Sala Cuna: una política pública imprescindible

Una vez más vemos cómo no se le da prioridad a una política pública imprescindible para promover el empleo de las mujeres, ofrecer a los niños y niñas educación inicial de calidad y avanzar en un sistema de provisión de sala cuna bajo los principios de corresponsabilidad parental y social de los cuidados.

Una vez más nos farreamos una oportunidad, pero esta vez, como nunca antes, habíamos logrado varios consensos técnicos.

En ese contexto, congelar el trámite parlamentario del proyecto, argumentando que tiene problemas de financiamiento, es paradójico porque precisamente su discusión debe darse en el congreso: para eso se parlamenta, para debatir y buscar acuerdos en los ámbitos que el país y la ciudadanía necesita.

Esta propuesta no es una bandera ideológica; es una solución a un problema real. El artículo 203 del Código del Trabajo, pese a su buena intención, ha tenido un efecto negativo: asocia el costo de la sala cuna a la contratación femenina, provocando que muchas empresas eviten contratar mujeres o limiten su personal por debajo del umbral de 19 trabajadoras. El resultado es menor empleo y, a veces, menor remuneración para ellas.

El proyecto de sala cuna termina con este problema: el derecho se reconocerá en régimen a todas las personas trabajadoras, y se crea un sistema destinado a la financiación de la provisión efectiva de sala cuna cuyas definiciones paramétricas han sido y deben ser parte del análisis legislativo.

Nuestro país necesita políticas que promuevan la corresponsabilidad: licencias, horarios y apoyos para que padres y madres cuiden.

Además, el proyecto actualmente en trámite también pone el foco en la educación inicial de calidad para fomentar el desarrollo integral de niños y niñas y reducir brechas en el ingreso escolar. Este avance de política pública es consistente con el estándar de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Hoy, como país, debemos elegir entre dilatar o hacernos cargo de un problema real que afecta la vida de miles de mujeres, y avanzar con datos y voluntad de diálogo.

Pero no nos confundamos: esta demora no es neutral. Responde a una decisión política que posterga soluciones concretas para la vida diaria de muchas familias chilenas y perpetúa la precariedad laboral y educativa que hoy afecta de forma desproporcionada a las mujeres.

Por eso, hago un llamado a quienes tienen la responsabilidad de legislar a poner fin a esta parálisis y retomar la tramitación con urgencia y espíritu de acuerdo. No se trata de imposiciones, sino de diálogo serio sobre parámetros técnicos ya identificados; demorar más el debate equivale a negar oportunidades de empleo, de corresponsabilidad parental y de acceso a educación inicial de calidad.

Chile necesita que este proyecto avance ya, con la urgencia que demanda la ciudadanía. Nuestro país no puede seguir esperando.