"El Estado debe dar el ejemplo": organizaciones Mipyme cargan contra el veto por pago a 30 días

Más de 40 gremios y organizaciones Mipymes rechazaron el veto del Gobierno sobre las modificaciones al pago en 30 días incluido en la megarreforma.

Mientras que tras la presentación del veto, hubo 48 gremios -incluyendo la Multigremial, Fedetur, Fedefruta y Hoteleros Chile- que celebraron la iniciativa, ahora otro grupo de representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas expresaron que “el pago oportuno no constituye un privilegio ni una concesión; es un principio esencial de justicia comercial y de respeto a los compromisos estructurales”.

En este sentido, remarcaron su “categórico rechazo” al veto, afirmando que “el Estado debe ser el primero en dar el ejemplo”.

“No puede exigir el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y legales a los contribuyentes mientras posterga el pago a quienes le proveen bienes y servicios”, sostuvieron los gremios entre los que se cuentan CONUPIA, FENABUS, la Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF), UNAPYME, la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso y organizaciones como CONADECUS.

Gremios Mipyme rechazan veto a modificaciones del pago en 30 días

Según la Ley 21.131, está la posibilidad de que ambas partes puedan acordar por escrito un plazo de pago de facturas mayor a 30 días, quedando en un registro específico (Registro de Acuerdos con Plazo de Pago Excepcional o RAPPE).

Por su parte, el artículo 40 de la ley de Reconstrucción Nacional impide pactar plazos excepcionales en el pago de facturas, junto con reducir los plazos de pago del Estado como comprador.

Ahora, en su ingreso del veto sobre este artículo, el Ejecutivo defendió la decisión al asegurar que casi el 50% de acuerdos en el RAPPE corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas, a quienes le funciona como un método de financiamiento más barato que un préstamo tradicional. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agregó que cuando se eliminan las excepciones, “las empresas al final empiezan a regular la entrega de las facturas”.

“En la práctica, al proveedor lo dejan sin facturas y sin poder financiar su actividad. Por las propias pymes han solicitado que esa indicación sea vetada”, agregó Quiroz, remarcando que la normativa original sigue vigente.

Con todo, los citados gremios y organizaciones Mipymes se mostraron críticos con lo que, afirmaron, es la eliminación sobre la obligación de que el Estado y grandes empresas paguen en 30 días a sus proveedores.

“Miles de emprendedores y pequeños empresarios (…) deben esperar 60, 90 o incluso más días para recibir recursos que legítimamente les pertenecen, mientras continúan cumpliendo puntualmente con el pago de remuneraciones, proveedores, arriendos, impuestos, cotizaciones y obligaciones financieras”, criticaron.

Según las organizaciones, esto “deteriora su liquidez, limita sus posibilidades de crecimiento y, en muchos casos, termina provocando el cierre de empresas y la pérdida de empleos”.

“Resulta incomprensible que, en un contexto de bajo crecimiento económico, aumento del desempleo y dificultades para las Mipymes, se retroceda en una política que favorecía la liquidez, fortalecía la actividad económica y promovía reglas más justas para quienes generan gran parte del empleo en Chile. El Estado debe ser el primero en dar el ejemplo”, sentenciaron.