La contralora general de la República, Dorothy Pérez, fue la gran sorpresa invitada en Enade 2025, donde se refirió al rol de la Contraloría General de la República, funcionamiento administrativo del país y rol del control.
Durante su discurso, que finalizó con una ovación a pie por parte de los asistentes, se refirió a los sumarios administrativos que realiza el organismo en el caso “licencias médicas”, donde enfatizó que como Contraloría “estamos bastante acogotados con los sumarios”.
Lo anterior, a raíz de los 8 mil sumarios que se realizan a partir del caso de licencias médicas en nuestro país.
Así también, destacó el quiebre que generó este caso desde mayo de este año, cuando se destapó el tema, ya que la presentación de licencias médicas disminuyó en un 32,4% hasta agosto.
Pero frente a la mirada del empresariado, no solo entregó cifras, también se refirió a la Función de Fiscalización que tiene el organismo, donde destacó que entre los productos nuevos de la Contraloría están los Consolidados de Información Circularizada (CIC), y que fue esto lo que permitió descubrir que “25 mil funcionarios habían salido del país, mientras estaban justificando su ausencia de cumplir funciones públicas, con licencias médicas”.
Este producto, que corresponde a la consolidación de información, está hecha “pensando en aquellas personas que sólo saben leer, escribir y algunas operaciones básicas de matemáticas”.
Sobre este caso, que corresponde a la CIC N°9, “no tiene que ver con la vulneración del reposo (…) el punto es que todas estas personas estaban justificando su ausencia a cumplir su función pública para la cual es remunerada con fondos públicos, y además tenemos una obligación de cumplir una labor para toda la ciudadanía, y estábamos ausentes de cumplir esa labor, por estar viajando, y la justificación no era real”.
Otros casos
Pero este no es el único caso al que se refirió, sino que también enfatizó en que han detectado irregularidades en municipio, pagos en exceso en el Ejército, casos de pérdida de fentanilo desde la Dirección de Salud de Carabineros, e incluso problemas detectados a raíz del mega incendio en Valparaíso.
Un tema no menor, tuvo que ver con las listas de espera, donde señaló que detectaron que funcionarios que trabajan en hospitales ingresaron a familiares a estas listas, dejándolos antes que aquellos que llevan años esperando (1.500 días).
A lo anterior se suman “deficiencias en destrucción de drogas, incumplimiento en permiso y porte de armas por certificados emitidos por médicos que no son psiquiatras o médicos fallecidos; además de permisos otorgados a menores, fallecidos o condenados”.
Aduanas sin body scanner, obras pagadas sin ejecución, falencias en el control de ingresos al país, obras públicas detenidas por permisología.
“Aquí hago un llamado a la función pública, que es muy valiosa, pero hago un llamado a cuando estamos revisando un trámite, pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país”, enfatizó, por obras públicas que tienen hasta 878 días de retraso en la aprobación.
Sistema Nacional de Control
También se refirió al Sistema Nacional de Control, donde señaló que los recursos públicos son escasos y que tienen que atender necesidades que son ilimitadas. “Necesitamos que lleguen a los pueblos más recónditos en el país, y para que lleguen necesitamos que no se filtren como una cañería”, destacó.
En este sentido, dijo que una ayuda al sistema de control es el nuevo Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAI), el que aseguró, sus predecesores rechazaron “y tenían buenas razones, porque se puede estimar como una competencia”.
“Me alegro mucho de anunciar que desde la semana pasada, en conjunto con el Poder Judicial, estamos interoperando para la recepción de las condenas, de esa manera vamos a saber automáticamente qué personas están condenadas, para que no ingresen al aparato público, y más importante aún, qué personas tienen prohibición de trabajar con niñas y niños, y pudieron estar trabajando con ellos en el aparato público”, enfatizó, respecto de la utilización de la tecnología e inteligencia artificial.
Finalmente, en relación a la pérdida de recursos, dijo que en 2024 se perdieron 191.689 millones de pesos por evasión en la Red Metropolitana de Movilidad, lo que equivale a 17 centros de salud familiar, por lo que enfatizó el llamado a la fiscalización y buena utilización de los recursos.