Drogas en La Cruz: otro caso que la alcaldesa socialista no habría denunciado

Cuando se es funcionario público —y con mayor razón cuando se ejerce la máxima autoridad comunal— no se puede escoger qué antecedentes se ponen en conocimiento de la justicia y cuáles se mantienen dentro de la oficina municipal.

En este caso estamos frente a posibles delitos contemplados en la Ley 20.000, respecto de los cuales la omisión de denuncia recibe un tratamiento penal considerablemente más grave que el establecido para otros hechos. La sanción parte en 541 días y puede alcanzar los cinco años de presidio, además de una multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales. Si se acreditaran varias omisiones autónomas, corresponderá al Ministerio Público y al tribunal examinar su eventual reiteración y el aumento de pena que legalmente proceda.

Una publicación de prensa puso al descubierto que, durante una inspección municipal destinada a detectar pozos irregulares, un trabajador contratado a honorarios observó mediante un dron un aparente cultivo de cannabis. El trabajador fotografió el lugar y remitió las imágenes directamente a la alcaldesa de La Cruz, quien le respondió: “Sí, no hagas nada con eso (…)”.

Aunque se discutiera si una persona contratada a honorarios tenía o no una obligación funcionaria de denunciar, esa discusión no elimina el deber propio e independiente de la autoridad que recibió los antecedentes.

El artículo 13 de la Ley 20.000 sanciona al funcionario público que, en razón de su cargo, toma conocimiento de alguno de los delitos contemplados en esa legislación y omite denunciarlo ante el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones o un tribunal con competencia criminal.

La razón de esta norma es evidente: el Estado no puede enfrentar el narcotráfico si sus propias autoridades guardan silencio frente a antecedentes que revisten apariencia de delito. Una alcaldesa no tiene atribuciones para decidir reservadamente que no se hará nada. Determinar si el cultivo era ilícito, si se encontraba autorizado o si estaba destinado al consumo personal o al tráfico correspondía al Ministerio Público.

A este episodio se sumó un segundo hecho que pasó inadvertido: durante la sesión del Concejo Municipal de La Cruz del 6 de agosto, la alcaldesa afirmó que yo —quien suscribe esta columna— sabía que una organización identificada por ella como “Junta de Vecinos Arauco” habría estado tomada por personas dedicadas al tráfico de drogas. También entregó antecedentes que situarían esa supuesta situación en enero de este año.

Hasta ese momento desconocía por completo la existencia de esa organización, de las personas involucradas y de los hechos mencionados. Más allá de estos dichos afrentosos, debo recordarle a la socialista que soy un simple ciudadano y que no tengo las facultades ni las obligaciones de un alcalde. Además, lo jurídicamente relevante es que estos dichos revelan —mediante sus propias palabras— que estaba al tanto de otro posible episodio relacionado con el tráfico de drogas, sin que exista constancia de que lo hubiera denunciado.

La alcaldesa deberá explicar cuándo tomó conocimiento de esos antecedentes, quién se los proporcionó, qué información recibió y por qué vía formuló —si es que lo hizo— la denuncia correspondiente. No puede intentar trasladar a terceros una responsabilidad que la ley depositó directamente sobre ella ni utilizar una sesión del concejo para empañar la reputación de quienes desconocían esos hechos.

Ya no estaríamos, entonces, frente a un episodio aislado, sino ante dos. Espero que no existan más hechos de similares características, vinculados con el narcotráfico, de los cuales haya tomado conocimiento sin denunciarlos oportunamente. Si ambas omisiones llegaran a acreditarse judicialmente, corresponderá investigar dos posibles infracciones autónomas y resolver su eventual reiteración. Por esta razón, como fundación ya nos querellamos por el delito de omisión de denuncia reiterada.

La contradicción respecto a sus dichos que no le “corresponde perseguir la delincuencia”, se vuelve todavía más evidente al recordar que, en enero de 2025, la alcaldesa viajó a Colombia para participar en una pasantía sobre políticas y estrategias de seguridad destinadas, precisamente, a enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, al parecer, entre tantos mojitos y cervezas pagados con el dinero del viático —como ella misma lo reconoció en un video—, se le olvidó prontamente todo lo aprendido.

Hasta ahora, la reacción de la alcaldesa socialista parece haberse concentrado en ordenar sumarios destinados a descubrir quién filtró los audios que revelaron lo ocurrido con el trabajador a honorarios, y a victimizarse comparándose con un niño abusado sexualmente, lo que no merece mayor análisis, ya que la comparación es grotesca.