El Gobierno presentó esta semana la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete legislativo que reúne 19 proyectos actualmente en tramitación, incorpora nueve nuevas iniciativas legales y una reforma constitucional, con un cambio de enfoque que busca redefinir la política de seguridad del Estado: el crimen organizado deja de ser tratado exclusivamente como un problema de seguridad pública y pasa a ser considerado una amenaza para la seguridad nacional.
Uno de los pilares será la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, distinto a los actualmente contemplados en la Carta Fundamental, diseñado para aplicarse de manera acotada en aquellos territorios donde operen organizaciones criminales. La finalidad no sería militarizar extensas zonas del país, sino permitir una coordinación extraordinaria entre las policías, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia para concentrar recursos, levantar información y desarticular estructuras criminales en sectores específicos.
Quienes conocen el contenido de la iniciativa sostienen que esta herramienta busca entregar una respuesta rápida frente a territorios donde el Estado ha perdido capacidad de control.
En la evaluación del Ejecutivo existen actualmente cerca de diez grandes organizaciones criminales con presencia en Chile, aunque su actividad se concentra en zonas determinadas. Por ello, si el nuevo mecanismo llegara a aplicarse, la intervención sería focalizada en aproximadamente 13 localidades que hoy permanecen bajo análisis de los organismos de seguridad.
La tesis que sostiene la agenda es que estas organizaciones ya no solo afectan el orden público mediante homicidios, narcotráfico, extorsiones, secuestros o tráfico de armas, sino que además desafían la capacidad del Estado para ejercer soberanía efectiva sobre determinados territorios. Bajo ese diagnóstico, el Ejecutivo plantea que el fenómeno trasciende la seguridad pública y pasa a comprometer directamente la seguridad nacional.
Los siete ejes de la ofensiva
La agenda se estructura sobre siete focos operativos que abarcan desde el fortalecimiento policial hasta el combate al crimen organizado y el terrorismo.
El primero apunta a robustecer la gestión policial mediante la modernización de las carreras de Carabineros y la PDI, nuevas reglas para el uso de la fuerza, ampliación de las facultades autónomas de las policías, mayores sanciones para quienes agredan a funcionarios policiales, mejoras en los estándares de integridad institucional y la eliminación de funciones administrativas, como las notificaciones judiciales, para destinar más efectivos al trabajo operativo.
El segundo foco concentra las medidas de seguridad y control fronterizo. Allí se incluyen reformas para ampliar los plazos de retención migratoria mientras se concretan expulsiones; crear un delito específico para sancionar el transporte interno de migrantes irregulares; perfeccionar la tipificación del ingreso clandestino; fortalecer las expulsiones administrativas; permitir que Carabineros y la PDI operen directamente en la zona primaria fronteriza y establecer la denominada “Ley Frontera Cero”, que contempla el decomiso y destrucción obligatoria de bienes ingresados ilegalmente por pasos no habilitados.
En el ámbito penitenciario, el Gobierno propone endurecer la respuesta frente a delitos graves cometidos por adolescentes, habilitar el juicio oral en ausencia cuando un acusado evade deliberadamente la justicia y crear una nueva Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, con el objetivo de fortalecer la institución e incorporarla al sistema de seguridad pública bajo una nueva estructura orgánica.
A ello se suma un cuarto eje orientado a recuperar barrios mediante una ley antiencapuchados, una ley corta de seguridad municipal y modificaciones a la legislación sobre barricadas para sancionar la interrupción deliberada del tránsito sin exigir la existencia de violencia o intimidación. Este punto es importante, ya que a una persona que intervenga en las líneas del metro, sin mayor violencia, pero con un impacto en la logística del transporte, se le podría aplicar esta ley, que obviamente podría dejarlo tras las rejas.
Otro de los capítulos relevantes corresponde al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de inteligencia. La agenda acelera los plazos para que las empresas de telecomunicaciones entreguen antecedentes requeridos en investigaciones de crimen organizado y habilita a los laboratorios de Carabineros y la PDI para realizar pruebas de ADN e incorporar directamente huellas genéticas al Sistema Nacional de Registros de ADN, manteniendo la cadena de custodia.
El foco dedicado específicamente al crimen organizado incorpora varias de las principales innovaciones del paquete legislativo. Entre ellas destacan la creación de una Agencia de Decomiso, Destrucción y Enajenación de Bienes Ilícitos; el cierre y destrucción obligatoria de máquinas de azar ilegales; nuevos mecanismos para agilizar la destrucción de drogas incautadas mediante coordinación entre las policías y los servicios de salud; la protección reforzada de infraestructura crítica y la tipificación del reclutamiento de menores por organizaciones criminales, con el objetivo de golpear simultáneamente el financiamiento, la logística y la capacidad de expansión de estas redes delictivas.
La reforma constitucional constituye el eje central de la agenda. El Ejecutivo propone incorporar expresamente el deber del Estado de resguardar la seguridad pública; establecer un régimen especial para organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo, con mayores penas y un delito específico de pertenencia; crear regímenes penitenciarios diferenciados; facilitar la incautación y liquidación de bienes provenientes de actividades ilícitas y establecer un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, concebido para ser aplicado de manera focalizada en los territorios donde operen estas organizaciones.
Finalmente, la agenda incorpora un capítulo especial para la Macrozona Sur, donde se propone ampliar las facultades de control de identidad de las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción constitucional, reforzando sus capacidades operativas en zonas bajo despliegue militar.
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