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La próxima semana, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago podría revisar la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

La acción, impulsada por la Fiscalía Regional de Arica, busca habilitar su formalización por presuntos delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, los que habrían ocurrido entre 2015 y 2021, durante su ejercicio como fiscal regional y en el marco de su relación con el abogado Luis Hermosilla Osorio y personas vinculadas a él.

La querella sostiene que Guerra habría solicitado a Hermosilla diversas gestiones políticas para obtener cargos o favores, tanto en beneficio propio como de terceros.

Además, se le atribuye la entrega sistemática y reiterada de información reservada sobre investigaciones en curso donde Hermosilla no era interviniente. Entre ellas figuran causas de alta connotación pública, como el caso Penta; la investigación por financiamiento electoral que involucró a Santiago Valdés, exadministrador de campaña de Sebastián Piñera; la arista Exalmar–Dominga, que afectó al entorno del expresidente; y antecedentes relacionados con la denominada Operación Huracán.

Cabe recordar que Luis Hermosilla, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, desarrolló funciones como asesor jurídico del Ministerio del Interior desde marzo de 2018 hasta marzo de 2022

Estos hechos, según la Fiscalía, vulneran de forma directa los deberes de probidad y reserva establecidos para los fiscales del Ministerio Público.

En la audiencia también intervendrán los querellantes particulares. Una de ellas es María Inés Horvitz, quien fue querellante en representación del Consejo de Defensa del Estado en el caso Penta y que ahora participa a título personal en esta querella de capítulos.

Horvitz valoró el avance del proceso y la posibilidad de que se esclarezcan los hechos atribuidos al exfiscal.

Por su parte, desde la defensa, el abogado de Manuel Guerra, Felipe Polanco, sostuvo que durante la instancia esperan demostrar la falta de mérito de las imputaciones y afirmó que el tribunal deberá resolver estrictamente conforme a derecho.

En tanto, según el exsubordinado de Guerra, el exfiscal Carlos Gajardo, esta es “una señal inequívoca de que la institución está dispuesta a investigar incluso los actos más graves cometidos desde su interior”.

Asimismo, Gajardo recordó que las conductas atribuidas a Guerra provocaron “un daño severo a la tramitación de causas relevantes” y detalló que, en su momento, el exfiscal habría realizado diversas gestiones para obtener beneficios personales y económicos.

También explicó que una vez se autorice la querella, la fiscalía podría solicitar la prisión preventiva.

Los nuevos antecedentes que complican al exfiscal Guerra

En paralelo, nuevas revelaciones periodísticas agregaron presión al escenario judicial del exfiscal.

Durante las últimas horas, un reportaje de Ciper Chile dio a conocer que Manuel Guerra recibió, cuando ya no ejercía como fiscal, transferencias por un total de $19,5 millones desde cuentas vinculadas a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

Ambos profesionales están actualmente formalizados y en prisión preventiva en el marco de la Trama Bielorrusa, una investigación que indaga presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y corrupción vinculada a redes que operaban entre el mundo privado y organismos públicos.

Según la publicación, parte de los depósitos que llegaron a cuentas asociadas a Guerra provienen de una secretaria del estudio jurídico de Lagos y Vargas, lo que para los investigadores podría indicar un eventual mecanismo de triangulación de fondos.

El reportaje también detalla que estas transferencias se habrían realizado mientras ya avanzaban diversas causas sensibles en las que Guerra tuvo participación como fiscal regional, lo que despierta interrogantes sobre la naturaleza y justificación de esos pagos.

El abogado Mauricio Daza, querellante en esta causa, señaló que estos antecedentes podrían ser incorporados mediante una ampliación de la querella de capítulos o dar origen a una nueva acción judicial, dependiendo de la determinación que adopte el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Así las cosas, independiente de lo que resuelva la próxima semana en la Corte de Apelaciones, la última palabra sobre la admisibilidad de la querella recaerá en la Corte Suprema, tribunal que deberá definir si existen antecedentes suficientes para formalizar a Manuel Guerra y avanzar hacia eventuales medidas cautelares en su contra.

Cabe mencionar que, inicialmente, la audiencia estaba programada para esta jornada de miércoles, pero se reprogramó debido a una recusación ingresada por la defensa contra la abogada integrante Magaly Farías. De esta manera, la querella de capítulos sería vista en los próximos días.