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Las defensas de los imputados en la "Operación Apocalipsis", que investiga corrupción en Gendarmería, han desplegado una ofensiva judicial para impugnar al juez y frenar el proceso. Presentaron dos recursos de amparo: uno colectivo para 66 imputados admitido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, y otro específico para tres imputados. También recusaron al juez Francisco Ramos, aunque esta solicitud fue rechazada.
En medio de una de las investigaciones más graves que ha enfrentado Gendarmería en los últimos años, las defensas de los imputados acusados por distintos hechos de corrupción, desplegaron una ofensiva judicial paralela a la formalización del caso. El objetivo: inhabilitar al juez Francisco Ramos.
En las últimas horas, recurrieron a dos recursos de amparo con los que buscan impugnar la actuación del juez Francisco Ramos, ganar tiempo y frenar el avance de un proceso que los tiene en una posición claramente adversa.
El caso se enmarca en la denominada Operación Apocalipsis, una investigación del Ministerio Público que indaga una red de corrupción al interior de las cárceles, con 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles involucrados.
La causa se encuentra actualmente en plena formalización.
Las jugadas de las defensas en caso Gendarmería
La formalización en el marco de la Operación Apocalipsis, que sacude a Gendarmería de Chile, cumple hoy su quinta jornada. Y la jugada más relevante de las defensas de los gendarmes es un recurso de amparo colectivo, presentado en favor de 66 imputados y admitido a trámite por la Corte de Apelaciones de San Miguel–
En este escrito, los abogados cuestionan al juez Francisco Ramos y atacan el desarrollo completo de la audiencia de formalización, acusando una serie de vulneraciones al derecho a defensa que, a su juicio, ponen en riesgo la libertad personal de los imputados ante la inminente discusión de medidas cautelares.
Según el recurso, el juez del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Ramos, habría incurrido en un actuar “ilegal y arbitrario”, al impedir entrevistas privadas entre defensores e imputados, limitar intervenciones de los abogados y mantener condiciones que —afirman— afectaron la inmediación y el debido proceso.
La defensa solicita que se deje sin efecto todo lo obrado en la audiencia, que se ordene su repetición ante un juez distinto y que se restablezca el imperio del derecho antes de que se adopten decisiones como la prisión preventiva.
En paralelo, se interpuso un segundo recurso de amparo, esta vez en favor de tres imputados específicos, apuntando a una resolución puntual del magistrado: la declaración de abandono de la defensa y la negativa a permitir que un abogado retomara el patrocinio en la misma audiencia.
Ese escrito sostiene que los imputados quedaron “sin defensa técnica efectiva en una etapa crítica del proceso”, solicitando revertir la decisión y suspender el curso de la audiencia mientras se revisa el fondo del asunto.
La recusación: un intento fallido para apartar al juez
A estas acciones se sumó una recusación directa contra el juez Francisco Ramos, con la que las defensas buscaron inhabilitarlo por una supuesta vulneración al principio de igualdad ante la ley e incluso por un eventual delito de prevaricación.
Sin embargo, la solicitud fue rechazada por no cumplir los requisitos legales y por haber sido presentada fuera de plazo, decisión que además fue adoptada con costas.
El despliegue de las defensas de los Gendarmes formalizados mostraría una estrategia defensiva múltiple: intentar sacar al juez de la causa, introducir dilaciones en una formalización extensa y compleja, y marcar presencia jurídica en un escenario donde la investigación avanza con abundante evidencia en contra de los imputados. Todo, apuntando a frenar, retrasar o incluso anular parte del avance judicial.
