Este martes, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, tras una suspensión de tres semanas del proceso. La audiencia se retomó con una integración distinta, luego de las inhabilitaciones determinadas por la Corte Suprema.
Según se informó, la resolución del tribunal de alzada será dada a conocer el próximo 2 de enero.
Cabe recordar que la causa había quedado en suspenso tras la recusación interpuesta por la defensa de Guerra y la revelación de contactos previos entre el exfiscal y dos ministros titulares de la Sala. Se trató de Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, quienes reconocieron haber solicitado apoyo a Guerra para integrar ternas judiciales, lo que derivó en su inhabilitación.
La querella de capítulos, impulsada por la Fiscalía Regional de Arica, busca habilitar la formalización de Manuel Guerra por presuntos delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2015 y 2021, periodo en que se desempeñó como fiscal regional, en el contexto de su vínculo con el abogado Luis Hermosilla.
Entre los antecedentes expuestos se incluyen la entrega reiterada de información reservada y la realización de gestiones de carácter político relacionadas con causas de alta connotación pública, como los casos Penta, Exalmar–Dominga, financiamiento electoral y la Operación Huracán.
Esta causa también tiene como imputados al exministro del Interior, Andrés Chadwick, y al abogado Luis Hermosilla, en una de las aristas del denominado Caso Audio. Al respecto, la abogada querellante María Inés Horvitz sostuvo que el exministro tendría un rol central en la investigación, al que calificó como una pieza clave del “puzzle”.
En paralelo, la situación judicial de Manuel Guerra se ha visto marcada por nuevas revelaciones. Un reportaje de Ciper Chile dio cuenta de transferencias por $19,5 millones que el exfiscal habría recibido, cuando ya no ejercía el cargo, desde cuentas vinculadas a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos formalizados y en prisión preventiva por la denominada Trama Bielorrusa.
Independientemente de lo que resuelva la Corte de Apelaciones, la decisión final sobre la admisibilidad de la querella recaerá en la Corte Suprema, instancia que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para habilitar la formalización de Manuel Guerra y una eventual solicitud de medidas cautelares en su contra.
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