Molestia en La Moneda por dictamen de Contraloría que golpea el proyecto FES que elimina el CAE

Incomodidad generó en el Gobierno el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que cuestionó el gasto fiscal del proyecto que crea el Financiamiento de la Educación Superior (FES), iniciativa con la que el Ejecutivo busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Al interior de La Moneda reconocen que los reparos del ente fiscalizador llegan en un momento complejo, justo cuando el Gobierno intentaba consolidar apoyos en el Congreso y entre las universidades, de cara al seminario del 5 de noviembre en el Senado, instancia clave para el futuro de la propuesta.

El dictamen de la Contraloría objetó la fórmula utilizada por el Ejecutivo para contabilizar los recursos comprometidos en el FES, señalando que estos no pueden considerarse activos financieros, sino gasto fiscal, lo que —según el informe— afecta la sostenibilidad de la medida.

En el Ministerio de Educación y en Hacienda reconocen la sorpresa y el malestar por el momento en que se conoció el pronunciamiento. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el diseño del proyecto y adelantó que el Gobierno pedirá una reconsideración al ente contralor.

“Hemos tenido una interpretación distinta y haremos nuestra reposición frente a este dictamen, pero creemos que es una conversación que recién está empezando”, señaló el secretario de Estado.

Desde la oposición, en tanto, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, calificó el dictamen como “grave” y acusó al Gobierno de “disfrazar gasto público como activo financiero”.

“La Contraloría confirmó que el Gobierno intentó disfrazar gasto público como si fuera un activo financiero, vulnerando la transparencia fiscal. Este dictamen demuestra que el FES sí genera deuda”, afirmó el parlamentario.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, la presidenta de la Comisión de Educación, Mónica Arce, respaldó los objetivos del FES, pero pidió asumir con seriedad las observaciones del organismo.

“Este dictamen tiene consecuencias importantes en la transparencia del Presupuesto y en la sostenibilidad del programa. Debe tomarse con absoluta seriedad”, advirtió.

En Palacio admiten que el desafío inmediato será contener los efectos políticos y técnicos del dictamen. El Ejecutivo busca llegar al encuentro del 5 de noviembre con el Cruch y otras universidades alineadas tras una fórmula común, pero los rectores mantienen diferencias sobre el modelo financiero y su impacto en la autonomía institucional.

En privado, algunas fuentes en La Moneda reconocen que el pronunciamiento “desmotiva” y golpea una de las reformas más emblemáticas del Gobierno, justo cuando intentaba ordenar el debate parlamentario en torno al fin del CAE.