Haber vendido miles de millones de pesos en carteras de deudas estudiantiles vencidas que en la práctica no se iban a poder cobrar es el centro de una querella presentada contra el Instituto Profesional AIEP, dependiente de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y vinculado a la Fundación Educación y Cultura.
La acción penal fue presentada por la empresa Comercial Remesa, quienes se ganaron una licitación en 2024 para comprar las carteras en un contrato de más de $1.100 millones de pesos. Sin embargo, al empezar a hacer una revisión de las carteras se habrían dado cuenta de irregularidades que hacían incobrables miles de deudas, como la existencia de estudiantes repetidos o estudiantes a quienes ya se les había cobrado. O sea, que el valor que se les habría vendido estaba abultado.
La situación llevó a la apertura no solo de la causa penal sino que también dos causas civiles iniciadas por AIEP contra Remesa por el no pago de las cuotas comprometidas en la licitación, compañía que acusa fraude por parte del Instituto y defiende no haber pagado ya que AIEP nunca habría entregado los pagarés para cobrar los créditos estudiantiles.
Así, en medio de la investigación, se han identificado declaraciones de autoridades de AIEP con ciertas incongruencias. En el centro de la discusión se encuentra el hecho de que el instituto no haya entregado los pagarés que la empresa necesita para realizar las acciones legales de cobranza, y las dudas sobre por qué no se entregaron, si fueron emitidos y con acusaciones de incumplimiento de contrato por ambas partes. AIEP incluso inició una demanda civil contra la empresa, que hoy tiene embargada la casa de su dueño.
Asimismo, en declaraciones, miembros de la empresa ligados al tema contable llamaron a las policías a revisar los estados financieros de AIEP, alertando sobre una posible evasión de impuestos, aunque por el momento el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se ha hecho parte de la causa.
Los hechos también estarían directamente afectando a los mismos estudiantes (o ex estudiantes) que se encuentran sometidos a demandas de cobranza por carteras vendidas a la empresa, cuando en realidad no les habría correspondido pagar o ya pagaron.
Consultados por Radio Bío Bío, desde AIEP declararon que las imputaciones no tendrían ningún sustento.
La historia completa a continuación.
AIEP
La Academia de Idiomas y Estudios Profesionales (AIEP) de la Universidad Andrés Bello es uno de los institutos profesionales más grandes de Chile. Fundada en 1965, cuenta con sedes desde Arica hasta Punta Arenas y ofrece carreras técnicas y profesionales en áreas como salud, administración, ingeniería, informática, diseño y educación. Actualmente atiende a decenas de miles de estudiantes y constituye uno de los principales actores del sistema chileno de educación superior técnico profesional.
Detrás de la estructura de gobierno de AIEP se encuentran dos figuras con amplia influencia en la educación superior y el mundo empresarial chileno: Jorge Selume Zaror y Juan Antonio Guzmán Molinari. Ambos fueron parte del grupo fundador de la UNAB y, tras la salida de la empresa estadounidense Laureate en 2020, constituyeron la Fundación Educación y Cultura, entidad sin fines de lucro que pasó a ser sostenedora de la UNAB, la Universidad de Las Américas, la Universidad de Viña del Mar (UVM) y la Escuela Moderna, mientras la UNAB adquirió AIEP, quedando todas estas instituciones bajo una gobernanza estrechamente vinculada.
Selume —exdirector de Presupuestos, exdecano de Economía de la Universidad de Chile y empresario con participación en directorios como Scotiabank e Indisa— preside la fundación. Guzmán, por su parte, fue ministro de Educación, presidente de CONICYT y también ha integrado directorios de importantes empresas chilenas. Ambos continúan ocupando posiciones de liderazgo en los órganos superiores de gobierno de la UNAB y mantienen representación en la estructura directiva vinculada a AIEP.
AIEP cuenta con cerca de 90 mil a 95 mil estudiantes en total. Esta comunidad de alumnos se divide entre sus 25 sedes físicas y su modalidad de educación a distancia u online.
La venta
De acuerdo a las querellas, la raíz del problema se habría dado durante una licitación adjudicada por Remesa el 2024, en que AIEP buscaba vender carteras compuestas por miles de deudas de estudiantes morosos.
Recordar que la venta de carteras es un mecanismo mediante el cual una empresa vende el derecho a cobrar deudas a un tercero en vez de seguir cobrando durante años, recibiendo la compañía el dinero de inmediato o en cuotas (como ocurrió en este caso) y cediendo los créditos a la compradora, que pasa a ser la nueva acreedora.
Remesa es justamente una empresa de gestión de cobranzas, que durante diez años había comprado a AIEP deudas impagas, a través de distintas sociedades vinculadas. De tal manera, la empresa recibía una lista de estudiantes, su monto y datos de contactos. De acuerdo a conocedores del tema, en este tipo de negocios, generalmente se logra cobrar alrededor de un 30%, por la imposibilidad de llegar a contactar y hacer que paguen todos los deudores, porcentaje que se tiene en cuenta al momento de comprar las carteras.
En septiembre de 2023, AIEP invitó a Comercial Remesa a presentar una oferta por la cartera de alumnos inactivos ese año, pactándose por 12.000 estudiantes con $13.900 millones en deudas nominales, un valor de compra cercano a los $1.100 millones. La propuesta contemplaba un abono inicial y el pago del saldo en cuotas, llegando al total en abril de 2025.
Como contexto, en la querella Remesa acusa que dos meses después de la adjudicación, AIEP habría agregado condiciones, entre las que se incluía un pagaré por el saldo total de la operación, y que el gerente general comprometiera su patrimonio como aval y codeudor solidario. Finalmente, desde Remesa aceptaron, acusándose que se habría firmado bajo presión económica porque ya estaba contratado personal para cobrar las deudas y porque la cartera representaba una parte relevante de sus ingresos.
En marzo de 2024 se firmó el contrato. Desde AIEP firmaron Felipe Ibarra Argelery –vicerrector económico y representante legal– y Jorge Martínez Durán, vicerrector de Operaciones y representante legal, ambos sujetos que luego declararon en la causa.
Las irregularidades y querella contra AIEP
Según afirma la querella, con el contrato firmado, las personas contratadas por Remesa comenzaron con el trabajo de realizar los cobros, encontrándose con una desagradable sorpresa: que muchas de las carteras no se podrían cobrar, no porque no pudiesen contactar a los estudiantes, sino que porque la deuda no correspondía.
De tal manera, y tal como declaró en la causa Enrique Vitar –asesor y ex Gerente de Operaciones de Remesa– se habrían encontrado irregularidades como: que se vendió dos veces el mismo crédito en la misma cartera y casos repetidos de carteras anteriores, que hacían un total de $82.000.000; también habrían identificado que se vendió dos veces el mismo cliente a Remesa y otra empresa que también había comprado deudas a AIEP, casos que alcanzaban los $23.000.000. También habrían existido el caso de alumnos con becas del estado ya pagadas al 100%, cuyos créditos también se habían vendido a AIEP.
Al identificarse las irregularidades, Vitar afirmó en su declaración que realizaron las respectivas denuncias a AIEP, recibiendo un 40% del monto del total de esos créditos que no pudieron cobrar, pero sin respuesta sobre los montos faltantes. El perjuicio era aplastante.
Vitar habría presentado la situación en una reunión llevada a cabo a mediados de mayo de 2024 donde además de Ibarra se encontraban el Director de Cobranzas de AIEP, José Manuel Vera, y el Director de Finanzas, Erick Vergara. “Esta reunión no fue bien acogida, por lo que ellos la terminaron, sin dar una respuesta”, se lee en la declaración.
Pagarés, prórroga y demanda civil
La situación además de afectar a Remesa, afectaba directamente a los clientes que ya habían pagado o que no correspondía que pagasen, ya que se les empezaron a abrir causas civiles de cobranza en su contra. Sin embargo, para que las causas siguieran su curso, a Remesa le faltaban los pagarés físicos de cada cliente, solicitud que hicieron el 18 de agosto.
Según lo indicado en la primera página del contrato, la cesión de créditos se efectuaba mediante la entrega ficta o simbólica, o sea, que no se entregaban los pagarés físicamente al momento de firmar, pero que estos estaban emitidos y se encontraban archivados en dependencias de AIEP a disposición de Remesa, si la empresa los requería.
Sin embargo, y a pesar de solicitar Remesa los pagarés en agosto de 2024, hasta el día de hoy sigue sin recibirlos, afectando gravemente su capacidad de cobrar las deudas.
Aquí es donde comienzan a surgir las primeras incongruencias.
En la declaración en sede penal de José Manuel Vera (Director de Cobranzas) reconoció que “AIEP no maneja los pagarés de manera física” y que para entregarlos requería llevar a cabo un trámite de emisión, suscribirlo, firmarlo y notariarlo, lo que tomaba al menos 90 días. Lo mismo declaró Erick Vergara (Director de Finanzas) al indicar que la “emisión y solicitud solo sería a pedido , con un plazo de 90 días de anticipación”, repitiendo que los pagarés no se encontraban emitidos.
Sin embargo, en los estados financieros de AIEP 2023-2024–realizados por la consultora Price Waterhouse– dice textual que los pagarés ya estaban suscritos por los estudiantes, encontrándose una contradicción con lo declarado por Vera, en que indicaba que a pedido estos se sucribirían.
Pero si los tenían, ¿por qué no los entregaban?
De acuerdo a las declaraciones de las autoridades de AIEP, el instituto se habría negado a entregar los pagarés ya que Remesa se encontraba supuestamente en mora, por no haber pagado las cuotas correspondientes al contrato.
“La primera vez que Remesa nos solicita formalmente la entrega de pagarés físicos fue el 18 de agosto de 2024, y a esa fecha Remesa ya había incumplido su obligación de pago de más de una de las cuotas (…)”, se lee en la declaración de Vera (Director de Cobranza).
Efectivamente, Remesa tenía un monto pendiente, pero tal como se lee en el testimonio de Ibarra (Vicerrector económico), la empresa había pedido una prórroga para pagar las cuotas, la cual habría sido aceptada, por lo que no se habría encontrado en mora.
En su testimonio se lee que a petición de Remesa: “(…) se accedió a que las cuotas impagas de mayo y junio, más la de julio fueran prorrateadas desde agosto a diciembre”. La reunión en la que se habría dado la prórroga se habría realizado el 19 de junio de 2024, según dice su testimonio.
Además, en el contrato no habría ninguna disposición que condicionase la entrega de los pagarés al pago de las cuotas, por lo que AIEP no podría haber retenido los pagarés incluso si Remesa hubiese caído en mora.
El no tener los pagarés, hizo que la empresa no pudiese continuar las causas de cobranza hacia los estudiantes, siendo aquel documento esencial para que los tribunales civiles le den pie a los juicios.
“Con esto, AIEP invierte los términos de la relación contractual: pretende que el cesionario debe pagar el precio de una cesión cuyos títulos no recibió, y que precisamente por no recibirlos decide no entregarlos”, se lee en la argumentación de una de las causas civiles por parte del abogado de AIEP, Felipe Duhalde.
En octubre de 2024, AIEP inició una demanda civil contra Remesa por cuotas impagas del nuevo calendario, incluso embargando un inmueble. En esta AIEP sostiene que a pesar de suscribir Remesa un pagaré por $1.012.911.114, no se cumplió con las cuotas. Debido al incumplimiento de las cuotas siguientes, en la causa se invoca el pago inmediato del saldo insoluto, equivalente a $927.911.114, más intereses penales, reajustes y costas.
Sin embargo, de acuerdo a Remesa, la empresa ya había informado oportunamente de las irregularidades detectadas, cuyo monto superaba ampliamente el monto que eventualmente adeudaba por las cuotas impagas.
Más adelante, AIEP abrió una segunda causa civil, en torno al mismo contrato. En su fallo, los tribunales rechazaron la solicitud de AIEP de liquidar la empresa, pero no concluyó que AIEP haya incumplido el contrato. Resolvió que el pagaré presentado por AIEP no puede considerarse un título ejecutivo suficientemente exigible mientras exista una controversia seria sobre el contrato que le dio origen.
En este momento, el conflicto penal se encuentra desformalizado y siendo tramitado en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con autoridades de AIEP habiendo declarado como imputados, mientras una causa civil en el 12° Juzgado Civil de Santiago sigue pendiente.
Respuestas de AIEP
Consultados por Radio Bío Bío, desde AIEP indicaron:
“Ante la solicitud de información de Radio Biobío sobre la causa judicial con Remesa, el Instituto Profesional AIEP no se referirá por los medios a detalles de un proceso judicial vigente, evitando interferir en su desarrollo.
Todos los antecedentes fueron aportados a las instancias correspondientes y por los canales establecidos para ello. Confiamos plenamente en que los procesos judiciales en curso serán favorables para AIEP, dado su estricto apego la normativa vigente, su comportamiento ético, y su apego a sus protocolos internos, los que garantizan la integridad en el uso de sus recursos.
Esperamos la resolución de los Tribunales de Justicia para desacreditar imputaciones que no tienen ningún sustento”.
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