Las bancadas oficialistas del Partido Republicano y de la UDI anunciaron que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados, para esclarecer las graves irregularidades detectadas en el ingreso de cientos de menores haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras las alertas emitidas por la Contraloría General de la República y las indagatorias vigentes del Ministerio Público.
La ofensiva de las bancadas de Gobierno se originó tras un informe del ente contralor que reveló serias deficiencias en las fiscalizaciones del Servicio Nacional de Migraciones durante 2025. En ese período, ingresaron al país 3.235 ciudadanos haitianos con residencia temporal, de los cuales 2.792 lo hicieron por reunificación familiar.
Al respecto, los diputados UDI Natalia Romero y Mario Olavarría detallaron que la comisión buscará establecer responsabilidades políticas y administrativas de las gestiones a cargo, además de esclarecer el paradero de decenas de niños y adolescentes que no fueron hallados en los domicilios registrados durante las fiscalizaciones de enero de este año.
Falencias en el Servicio de Migraciones y menores inubicables
Según el informe de Contraloría, las falencias institucionales comenzaron con la falta de verificación de datos críticos por parte del Servicio Nacional de Migraciones, organismo que omitió constatar información fundamental entregada por los solicitantes, como los domicilios declarados o la identidad de los tutores a cargo de los menores. A esto se sumó una grave falta de coordinación y notificación interna, ya que un total de 98 niños y adolescentes que ingresaron al país bajo este programa no fueron reportados oportunamente a la Subsecretaría de la Niñez.
La gravedad de estas omisiones administrativas quedó en evidencia durante las fiscalizaciones en terreno realizadas entre el 13 y el 28 de enero de 2026. En dichas inspecciones, las autoridades detectaron que varios de los menores de edad no habitaban en las direcciones que figuraban en los registros oficiales y, de manera aún más alarmante, tampoco se encontraban bajo la custodia ni al cuidado de los adultos responsables que habían sido declarados formalmente para su ingreso.
“Estamos frente a una situación inédita en Chile. El informe de Contraloría expone antecedentes extremadamente graves que podrían configurar delitos de trata de menores. Lo urgente es saber dónde están esos niños, quiénes los tienen y cómo ingresaron con controles tan deficientes”, afirmó la diputada Romero.
Por su parte, el diputado Olavarría enfatizó que el Congreso debe ejercer su rol fiscalizador para revisar el desempeño de los organismos involucrados, apuntando al Servicio de Migraciones, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez. Los legisladores gremialistas alertaron además sobre la falta de documentos para acreditar lazos familiares, casos de adultos que ingresaron reiteradamente con distintos menores y la operación de vuelos chárter que ya indaga la Fiscalía.
Republicanos buscan ampliar la indagatoria desde 2014
En paralelo, la bancada del Partido Republicano también anunció que promoverá una comisión fiscalizadora, pero con un diseño temporal más amplio: abarcará el flujo migratorio irregular de ciudadanos haitianos desde 2014 hasta la fecha, cubriendo de manera transversal las administraciones anteriores, incluidas las de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.
El diputado Benjamín Moreno señaló que la instancia buscará “esclarecer los hechos en torno a la inmigración irregular de ciudadanos haitianos (…), especialmente en lo que respecta a niños y eventuales vulneraciones a sus derechos fundamentales”, llamando a todo el arco político a apoyar la medida.
En la misma línea, el diputado Leandro Kunstmann agregó que la comisión revisará cada autorización otorgada para determinar si existieron negligencias, omisiones o acciones deliberadas en los gobiernos previos.
Frente Amplio pide evitar estigmatizaciones
Desde la oposición, la jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Carolina Tello, calificó los antecedentes como “de máxima gravedad” y coincidió en que, ante la sospecha de trata o tráfico de personas, “el Estado tiene la obligación de investigar con toda la fuerza de la ley”.
Sin embargo, la parlamentaria opositora instó a actuar con prudencia para evitar que el caso sea utilizado para difundir discursos de odio contra la comunidad haitiana.
“No podemos permitir que esta situación termine alimentando discursos de odio o estigmatización contra la comunidad migrante haitiana”, enfatizó.
“Las víctimas aquí son niños y niñas, y su interés superior debe estar por sobre cualquier consideración política. Esperamos que las instituciones actúen con rapidez y coordinación para dar con su paradero, proteger sus derechos y sancionar a los responsables”, concluyó Tello.
Enviando corrección, espere un momento...
