El debate sobre la convivencia escolar volvió a instalarse tras la publicación de un informe inédito de la Superintendencia de Educación, que pone cifras concretas a una realidad que venía tensionando a comunidades educativas, autoridades y apoderados: las sanciones disciplinarias más severas en los colegios del país -como expulsiones y cancelación de matrículas- no solo aumentaron, sino que se triplicaron en menos de una década.
Se trata del estudio “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024): establecimientos, estudiantes y trayectorias educativas”, elaborado a partir del análisis de más de 8.200 expedientes notificados a la Supereduc y bases de datos del Ministerio de Educación. El documento ofrece una radiografía detallada sobre la aplicación de estas sanciones en el sistema escolar chileno, en medio de la permanente tensión entre garantizar ambientes seguros y resguardar el derecho a la educación.
Las cifras son elocuentes. Entre 2016 y 2024, los casos de expulsión y cancelación de matrícula pasaron de 741 a 2.423, con un salto especialmente marcado tras la pandemia. Mientras entre 2016 y 2019 el promedio anual fue considerablemente menor, entre 2022 y 2024 se registraron en promedio 1.754 casos por año, más del doble que en el período previo.
Pero el dato que marca un punto de inflexión es otro: las expulsiones se multiplicaron por ocho en el período analizado, pasando de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024. Desde 2022, esta medida superó a la cancelación de matrícula y, en 2024, se consolidó como la sanción más frecuente, concentrando el 53,8% de los expedientes informados.
Ante este escenario, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, salió al paso de una de las críticas más recurrentes en el debate, aseverando que es un “mito” que Aula Segura no se esté aplicando.
“Es un mito eso de que Aula Segura no se está utilizando”, afirmó, asegurando que la mayoría de los procesos revisados se fundamentan en dicha normativa. Según explicó, los equipos directivos están ejerciendo sus facultades legales, aunque subrayó que estos procedimientos deben ir acompañados de medidas que resguarden las trayectorias educativas de los estudiantes sancionados.
El informe también da cuenta de una fuerte concentración de estas sanciones en contextos de mayor vulnerabilidad. En 2024, casi dos tercios de las expulsiones ocurrieron en establecimientos donde más del 60% del alumnado es prioritario, una tendencia que contrasta con las cifras marginales observadas en colegios de baja vulnerabilidad.
A ello se suma un perfil reiterado: más del 75% de los estudiantes sancionados son hombres, principalmente de Educación Media, con historiales marcados por bajo rendimiento académico, inasistencia y trayectorias educativas frágiles. Para Orellana, estos antecedentes refuerzan la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas. En esa línea, destacó programas de acompañamiento impulsados tras la pandemia, que permitieron reducir la desvinculación escolar y mantener a cerca de 10 mil estudiantes en el sistema entre 2022 y 2024.
En cuanto a las causales, la agresión física entre estudiantes lidera ampliamente las expulsiones y cancelaciones, aunque el informe también advierte un aumento de hechos de mayor gravedad, como porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, reflejando escenarios escolares cada vez más complejos.
El impacto de estas sanciones no es menor. El análisis longitudinal revela que, a los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados ha quedado fuera del sistema escolar, una cifra muy superior al promedio general. Un dato que, según la Superintendencia, obliga a mirar estas medidas no solo como sanciones, sino como puntos críticos que pueden marcar de forma irreversible el futuro educativo de miles de jóvenes.
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