En las próximas semanas Martín de los Santos debería estar aterrizando en nuestro país al encontrarse su proceso de extradición en fase final. De los Santos –imputado por agredir al conserje Guillermo Oyarzún de 70 años– se encuentra detenido en Brasil desde julio del año pasado, tras haber huído de Chile, y recientemente había solicitado acelerar su extradición debido al estado de salud de su padre y deficientes condiciones en el recinto penitenciario brasilero en el que se encuentra recluido.
Tras la formalización por el delito de lesiones graves, maltrato de obra a Carabineros y amenazas a Carabineros, se le decretó prisión preventiva, por lo que una vez arribado al país el acusado debiese ingresar de inmediato a la cárcel.
Es por ello que, ante su inminente llegada, su abogado, Guillermo Giugliano, ya se encuentra preparando el terreno.
Así se nota en el ingreso de dos documentos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago a la causa en la que se le acusa del ataque al conserje, en los cuales el defensor solicitó que los tribunales oficien a Gendarmería para la realización de dos informes que establezcan si es posible o no que Martín de los Santos ingrese a centros penitenciarios específicos, con el objeto de resguardar su seguridad.
En detalle, Giugliano pide que se haga un análisis de factibilidad técnica para el ingreso de Martín de los Santos al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, en la comuna de Tiltil, o en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, ubicado en la región de Valparaíso.
La razón de la solicitud, viene del “peligro real e inminente a la integridad física y psíquica” que podría correr De los Santos en otras cárceles que no contasen con las condiciones para resguardarlo.
De acuerdo a lo argumentado por el abogado, tanto los recintos de Punta Peuco como de Casablanca ofrecerían condiciones que permitirían mitigar los riesgos que se pueden generar de manera efectiva, salvaguardando la vida e integridad de De los Santos.
El temor a que el joven pudiese ser atacado en inmediaciones penitenciarias tendría su base en que existiría un “ambiente de hostilidad colectiva” alrededor del imputado, en un caso que ha tenido alta exposición mediática durante todo el proceso penal.
“La constante cobertura mediática de esta causa, ha generado una reacción social adversa sobre mi representado, que, por consiguiente, incrementa su vulnerabilidad ante eventuales agresiones por parte de terceros, incluyendo la población penal”, se lee en los escritos.
Como evidencia de esta situación, Giugliano dio cuenta de una segunda causa penal abierta en julio del año pasado, en que se relataban dos agresiones distintas en contra de Martín de los Santos: uno en el Club Nocturno Palominos en Vitacura en las horas previas al ataque al conserje, y otra al día siguiente, luego de su audiencia de control de detención.
Aunque la Fiscalía decidió no perseverar en el primer hecho, el segundo sí ha seguido su curso, con el Ministerio Público avanzando en la investigación.
Específicamente, se investigan un ataque recibido por Martín de los Santos afuera del Centro de Justicia, tras el término de su audiencia de control de detención, en donde fue golpeado en torso brazos y piernas (incluso con un objeto metálico, según se lee en la querella), terminando con fracturas en dos costillas y una fisura en el antebrazo izquierdo.
Esta agresión, fue tomada por el abogado como antecedente clave para la solicitud. “(…) mi representado presenta un riesgo real y actual de sufrir agresiones o atentados contra su vida al interior de recintos penitenciarios sin una adecuada evaluación técnica para su correcta asignación, vulnerando sus derechos y garantías como recluso”, indicó.
Agregando que es “deber del estado de Chile garantizar la vida e integridad de todo aquel que se encuentre privado de libertad, adoptando medidas para prevenir atentados contra sus derechos fundamentales”.
Este jueves los tribunales le dieron curso a la solicitud de Giugliano, solicitando a la Dirección Nacional y a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería para que se pronuncie respecto a la factibilidad de cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva en alguno de los dos centros solicitados, quedando ahora la defensa del imputado a la espera de aquellos informes.
Enviando corrección, espere un momento...
