Documentos oficiales revelan que, al menos desde 2023, existían advertencias formales sobre vacíos en el sistema migratorio de menores. La Defensoría de la Niñez ofició reiteradamente a autoridades sin obtener respuestas consistentes. Se alertó por falta de protocolos, debilidades en reunificación familiar y ausencia de trazabilidad. El caso expuesto por BBCL Investiga sobre los niños haitianos sin tastro aparece así como la consecuencia de fallas estructurales no corregidas.
Lo revelado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío sobre la existencia de niños haitianos que entraron al país y que quedaron “perdidos” sin rastro de su paradero, junto a vuelos autorizados por autoridades pero que ahora están bajo sospecha, va sumando nuevos y graves antecedentes.
A horas de conocida la información, una cadena de oficios formales que, durante al menos tres años, se envió a autoridades en que se advertían fallas críticas en el sistema de protección y control migratorio de menores de edad.
Una serie de oficios que envió la Defensoría de la Niñez da cuenta de esa secuencia. Los documentos reconstruyen cómo, desde 2023, la institución alertó sobre la ausencia de protocolos claros, la falta de coordinación interinstitucional y los riesgos asociados a la migración irregular de niños, niñas y adolescentes.
Primeras advertencias: una mesa que no avanzó
El 31 de enero de 2023, mediante el Oficio N°133/2023, la Defensoría expuso la “insuficiencia de la respuesta estatal” frente a menores en contexto de movilidad humana. La propuesta en esa oportunidad fue concreta: conformar una mesa técnica interinstitucional para elaborar un protocolo de regularización migratoria con enfoque de protección integral.
La Subsecretaría de la Niñez acogió la iniciativa días después. Sin embargo, el impulso inicial se diluyó rápidamente.
En mayo de ese mismo año, el Oficio N°497/2023 advirtió que la mesa no había tenido continuidad y reiteró la urgencia de establecer un procedimiento claro y expedito. La respuesta nunca llegó.
Falta de protocolos: el punto ciego del sistema
El 30 de octubre de 2023, un nuevo oficio —el N°007/2023— puso el foco en los protocolos de ingreso de menores y en los mecanismos de coordinación ante expulsiones administrativas de adultos acompañados de niños.
La Defensoría solicitó antecedentes concretos sobre cómo el Estado abordaba esos casos y qué medidas de protección se activaban. Si bien hubo una respuesta formal en noviembre, esta se limitó a reconocer la urgencia del problema sin detallar soluciones operativas.
El diagnóstico comenzaba a consolidarse de forma institucional al reconocerse que no existía un sistema robusto ni coordinado para el tratamiento migratorio de menores.
2024: solicitudes sin respuesta
Durante 2024, la Defensoría insistió en distintos frentes sin lograr avances sustantivos. Al menos, eso se puede detallar por la cadena de oficios que se siguieron enviando a la administración de Gabriel Boric.
En agosto, mediante el Oficio N°1355/2024, alertó sobre la falta de coordinación institucional a partir de un caso internacional. No hubo respuesta.
En septiembre, el Oficio N°1544/2024 solicitó información sobre el enrolamiento de menores extranjeros en Chile, clave para su identificación y protección. Tampoco fue respondido ese oficio, al menos no existe registro de una respuesta formal.
Ese mismo mes, el Oficio N°1547/2024 pidió antecedentes sobre la implementación de registros biométricos para población migrante. Nuevamente, nunca llegó la respuesta de los estamentos de gobierno.
La reiteración de solicitudes sin respuesta configuró un patrón: advertencias formales que no se traducían en medidas concretas.
2025: reunificación familiar bajo la lupa
El 6 de mayo de 2025, la Defensoría emitió dos oficios que hoy resultan centrales para entender el caso, ya que el último año de gestión del gobierno de Gabriel Boric fue donde volvieron a despegar aviones desde Haití a Santiago con decenas y decenas de casos que venían por reunificación familiar.
El Oficio N°539/2025, dirigido a la Policía de Investigaciones, consultó por los protocolos de ingreso de menores con visa de reunificación familiar y por los mecanismos de detección de eventuales delitos.
La respuesta de la policía civil fue categórica, y probablemente la más dura de todas, al constatar en el mismo oficio que “no existen protocolos específicos para estas situaciones, sino solo instructivos generales”.
Ese mismo día, el Oficio N°540/2025 solicitó al Servicio Nacional de Migraciones información detallada sobre el ingreso de menores bajo reunificación familiar. No hubo respuesta.
El vacío detectado, la falta de controles específicos en este tipo de visados, coincide con uno de los ejes centrales que reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío y que su centro está en la investigación especial de la Contraloría General de la República.
Identidad, documentación y retrasos
En octubre de 2025, cuando aterrizó uno de los vuelos más cuestionados por las irregularidades que venían desde Haití, la Defensoría volvió a insistir, esta vez respecto de menores sin documentos de identidad o filiación, solicitando información sobre visas humanitarias. Nuevamente, no hubo respuesta.
Recién en marzo de 2026, ante un nuevo oficio (N°220/2026), se informó que los protocolos estaban en proceso de “integración, sistematización y ajuste técnico”, aún sin implementación efectiva.
Los propios informes institucionales han sido consistentes en el diagnóstico sobre posibles hechos de irregularidad migratoria en menores que podría incrementa el riesgo de vulneración de derechos y dificulta su acceso a sistemas de protección, salud y educación.
De las advertencias al caso de los niños haitianos
Lo revelado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío —niños sin trazabilidad, vuelos cuestionados y debilidades en los controles— llega después de meses de una investigación especial de la Contraloría, en que ir a buscar a los niños a las direcciones se transformó en un dato clave y brutal, al constatar que no existían datos que pudieran en la práctica conducir a su hallazgo.
Los antecedentes muestran que existió una secuencia de alertas institucionales que apuntaban, precisamente, a los mismos puntos críticos que hoy están en el debate. Entre estos está la falta de protocolos, debilidad en los sistemas de registro y ausencia de coordinación efectiva entre organismos del Estado.
Finalmente, a medida que avanzan las horas y documentos de por medio, lo único que está relativamente claro es que Migraciones, DGAC, PDI, subsecretarías relacionadas, y Defensoría de la Niñez, todos tuvieron algún tipo de sospecha de lo que ocurría, pero el sistema burocrático sólo movilizó al envío de oficios, sin que nadie alzara la voz pública para advertir lo que estaba pasando.
Por ahora, como indicó la Fiscalía Nacional, el objetivo central es saber dónde están los niños haitianos que ingresaron al país de la mano de un tercero que, todo indica, no tendría vínculo con ellos, salvo los permisos que alguien en Puerto Príncipe les otorgó para volar en un chárter a Chile.
Dentro de los ejemplos, constatados por la CGR en su investigación especial, están los 3 niños que al momento de llegar a Santiago su padre, que había pedido la reunificación, estaba muerto hacia 30 días, sin que el sistema hoy sepa dónde están, quienes los recogieron en el aeropuerto. Sumado a eso, los casos en que más de una decena de niños y adolescentes venían a cargo de una sola persona.
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