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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia busca finalizar su votación esta semana tras seis meses de trámite, con dos intensas jornadas de más de 70 votaciones. Diputados de oposición cuestionan la supervisión de la Contraloría General en el nuevo Plan de Inteligencia, mientras el ministro Álvaro Elizalde defiende que solo se controlará la legalidad. Se busca evitar filtraciones y regular acciones contra partidos y organizaciones.

Con un estrecho cronograma de votación y buscando despachar esta semana luego de seis meses de trámite, la Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia, inicio la recta final de su votación en particular, buscando convertir el proyecto en ley antes de que termine enero.

Este miércoles y jueves habrá dos jornadas de sesión con más de 70 votaciones por delante, que fueron en su mayoría acordadas en una mesa técnica entre el gobierno y representantes de la comisión mixta.

Ley de Inteligencia en recta final en el Congreso

Este lunes inició la votación en particular con la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el debate se cerró luego de que diputados de oposición, cuestionaran que el Plan de Inteligencia que se creará en el nuevo sistema, pase por la llamada ‘toma de razón’ de la Contraloría General de la República.

Los diputados Francisco Undurraga y Luis Fernando Sánchez -de Evopoli y el Partido Republicano respectivamente- cuestionaron la idoneidad del ente contralor para visar el contenido del plan y también alertaron contra posibles filtraciones.

Luis Fernando Sánchez dijo que lo preferible es que este plan que se elaborará dentro de los próximos cinco años -principalmente en el gobierno de Kast- debe pasar por la menor cantidad de escritorios posibles.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que la indicación solo plantea un control de legalidad y no un control de mérito: Dicho en simple, la Contraloría no se puede pronunciar sobre el contenido del plan, solo que esté apegada a la constitución y las leyes.

Además, el secretario de Estado se comprometió a evaluar que se introdujeran sanciones severas al personal que filtre información sensible del plan que vendrá del Sistema de Inteligencia del Estado.

Elizalde planteó ante los parlamentarios, que la Contraloría General de la República no representa un ‘riesgo mayor’ de filtraciones.

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En todo caso, no es solo la oposición la que está haciendo alcances a la iniciativa: Los diputados Jorge Brito y Carmen Hertz, del Frente Amplio y el Partido Comunista, insistieron al gobierno en patrocinar una indicación que prohíba acciones de inteligencia contra partidos políticos y organizaciones sociales que actúen en el marco legal.

Brito dijo que se tiene que fortalecer el sistema, manteniendo controles que eviten su politización.

La regulación de planificaciones secretas y el resguardo de información confidencial respecto de indagaciones de la ANI, son otros de los nudos actuales del proyecto, que también debe definir el sistema de competencias de cada organismo y cargo, ante información sensible.

El senador RN, Kenneth Pugh, alertó sobre la necesidad de hacer ajustes a la forma en que se van a establecer mecanismos de planificación secreta.

El senador UDI, Javier Macaya, sinceró que su intención es despachar la propuesta este jueves, pero también es sabido que no existe unanimidad para una sesión hasta total despacho: si en esa jornada no se termina la votación, el despacho quedará para el próximo lunes.