En los últimos días ha causado revuelo el uso del concepto ultraderecha —por parte del mundo de la izquierda— para calificar al gobierno del presidente Kast. La idea suele ser lanzada en la esfera pública con brocha gruesa, nadie la define con términos precisos ni mucho menos la usa con prudencia al sopesar el contexto en el cual se utiliza. Por el contrario, la etiqueta suele operar como un certificado de visado democrático.

Adicionalmente, se utiliza como un calificativo peyorativo que expresa desprecio, rechazo o burla hacia un grupo variopinto de políticos de derecha: Milei, Bukele, Trump, Orbán, Meloni, Kast, Abascal, Farage, Bolsonaro, Le Pen, De La Espriella, etc. Huelga decir que resulta difícil agrupar a cada uno de esos políticos bajo un mismo paraguas, tanto por sus diferencias ideológicas como por sus formas de ejercer el poder.

Ahora bien, si tomamos prestada la conceptualización de Carolina Tohá, podríamos resumir que ser de ultraderecha implica: un conservadurismo en la “agenda valórica”, priorizar el orden y la seguridad, nacionalismo escéptico del multilateralismo y la migración, asumir una relación tensa con las instituciones y formas de la democracia liberal.

Existen distintas tensiones que subyacen a estas categorías. En primer lugar, el conservadurismo plantea un doble problema. Por un lado, asume que toda posición conservadora sobre la antropología y la vida humana es de ultraderecha. Allí podrían caber políticos como Patricio Aylwin, en circunstancias que nadie diría que el expresidente estaría en el mismo grupo que Trump u Orbán.

Por otro lado, esta visión sustenta, por contraposición, la moderación en un mundo progresista, exento de toda crítica al interior de un debate dinámico y de largo aliento.

En ese sentido, se esconde una lectura de la democracia cargada hacia los programas y agendas propias del progresismo, la que es presentada como status quo o neutra, cuando en realidad es una más de las diferentes visiones sobre la vida buena. Esto nos habla de la deshonestidad intelectual con la que opera el término por parte de la izquierda y de su incapacidad de explicitar disensos sin por ello pretender cancelar al adversario del juego democrático.

En segundo lugar, todo gobierno opta por prioridades, esa es su labor una vez hecho un diagnóstico de la sociedad a la que toca gobernar. Quizás era de ultraderecha el expresidente Lagos cuando señalaba “seré implacable con los delincuentes y narcotraficantes” y no nos dimos cuenta.

En tercer lugar, tampoco parece del todo claro que tener una relación hostil con las instituciones de la democracia liberal y el estado de derecho sea de ultraderecha. La exministra Tohá fue vocera del Apruebo en la primera convención y defendió un texto constitucional que erosionaba controles y contrapesos propios de un régimen democrático. No obstante, muy difícilmente, podríamos sostener que Carolina Tohá es de ultraderecha (a lo mejor algún exmiembro de la Lista del Pueblo lo considera así).

En suma, el uso de la categoría de “ultraderecha” parece ser más un ejercicio instrumental a intereses políticos y electorales antes que un concepto dotado de la profundidad necesaria para aglutinar un fenómeno político bien delimitado. No olvidemos que en su minuto se apuntó al expresidente Piñera como un dictador. Este tipo de prácticas evoca, a fin de cuentas, una improvisación para criticar al gobierno, pero como diría Gustavo Cerati: no te alcanza con improvisar.

José Luis Trevia
Asesor Legislativo – IdeaPaís

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