La controversia que sacudió al Ministerio de Educación y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) no nació en el Congreso ni en una disputa ideológica, sino en un dictamen contable. La Contraloría General de la República (CGR), bajo la conducción de Dorothy Pérez, advirtió que los recursos comprometidos en el proyecto de ley del Fondo de Educación Superior (FES) debían registrarse como gasto fiscal y no como activo financiero “bajo la línea”, como pretendía el Ejecutivo.
El pronunciamiento fue interpretado dentro de La Moneda como un balde de agua fría: implicaba que el FES afectaría las metas de balance estructural y el espacio presupuestario del gobierno. La reacción no se hizo esperar. Desde la Dipres se cuestionó el alcance del dictamen y se pidió su reconsideración, sosteniendo que la Contraloría “se pronunció sobre un proyecto que aún no es ley”.
Sin embargo, el argumento se desmorona al revisar la Constitución Política de la República. En concreto, el artículo 98 establece con claridad que la Contraloría “llevará la contabilidad general de la Nación”. Es decir, no solo fiscaliza el gasto, sino que también define la forma en que el Estado debe registrar sus operaciones contables. La facultad es constitucional, y su ejercicio no es una interpretación.
Precedentes históricos
La crítica interna al organismo fiscalizador refleja, como admiten docentes que conocen de la materia, “una ignorancia técnica” sobre la operatoria contable del Estado. En rigor, la CGR no emitió una jurisprudencia administrativa sobre la interpretación de una norma legal, sino una respuesta técnica de naturaleza contable, lo que en la práctica es parte de sus atribuciones permanentes.
Además, no es la primera vez que la Contraloría se pronuncia respecto de proyectos de ley. Su base de dictámenes registra centenares de casos en los que, frente a consultas parlamentarias o de ministerios, el organismo emite opiniones técnicas, aun cuando las iniciativas se encuentran en tramitación legislativa. En ocasiones lo hace mediante oficio y otras en sesiones formales, atendiendo consultas del Congreso.
Por tanto, la supuesta “invasión de competencias” que algunos sugieren desde Hacienda o Educación no tiene sustento jurídico ni histórico.
El contexto FOCAL y el mensaje de transparencia
La polémica estalló apenas días después de que Dorothy Pérez encabezara en Santiago la reunión anual del Foro de Contabilidad Gubernamental de América Latina (FOCAL), que reúne a las instituciones rectoras del área en 18 países. En su discurso de apertura —al que accedió este medio—, Pérez destacó que “la contabilidad pública es un lenguaje de transparencia y rendición de cuentas”, y llamó a los Estados a asumir los desafíos del escrutinio ciudadano y la exposición que imponen las redes sociales.
“Debemos estar a la altura de los requerimientos de una ciudadanía que cada día demanda más transparencia”, afirmó en esa instancia. Sus palabras, pronunciadas frente a delegaciones regionales, hoy cobran otro sentido: la Contraloría no solo ejerce control, sino que busca fortalecer la rendición de cuentas del aparato estatal.
El pulso técnico y político
En Palacio reconocen que el dictamen llegó “en mal momento”. Según fuentes de Gobierno, el informe de la CGR obligó a recalcular proyecciones fiscales y generó tensión con Hacienda. Pero en el mundo técnico, el consenso es claro: la Contraloría actuó dentro de su marco constitucional.
La advertencia de la Contraloría tiene efectos concretos: el proyecto, tal como está, compromete recursos reales del erario y, por tanto, debe reflejarse en la ejecución presupuestaria. No hacerlo equivaldría a “contabilidad creativa”, algo que el propio Ministerio de Hacienda ha criticado en administraciones anteriores.
Una Contraloría fortalecida
El episodio, lejos de debilitar al organismo, refuerza la autonomía de la CGR. Bajo el liderazgo de Dorothy Pérez, la institución ha consolidado su posición como árbitro técnico de la gestión fiscal, en un contexto donde la transparencia y la responsabilidad presupuestaria se han vuelto banderas globales.
De hecho, en términos simples existe un sinnúmero de entidades que mantienen problemas con el déficit. Este punto es clave, advierten entendidos en la materia.
Cabe indicar, que dos profesores consultados evitaron hablar en on the record, puesto que advierten que esto debería ser de conocimiento de los abogados que trabajan en el Gobierno, por ello no quieren entrar en polémicas con la administración de Gabriel Boric.
Otras advertencias de Contraloría
Ejemplo de lo que se ha expuesto, es el dictamen N° 20.613 de 2010 entregado por la CGR, donde figura precisamente la definición de los aportes que constituirán el nuevo Fondo Nacional de la Reconstrucción, ideado tras el terremoto de 2010. El órgano de control señaló que, aunque se trate de recursos originados en herencias, legados o donaciones privadas, una vez ingresados al Fondo adquieren la naturaleza jurídica de recursos públicos, al estar sujetos a las normas presupuestarias y al control del Estado.
El documento también precisó que todos los gastos efectuados con cargo a ese Fondo incrementarán las sumas globales fijadas por la Ley de Presupuestos, es decir, se incorporan plenamente al gasto fiscal. Por esa razón, la Contraloría subrayó que tanto la administración de los fondos como los actos relativos a su ejecución deben someterse al régimen de fiscalización previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la institución.
El análisis incluyó una observación crítica al artículo 20 del proyecto, que facultaba al Presidente de la República a dictar normas de excepción para agilizar obras, incluyendo la posibilidad de prescindir de licitaciones o permisos. A juicio del contralor de la época, Ramiro Mendoza, esa disposición podía interpretarse como una vía para eludir el control de legalidad y debilitar el sistema de rendición de cuentas sobre fondos públicos.
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