excluyéndolos del cálculo del límite del gasto anual. Finalmente, esto constituía un problema para muchos alcaldes que ahora con este proyecto se va a solucionar”, explicó.

La sesión de la comisión está fijada para este lunes entre las 17:15 y las 21:00 horas. Sin embargo, se espera que la discusión avance con rapidez debido al respaldo transversal que tendría la iniciativa.

A la misma hora, la Sala de la Cámara de Diputados discutirá los tres vetos ingresados por el Gobierno a la denominada megarreforma.

El proyecto de ley corta también cuenta con el respaldo de los alcaldes. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, advirtió previamente que la entrada en vigencia de la normativa sin un reglamento acorde podría generar problemas para los municipios.

“La entrada en vigencia en el mes de agosto de esta ley de seguridad que tanto anhelamos los municipios sin el reglamento acorde era un disparo a los pies; entonces agradecemos que el Gobierno nos haya escuchado, agradecemos que haya tomado un porcentaje importante de nuestras propuestas”, sostuvo.

La iniciativa ingresó con urgencia de discusión inmediata y la intención del Ejecutivo es que pueda completar su tramitación en el Congreso durante esta misma semana.