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La Región de Coquimbo nos ha mostrado, en los últimos años, las dos caras de una misma realidad climática. Hemos sufrido períodos prolongados de sequía y escasez hídrica, pero también hemos vivido temporales y lluvias intensas que han provocado inundaciones, cortes de caminos, daños en infraestructura, pérdida de conectividad y afectación a familias y actividades productivas.
El desafío, entonces, no es solamente conseguir más agua. Es aprender a gestionar mejor el agua cuando falta y cuando sobra.
Los últimos eventos de precipitaciones han vuelto a poner en evidencia algo que muchas veces olvidamos: las cuencas, los humedales, los bosques, las quebradas y los suelos cumplen una función de infraestructura natural. Cuando están conservados, pueden ayudar a infiltrar agua, disminuir la erosión, regular escurrimientos, proteger riberas y reducir algunos de los impactos asociados a las lluvias intensas.
Por eso debemos comenzar a mirar la naturaleza no solamente como algo que debemos proteger, sino también como parte de nuestra infraestructura estratégica.
Chile ya dio un primer paso. La Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, incorporó los contratos de retribución por servicios ecosistémicos. La idea es sencilla: quien conserva, restaura o maneja sustentablemente un ecosistema y contribuye con ello a mantener determinados servicios puede recibir una contraprestación.
Creo que ha llegado el momento de darle contenido y escala a ese principio.
Propongo que Chile estudie la creación de un Fondo Nacional de Servicios Ecosistémicos, capaz de movilizar recursos públicos y privados para financiar acciones concretas de conservación y restauración, con resultados medibles y verificables.
Y la Región de Coquimbo debería ser uno de los territorios donde esta política pueda comenzar a probarse. Nuestras cuencas del Elqui, Limarí y Choapa enfrentan simultáneamente períodos de escasez y episodios de precipitaciones intensas. Necesitamos recuperar la capacidad natural de nuestros territorios para almacenar, infiltrar y conducir el agua.
Esto significa, por ejemplo, restaurar vegetación en zonas estratégicas, proteger quebradas y riberas, recuperar humedales, reducir la erosión y conservar ecosistemas que cumplen funciones esenciales para el ciclo del agua.
¿Quién debería financiarlo? No solamente el Estado. También quienes se benefician de esos servicios: empresas sanitarias, usuarios agrícolas, empresas, comunidades y otros actores que dependen de cuencas saludables. A ellos podrían sumarse recursos de cooperación internacional, mecanismos asociados al carbono y, cuando corresponda, instrumentos de compensación ambiental.
La lógica debe ser simple: quien obtiene un beneficio de un servicio ecosistémico también puede contribuir a mantenerlo. Y quien realiza una acción concreta para conservarlo debe poder recibir una retribución.
Pero debemos hacerlo bien. No se trata de crear un nuevo subsidio ambiental ni de pagar dos veces por el mismo beneficio. Los contratos deben establecer compromisos claros, permanencia, adicionalidad, indicadores de cumplimiento y sistemas independientes de medición y verificación.
La experiencia internacional demuestra que es posible. Países como Costa Rica, México y Colombia llevan años utilizando mecanismos de pago por servicios ambientales para financiar conservación y restauración.
En Chile podemos desarrollar nuestro propio modelo.
Y los recientes temporales nos dejan una enseñanza adicional: la infraestructura natural debe ser parte de nuestra política de prevención y adaptación al cambio climático.
Cuando enfrentamos una emergencia, naturalmente pensamos en puentes, caminos, defensas fluviales, colectores y obras de infraestructura. Todo eso es indispensable y debe seguir siendo prioridad. Pero también debemos preguntarnos qué podemos hacer antes de que llegue el próximo temporal para que nuestros territorios estén mejor preparados.
Una quebrada protegida, un humedal restaurado, un suelo que conserva su capacidad de infiltración o una cuenca con vegetación pueden ser parte de esa respuesta.
La naturaleza no reemplazará las obras de infraestructura. Las complementará.
En una región como Coquimbo, donde sabemos lo que significa vivir con escasez de agua y, al mismo tiempo, enfrentar lluvias capaces de generar enormes daños, necesitamos una mirada integral.
No se trata solamente de buscar más agua. Se trata de aprender a manejar mejor el agua durante todo su ciclo. Y para eso, además de construir infraestructura, debemos invertir en nuestra infraestructura natural.
La verdadera innovación consiste en entender que conservar un ecosistema no es solamente proteger el medio ambiente: también es invertir en seguridad hídrica, prevención de riesgos, resiliencia climática y bienestar para las futuras generaciones.
Cuando falta el agua, necesitamos que nuestros ecosistemas ayuden a conservarla. Cuando sobra, necesitamos que ayuden a regularla. En ambos casos, conservar la naturaleza también es una forma de proteger a las personas.
