La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) respondió a consultas por vuelos vinculados al traslado de menores desde Puerto Príncipe. El organismo remarcó que su rol es técnico y no migratorio. Confirmó investigaciones a una aerolínea que está en etapa de cierre. También detalló el marco normativo para autorizar operaciones no regulares, como es el caso de los que operaron en Chile desde Haití.
La DGAC fijó su posición frente a los cuestionamientos por vuelos asociados al traslado de menores haitianos a Chile, en medio de las indagatorias abiertas por eventuales irregularidades en estos movimientos.
En su respuesta, el organismo subrayó que “la DGAC es un organismo técnico que norma y regula la actividad aérea que se desarrolla en el espacio aéreo nacional”, delimitando así su ámbito de acción exclusivamente a materias operativas y de seguridad aérea.
En esa línea, precisó que las operaciones internacionales de aerolíneas extranjeras se rigen por la normativa DAN 129, que establece requisitos técnicos para vuelos hacia y desde Chile. Bajo ese marco, indicó que los operadores que realizan vuelos no regulares, es decir, sin itinerario fijo, pueden operar “en la medida que cumpla con lo establecido en esta norma”.
La DGAC insistió en que su función se limita a aspectos técnicos: “controla las operaciones, las aeronaves y las tripulaciones, aspectos de índole técnico enmarcados dentro del ámbito de su competencia”, desmarcándose así de eventuales responsabilidades en materia migratoria o de control de pasajeros.
Respecto de alertas previas, el organismo confirmó que, tras un oficio del Servicio Nacional de Migraciones que solicitó suspender aerolíneas por incumplimientos, se inició un proceso sancionatorio. “Esta DGAC informó el 14 de agosto el inicio de un procedimiento infraccional, la cual se encuentra en etapa de cierre”, precisando que la investigación “afecta a la empresa ARAJET”.
En cuanto a otras compañías sin certificación reconocida en Chile, la DGAC detalló que deben solicitar autorización previa para cada operación. Estas pueden ser visadas “si no cuenta con impedimentos normativos desde el punto de vista aeronáutico”, con un límite de hasta 18 operaciones permitidas por la norma.
La respuesta oficial se da en un escenario marcado por cuestionamientos sobre vuelos chárter y traslados de menores bajo supuestos procesos de reunificación familiar, donde las responsabilidades administrativas y eventuales fallas de control están bajo la lupa de distintas instituciones.
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