En el marco de la audiencia de revisión de la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, la abogada querellante María Inés Horvitz —exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE)— entregó duras declaraciones en las que apuntó directamente al exministro del Interior, Andrés Chadwick, como un actor central en una de las aristas del denominado Caso Audio.
La acción judicial, impulsada por la Fiscalía Regional de Arica, busca habilitar la formalización de Guerra por los presuntos delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, hechos que se habrían cometido entre los años 2015 y 2021, periodo en que se desempeñó como fiscal regional. Todo ello, en el contexto de su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, también imputado en la causa.
Según los antecedentes expuestos, Manuel Guerra habría entregado de manera reiterada información reservada y realizado gestiones de carácter político vinculadas a causas de alta connotación pública, como los casos Penta, Exalmar–Dominga, financiamiento irregular de la política y la Operación Huracán.
En este contexto, Horvitz sostuvo que el rol de Andrés Chadwick sería fundamental para comprender la magnitud de los hechos investigados.
“Yo personalmente creo que él está completamente involucrado. Chadwick es una pieza importante de este puzzle”, afirmó Horvitz, señalando que el exministro habría operado como un intermediario del poder político, capaz de influir en decisiones que dependían directamente del Presidente de la República.
“Evidentemente, la solicitud que le hacía a Hermosilla era como intermediario del poder, porque finalmente era el ministro de Interior, quien se podía comunicar con el Presidente de la República para tomar las decisiones que eran de competencia del Presidente y, por lo tanto, él (Guerra) sabía que necesariamente tenía que pasar por un operador del gobierno, que en este caso era Hermosilla, para conseguir los beneficios indebidos que finalmente uno de ellos lo obtuvo”, acusó.
Asimismo, la abogada recordó además la salida del CDE del Caso Penta en julio de 2018, episodio que —según indicó— siempre le generó sospechas. “Me quedé con la impresión de que había algún acto de corrupción detrás, porque fue absolutamente inusual y extremadamente malicioso, con el deliberado propósito de excluirnos para poder llegar a acuerdos solo por delitos tributarios con los imputados”, sostuvo.
Las declaraciones de Horvitz se enmarcan en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público tras la revelación de chats entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, correspondientes a septiembre de 2016. De acuerdo con una investigación de Ciper, Hermosilla habría buscado obtener información confidencial del Caso Penta a través de un contacto identificado como “Andrés”, quien sería el entonces influyente dirigente político y futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick.
El Caso Penta se originó en 2014, cuando la Fiscalía indagó el financiamiento ilegal de campañas políticas, principalmente de dirigentes vinculados a Chile Vamos. En ese contexto, se conoció que uno de los contratos ideológicamente falsos del holding habría estado relacionado con la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2009, lo que encendió las alertas del entorno político de la época.
Horvitz fue enfática en cuestionar la conducta del exfiscal Guerra, acusándolo de vulnerar gravemente los deberes de su cargo. “Violó todos y cada uno de los deberes que se le pueden plantear a un fiscal del Ministerio Público, cuya labor es la persecución penal y no actuar como defensor o asesor de los imputados”, afirmó.
En ese sentido, añadió que basta revisar los chats para advertir que entregaba información reservada e incluso pedía instrucciones sobre cómo proceder en causas penales en curso.
“Es bastante grave que no solo se haya ofrecido a entregar información de manera solícita a Hermosilla y eventualmente a Chadwick, sino que incluso asesorar políticamente al Presidente Piñera. Él no estaba trabajando para el Ministerio Público, estaba trabajando para el gobierno o para Hermosilla”, recalcó.
La abogada también sostuvo que Guerra habría actuado coordinadamente para excluir al Consejo de Defensa del Estado, que habría sido un obstáculo para concretar acuerdos favorables a los imputados. Según Horvitz, estas conductas tendrían como trasfondo la obtención de beneficios posteriores, lo que —a su juicio— se reflejaría en gestiones realizadas en el CDE, en el entorno de Chadwick y Hermosilla, y posteriormente en la Universidad San Sebastián, institución donde el exministro tendría influencia.
Cabe destacar que tras conocerse los polémicos chats entre Guerra y Hermosilla, Andrés Chadwick ha negado tajantemente las acusaciones. A través de un comunicado, aseguró que “las acusaciones son absolutamente falsas” y afirmó que jamás intervino en las investigaciones ni en las decisiones adoptadas por el fiscal Manuel Guerra.
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