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Janna Sakalha, director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, salió a responder al embajador de Israel en nuestro país, Peleg Lewi, quien sostuvo que la mayoría de los muertos en la Franja de Gaza eran milicianos de Hamás.
En conversación con BioBioChile, Sakalha afirmó que las declaraciones de Lewi “estaban destinadas a deshumanizar a quienes fueron asesinados y a convertirlos, después de muertos, en culpables de su propia muerte”.
“Sus dichos no solo carecen de evidencia. Son crueles, inhumanos y forman parte de un intento sistemático por borrar la identidad y la humanidad de las víctimas palestinas”, agregó.
A su vez, abordó la situación en el enclave, indicando que Palestina no necesita una nueva tutela internacional sino que “libertad para ejercer su derecho a la autodeterminación y el fin de la ocupación ilegal que mantiene asediados a los palestinos”.
-Netanyahu dice que el Ejército israelí no se retirará de Gaza hasta que Hamás se desarme completamente. ¿Lo ve viable?
Netanyahu dice muchas cosas. El problema es que los hechos demuestran que su gobierno no ha dado señales de buscar una paz basada en el Derecho Internacional. Incluso después del alto al fuego, Israel ha mantenido bajo control militar una parte sustancial de la Franja de Gaza —estimada en torno al 60%—, donde han continuado las operaciones militares y la muerte de civiles.
Ha obstaculizado reiteradamente las investigaciones internacionales, promovió la prohibición de las actividades de la UNRWA, el principal organismo de Naciones Unidas para los refugiados palestinos y eje de la ayuda humanitaria en Gaza; ha destruido barrios completos, hospitales, iglesias, mezquitas y escuelas; mantiene una política de expansión de asentamientos y no ha contenido la violencia sistemática de colonos en Cisjordania.
A ello se suma el desconocimiento de las órdenes de la Corte Penal Internacional y de las medidas y opiniones de la Corte Internacional de Justicia, además de una permanente confrontación con Naciones Unidas.
Por eso el problema no es solamente lo que dice Netanyahu, sino la absoluta falta de confianza que generan sus actos. Difícilmente puede construirse una paz duradera cuando quien la propone desconoce de manera sistemática las instituciones y normas del Derecho Internacional.
-¿Considera que una junta internacional es una solución realista para administrar Gaza?
Palestina no necesita una nueva tutela internacional, necesita libertad para ejercer su derecho a la autodeterminación y el fin de la ocupación ilegal que mantiene asediados a los palestinos.
La historia de Medio Oriente y del norte de África debería habernos enseñado algo.
Después de la Primera Guerra Mundial, potencias extranjeras dividieron territorios, establecieron mandatos y decidieron desde fuera las fronteras, las instituciones y el futuro político de pueblos enteros. Aquellos sistemas se presentaban como administraciones transitorias destinadas a preparar a esos pueblos para gobernarse, pero muchas veces prolongaron la dominación colonial y dejaron conflictos que todavía padecemos.
Argelia necesitó una guerra de independencia extraordinariamente cruenta para terminar con más de un siglo de colonización francesa. Cientos de miles de personas murieron antes de que el pueblo argelino pudiera ejercer su soberanía.
Palestina conoce también el resultado de las decisiones adoptadas sin los palestinos. Durante el Mandato británico se configuró un orden político que desconoció la autodeterminación de la mayoría de la población. Su desenlace fue la Nakba de 1948: más de 750.000 palestinos fueron expulsados o desplazados de sus hogares y centenares de pueblos quedaron despoblados o destruidos.
Por eso debemos ser muy cuidadosos cuando se vuelve a proponer que una junta extranjera decida quién administra Gaza, cómo se gobierna y qué palestinos son aceptables como interlocutores. Cambiar una ocupación militar por una administración diseñada desde fuera no constituye necesariamente liberación.
La comunidad internacional puede acompañar, financiar la reconstrucción, entregar garantías y proteger a la población. Pero cualquier mecanismo debe ser estrictamente temporal, contar con verdadera participación palestina y tener como objetivo devolver cuanto antes el gobierno a instituciones legítimas y representativas del propio pueblo palestino.
La pregunta fundamental no es quién administrará a los palestinos, sino cuándo se les permitirá finalmente gobernarse a sí mismos. Palestina no necesita un nuevo mandato colonial. Necesita libertad, soberanía y autodeterminación. Nada sobre Palestina sin el pueblo palestino.
-¿Hamás debería quedar completamente excluido de una administración transitoria?
Lo primero que me gustaría decir es que nosotros somos orgullosamente chilenos. La Comunidad Palestina de Chile no representa a ninguna organización política o religiosa palestina. A diferencia del embajador de Israel, que representa oficialmente al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, nosotros representamos a una comunidad chilena y nuestro objetivo es defender principios basados en el Derecho Internacional y el derecho internacional humanitario.
Por eso mismo y siendo consecuente con los principios que nos guían, no nos corresponde determinar quién debe integrar un futuro gobierno palestino. Esa decisión pertenece exclusivamente al pueblo palestino y debe resolverse mediante mecanismos democráticos, representativos y conforme al derecho de libre determinación de los pueblos, reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y por el Derecho Internacional.
Lo que sí resulta inaceptable es que el Estado ocupante pretenda decidir qué dirigentes palestinos son aceptables y cuáles no. Esa lógica —que el ocupante elija quién puede representar al pueblo ocupado— contradice precisamente el principio de autodeterminación. Ningún proceso de paz será sostenible si comienza negándole a los palestinos el derecho a decidir libremente su propio futuro político.
El Derecho Internacional reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación; no reconoce un supuesto derecho de la potencia ocupante a seleccionar a los representantes políticos del pueblo ocupado. Por cierto, todos quienes ejerzan funciones públicas deben respetar el Derecho Internacional y los derechos humanos. Pero esa evaluación corresponde al pueblo palestino y a los mecanismos jurídicos internacionales, no a la potencia ocupante, que por lo demás lleva más de 70 años sometiendo a todo el pueblo palestino.
-El embajador Peleg Lewi cuestionó la cifra de muertos y sostuvo que la mayoría eran milicianos. ¿Qué responde?
El propio embajador reconoció que no tenía cifras y, pese a ello, afirmó que la mayoría de las víctimas eran milicianos. Eso no es un dato ni una conclusión respaldada por evidencia: es una opinión destinada a deshumanizar a quienes fueron asesinados y a convertirlos, después de muertos, en culpables de su propia muerte.
Es una afirmación de una crueldad abismante, pero lamentablemente es coherente con el discurso de integrantes del gobierno que representa. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha lucido públicamente un prendedor en forma de horca como símbolo de su campaña por la pena de muerte, ha promovido ese emblema y celebró sus 50 años con una torta decorada con una soga dorada y la frase “a veces los sueños se hacen realidad”. Estamos hablando de autoridades que no esconden la exaltación de la muerte, sino que la transforman en símbolo político.
A ello se suman ministros que han promovido el desplazamiento de la población de Gaza, un gobierno que entrega armas y respaldo político a colonos en la Cisjordania ocupada y autoridades que pretenden la desaparición política y territorial del pueblo palestino. Por eso, los dichos del representante israelí en Chile no son un exabrupto aislado: son la repetición de un relato destinado a encubrir décadas de ocupación, colonización y limpieza étnica.
Pero, más allá de los números que el embajador dice desconocer, hay nombres, personas y familias. Hind Rajab tenía cinco años. Permaneció durante horas pidiendo auxilio desde un automóvil donde habían muerto sus familiares. Una investigación forense estableció que el vehículo recibió 335 impactos de bala. También murieron los dos paramédicos enviados a rescatarla.
Están los siete trabajadores de World Central Kitchen, asesinados en vehículos humanitarios identificados y cuya muerte Israel reconoció. Está Shaban al-Dalou, un estudiante de 19 años que murió quemado dentro de una carpa instalada en el recinto de un hospital. Están decenas de miles de mujeres, niños, médicos, periodistas y trabajadores humanitarios plenamente identificados.
Por eso, quien sostiene que la mayoría de las personas asesinadas eran milicianos tiene la obligación de demostrarlo. El embajador admite que no tiene cifras, pero aun así convierte a todos los muertos en sospechosos.
Sus dichos no solo carecen de evidencia. Son crueles, inhumanos y forman parte de un intento sistemático por borrar la identidad y la humanidad de las víctimas palestinas.
-Entre sus planteamientos, el embajador Lewi enfatizó que Hamás, organización que gobierna Gaza y controla el Ministerio de Salud, es una organización terrorista. La agrupación islámica ha sido señalada también por distintos países, como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, Australia, el Reino Unido y la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como una organización terrorista. ¿Cuál es la postura de la comunidad palestina en Chile?
Ya hemos sido claros: la Comunidad Palestina de Chile no representa a ninguna organización política o religiosa palestina. Nuestra práctica política se basa en principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Entiendo su pregunta pero invocar permanentemente a Hamás no puede convertirse en una fórmula para negar el asesinato de decenas de miles de palestinos ni para eximir a Israel de sus obligaciones internacionales.
Respecto de las cifras, el embajador intenta desacreditarlas únicamente por provenir del Ministerio de Salud de Gaza. Sin embargo, esos registros no circulan solamente dentro de Gaza. Son publicados y utilizados por la Organización Mundial de la Salud, OCHA y otros organismos de Naciones Unidas como la información más completa disponible.
La OMS informó que al 31 de marzo de 2026 se habían registrado 72.289 palestinos muertos y más de 172.000 heridos desde octubre de 2023. Por su parte, OCHA publica periódicamente el total de víctimas, identifica expresamente la fuente de los datos y distingue entre el número general reportado y las víctimas que han sido plenamente identificadas por nombre, edad, sexo y número de identificación.
Eso es importante: no estamos hablando simplemente de una cifra global. Existen registros hospitalarios, certificados de defunción, listas nominales, números de identidad y antecedentes de cuerpos recuperados de los escombros. El colapso y la destrucción del sistema sanitario dificultan el registro, por lo que el problema más probable no es la exageración, sino el subregistro.
Por lo tanto, cuando el embajador dice que no cree en las cifras, debería explicar qué metodología alternativa propone, dónde está su listado de víctimas y cuál es la evidencia que le permite afirmar que la mayoría eran milicianos. No basta con desacreditar al Ministerio de Salud por la autoridad política bajo la cual funciona. Israel controla los accesos a Gaza, impide investigaciones independientes y, al mismo tiempo, no entrega un registro alternativo, nominal y verificable de las personas que afirma haber matado.
La evidencia internacional disponible no demuestra que las cifras hayan sido infladas. Por el contrario, distintos estudios concluyen que probablemente están subestimadas.
-Estados Unidos lleva varios años instando a las naciones árabes a recomponer sus relaciones con Israel a través de los Acuerdos de Abraham. Arabia Saudita ha sido uno de los países más reticentes. ¿Siente que en ese proceso la causa palestina ha quedado relegada de las negociaciones?
Sí. Uno de los problemas centrales de los Acuerdos de Abraham fue intentar normalizar relaciones entre Israel y determinados Estados árabes dejando fuera al principal afectado: el pueblo palestino. La premisa fue que Israel podía integrarse regionalmente sin terminar la ocupación, sin detener la expansión de los asentamientos y sin reconocer efectivamente el derecho palestino a la autodeterminación.
Eso pudo producir acuerdos diplomáticos, comerciales o de seguridad, pero no resolvió el problema político fundamental. Mientras Israel no adecue su comportamiento al derecho internacional es difícil pretender hablar de una paz justa y duradera para la región.
Arabia Saudita ha sostenido públicamente que no normalizará plenamente sus relaciones con Israel sin una vía creíble hacia un Estado palestino. La experiencia demuestra que pretender construir una arquitectura regional ignorando a Palestina no trae estabilidad duradera.
La paz regional no puede construirse pasando por encima del pueblo palestino. Normalización no es sinónimo de paz cuando la ocupación continúa.
-Israel tendrá elecciones legislativas en octubre, con posibilidad de que el primer ministro Benjamin Netanyahu pierda mayoría en el parlamento. ¿Cómo ven este proceso desde la comunidad Palestina?
Lo primero es recordar que Benjamin Netanyahu no es una figura circunstancial de la política israelí. Es el primer ministro que más tiempo ha gobernado ese país: asumió por primera vez en 1996 y, sumando sus distintos períodos, acumula cerca de 19 años en el poder.
Por lo tanto, resulta difícil presentar las políticas actuales como si fueran una desviación reciente o una responsabilidad ajena. Netanyahu ha tenido décadas para impulsar una paz fundada en el Derecho Internacional y, en cambio, bajo sus gobiernos se profundizó la colonización de Cisjordania, se expandieron los asentamientos ilegales y se consolidó una política que niega sistemáticamente la autodeterminación palestina.
También concurrirá a estas elecciones mientras enfrenta un juicio por corrupción en tres causas distintas. Está acusado de fraude y abuso de confianza y, en uno de esos procesos, también de soborno. Las acusaciones incluyen la recepción de regalos de lujo a cambio de favores políticos y supuestos acuerdos para obtener una cobertura periodística favorable; se trata de procesos pendientes y Netanyahu niega los cargos, pero no puede ignorarse que quien busca continuar gobernando Israel está sometido desde hace años a un juicio penal de enorme gravedad.
Por eso, estas elecciones no solo decidirán si Netanyahu conserva una mayoría parlamentaria. También pondrán a prueba si la sociedad israelí está dispuesta a prolongar un liderazgo marcado por la corrupción, la concentración del poder, el debilitamiento de las instituciones y una política de ocupación que ha aislado crecientemente a Israel de la comunidad internacional.
Ahora bien, tampoco debemos pensar que la eventual salida de Netanyahu resolverá automáticamente el problema palestino.
La ocupación, los asentamientos y la discriminación institucional no comenzaron con él ni dependen exclusivamente de una persona. Un cambio de gobierno solo será significativo si viene acompañado de un cambio real de política: respeto al Derecho Internacional, fin de la ocupación y reconocimiento efectivo del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Después de casi dos décadas de Netanyahu en el poder, Israel no solo debe decidir quién lo gobierna, sino si continuará por el camino de la corrupción, la ocupación y el aislamiento internacional.
Hay un asunto adicional que no puedo dejar pasar. Recientemente, el embajador de Israel utilizó sus redes sociales para calificar a la Comunidad Palestina de Chile como una organización radical que difunde odio.
La Comunidad Palestina de Chile es una institución chilena, con más de un siglo de presencia pública, social y cultural en nuestro país. Participamos legítimamente del debate democrático nacional y defendemos los derechos humanos, el Derecho Internacional y las legítimas reivindicaciones del pueblo palestino.
Es sumamente grave e inaceptable que un embajador extranjero pretenda calificar qué organizaciones chilenas son legítimas y cuáles deben ser estigmatizadas como radicales. No corresponde que un representante diplomático intervenga en el debate interno de Chile mediante descalificaciones dirigidas contra ciudadanos e instituciones de nuestro país.
Estas expresiones no son inocuas. Para cientos de miles de chilenos de origen palestino, esta no es una discusión abstracta: tenemos familias, vínculos y seres queridos en Palestina. Cuando el representante de un gobierno extranjero nos presenta públicamente como extremistas o promotores del odio, mientras ciudadanos chileno-palestinos son interrogados, rechazados o incluso deportados por Israel, se genera un clima de intimidación y de legítima preocupación para nuestra comunidad.
Los ataques y descalificaciones del embajador hacia ciudadanos e instituciones chilenas deben tener un límite. Esperamos que la Cancillería y el Gobierno de Chile ejerzan con firmeza su deber de proteger a sus ciudadanos. Ningún chileno debería sentirse amedrentado por expresar una opinión política o por defender los derechos humanos, y menos aún por las declaraciones de un representante diplomático extranjero.
No pedimos privilegios; exigimos la misma protección que el Estado debe brindar a cualquier ciudadano chileno frente a actos de hostigamiento o estigmatización provenientes de un representante de otro Estado.
Podemos discrepar políticamente, pero ningún embajador extranjero tiene derecho a señalar qué chilenos pueden participar del debate público y cuáles deben ser tratados como extremistas. Esa es una línea que no vamos a aceptar que se cruce.
