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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta a la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, expresando su preocupación por la aprobación de la candidatura a diputado de Daniel Jadue (PC), exalcalde de Recoleta. Argumentan que la habilitación de Jadue vulnera la Constitución al estar acusado, lo que implica suspensión del sufragio. Acusan al Servel de extralimitarse en sus funciones al aceptar la candidatura y actuar como un tribunal sin facultades.

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta a la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, en la que expresan su “profunda preocupación” por la aprobación de la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Según señalaron en un comunicado de prensa, en la misiva, los parlamentarios sostienen que la habilitación de Jadue vulnera la Constitución, ya que “su calidad procesal de acusado importa, de pleno derecho, la suspensión del ejercicio del sufragio”, requisito para postular al Congreso.

Asimismo, acusan que el Servel se extralimitó en sus funciones: “La aceptación de la candidatura excede la esfera de competencias del organismo y vulnera directamente lo dispuesto en los artículos 16 y 48 de la Carta Fundamental”.

Cabe destacar que aún está pendiente el recurso de impugnación que presentó Renovación Nacional ante el Tribunal Electoral, contra la candidatura del exalcalde de Recoleta.

Los diputados recalcan que, con esta decisión, el Servel “actúa como un tribunal sin tener facultades para ello” y advierten que la resolución “erosiona la certeza jurídica y abre la puerta a la aplicación discrecional de criterios ajenos a la legalidad vigente”.

Finalmente, RN plantea que lo que le correspondía al Servel era rechazar la inscripción de Jadue y, de ser necesario, pedir al Parlamento o al Ejecutivo revisar la normativa constitucional, “pero no hacer justicia por mano propia, desatendiendo el tenor literal de la Constitución”.