¿Cambio de política migratoria o continuidad incómoda?

Desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast, el mensaje ha sido claro: Chile dejó atrás una política migratoria que, según sus propias autoridades, permitió el descontrol de las fronteras y una gestión deficiente del fenómeno migratorio. El diagnóstico ha sido reiterado una y otra vez: el gobierno anterior fracasó. Este mantra acompañó la campaña y hoy el ejercicio de gobernar.

Sin embargo, la reciente Cuenta Pública del Servicio Nacional de Migraciones (28 de julio de 2026) deja una pregunta incómoda: si la política migratoria heredada era tan mala como se ha sostenido públicamente, ¿por qué el gobierno sigue administrando precisamente esa política?

La respuesta no es menor, porque el documento expuesto en la Cuenta Pública citada, muestra que la Política Nacional de Migración y Extranjería continúa plenamente vigente. El Plan Nacional de Acción mantiene sus diez ejes estratégicos y sus medidas siguen estructurando el trabajo del Servicio Nacional de Migraciones.

No se trata solo de una formalidad administrativa. La Cuenta Pública informa la continuidad de procesos de expulsión, resguardo fronterizo, programas de integración, fortalecimiento municipal, capacitación intercultural, protección de grupos vulnerables, atención de personas en oficinas y terreno, coordinación institucional y un largo etcétera. Todas concebidas dentro de la política aprobada durante la gestión del presidente Gabriel Boric. Lo paradójico es que estas iniciativas conviven con un discurso político que insiste en marcar una ruptura total con la administración anterior.

Por supuesto, existen diferencias. El gobierno ha decidido concentrar sus esfuerzos en fortalecer la fiscalización de trabajadores irregulares y acelerar las expulsiones como un objetivo en sí mismo, esto mediante la creación de una Dirección de Fiscalizaciones y Expulsiones. Esta decisión administrativa refleja un cambio de prioridades.

Pero una prioridad de gestión no equivale necesariamente a una nueva política pública.

De hecho, la propia Cuenta Pública muestra que buena parte del esfuerzo institucional sigue orientado a implementar y perfeccionar la arquitectura normativa heredada, no a reemplazarla.

Aquí aparece una contradicción que merece ser discutida con mayor honestidad. Si la política migratoria del gobierno anterior era estructuralmente equivocada, cabría esperar que el nuevo gobierno hubiese impulsado una nueva Política Nacional de Migración y Extranjería, redefiniendo sus principios, objetivos y mecanismos de implementación. Eso no ha ocurrido.

Lo que sí ha cambiado es el énfasis político. Se intenta transformar al Servicio Nacional de Migraciones en un ente puramente de fiscalización migratoria. Es una decisión legítima y en hasta cierto punto coherente con el programa del actual gobierno. Si bien no estoy de acuerdo en este giro procedimental, es importante reconocer que es posible desplegarlo solo porque existe una institucionalidad, una política nacional y un conjunto de instrumentos diseñados precisamente por la administración que hoy se presenta como ejemplo de lo que no debía hacerse.

Quizás esa sea la principal enseñanza que deja esta Cuenta Pública. En el Estado, las continuidades suelen ser mucho más profundas que los discursos políticos. Los gobiernos cambian, y la prioridades y narrativas también. Pero las instituciones permanecen.

Y cuando un gobierno logra mostrar resultados utilizando las herramientas que heredó de la administración que más ha criticado, la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser una pregunta sobre la capacidad del Estado chileno para construir políticas que sobrevivan a la alternancia democrática.

Juan Pablo Gutiérrez
Exdirector de Territorio e Inclusión, Servicio Nacional de Migraciones.
Observatorio de Políticas Públicas en Migración.
Rumbo Colectivo.