Diputado Castro (RN): El Presidente, cuando salga, "debe tener una dieta, por la dignidad del cargo"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), conversa con BioBioChile tras una semana marcada por una intensa contigencia policial y política.

La cuestionada liberación de un imputado por sicariato, los casos de droga en las Fuerzas Armadas y las amenazas de muerte denunciadas por la diputada Camila Musante (IND-PPD) levantan sospechas sobre una eventual influencia del crimen organizado en el aparato estatal. Frente a ello, el diputado advierte: “Si nosotros perdemos el Estado de derecho, es la ley de la selva”.

Castro afirma que bandas delictuales podrían estar “permeando las distintas capas del Estado” y, por ello, insiste en que el presidente Gabriel Boric debe convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para “demostrar que somos capaces como Estado de golpear la mesa”.

En ese sentido, al ser consultado por si el narco ya está involucrado en la política, dijo: “Espero que no”. Agregando que se deben reforzar los controles, pero marcando reparos con la iniciativa que busca levantar el secreto bancario. “Se pierde el Estado de derecho”, alerta.

Por otra parte, consultado por otro proyecto en discusión, y que surgió desde su colectividad, como es la restricción a la edad desde la que puedan recibir dieta los expresidentes, el parlamentario dijo que —a título personal— está a favor del pago a los expresidentes por la “dignidad del cargo”, aunque reconoce que el tema de las asignaciones “da para conversar”. En tanto, respecto al voto obligatorio fue más duro, llamando al oficialismo a que “se suban arriba del carro de la democracia y no estén pensando en la calculadora”.

Finalmente, el presidente de la Corporación abordó las críticas a diputados por viajar al extranjero en semanas distritales o periodos legislativos, replicando: “Hoy en día no existe un arraigo nacional por ser diputado”. Y en el caso particular del diputado Hotuiti Teao, quien debió someter a votación en la Sala su salida del país, concluye: “Me pareció extraño y me pareció un mal precedente”.

Amenaza a Musante, crimen organizado y llamado al Cosena

—El martes lo vimos con la diputada Camila Musante (IND-PPD), quien denunció una amenaza de muerte por parte de una persona que hasta ahora no habría sido formalizada. ¿Ha cambiado algo al respecto? ¿Qué tan recurrentes son este tipo de amenazas dentro del Congreso?

Por la información que tengo, se da en algunos casos. Pero en este caso en especial, a través de Cibercrimen (de la PDI) habrían podido dar con la persona, y ni siquiera se formalizó, por la información que tengo. Es algo que nos preocupa sumamente, porque cuando la gente o distintos grupos se atreven a amenazar de muerte a autoridades, quiere decir que le han perdido el respeto por completo a dichas autoridades.

Como presidente de la Corporación, lo que voy a hacer es —obviamente— ponerme al servicio de cualquier acción que podamos tomar con respecto a este tema, para que no se repita y que en ningún caso algún parlamentario pueda sentir miedo. Porque cuando los parlamentarios sienten miedo por A, B, C tema, el tema es que después esto se puede traducir en un voto (condicionado) y tienen que tener la absoluta libertad para poder votar. Más que proteger a Camila Musante o a otro parlamentario; es proteger a nuestras instituciones.

Tras la realización de esta entrevista y los llamados de los diputados, desde Fiscalía solicitaron una audiencia para formalizar a quien amenazó de muerte en redes sociales a Musante, señalado como un hombre de 32 años de nacionalidad venezolana.

—A propósito de instituciones. En el mismo punto de prensa ustedes aludían a los casos de droga en las Fuerzas Armadas y cómo podría estar permeando el crimen organizado en ellas. ¿Cree que estamos ante una amenaza de convertirnos en un narcoestado? ¿Qué podemos hacer para evitarlo?

Efectivamente, yo creo que se están permeando las distintas capas del Estado, esto es sumamente grave. Porque al introducirse el crimen organizado, el narcotráfico a nuestras instituciones, lo que se hace es dañar el Estado de derecho y, por lo tanto, después no existe ningún tipo de resguardo para la ciudadanía.

Lo que se debe hacer, creo yo, es que los distintos poderes del Estado deben tomar medidas en conjunto y no de forma separada para enfrentar este flagelo. (…) Es por eso que hemos hecho un llamado también al Presidente (Boric) para que considere llamar al Cosena, porque ahí es donde están la mayoría de autoridades del país; está la contralora general de la República, el fiscal, están los distintos poderes, la Corte Suprema, están el Senado, la Cámara de Diputados y, por supuesto, las Fuerzas Armadas y Carabineros.

—¿Este llamado al Cosena sería por un tema comunicacional? ¿De qué forma para usted podría justificarse en cuanto a medidas y en qué caso en específico?

Tiene dos funciones. Número uno, demostrar que somos capaces como Estado de golpear la mesa, es un símbolo importante de que estamos comprometidos todos. Y segundo, de ponernos de acuerdo y poder tener mejores vías de comunicación para poder agilizar, por ejemplo, leyes; puestas en marcha de los fiscales supraterritoriales; podemos establecer y darle nuevas atribuciones a la UAF (Unidad de Análisis Financiero), etcétera.

—Ahora, con la reciente liberación del llamado sicario del “Rey de Meiggs”, se habla de una posible corrupción al interior del Poder Judicial, aunque también podría ser una negligencia. ¿De qué manera analizan este caso desde el Congreso? ¿Cree que con este y otros casos hay una pérdida de confianza en las instituciones?

El problema justamente es ese, que cuando existen fallas de este tipo, independiente que sean con dolo o sin dolo, que sean equivocaciones o lo que es más grave aún, que sea premeditado, lo que se tiene es una pérdida del sistema judicial y, en general, de nuestras instituciones, del Estado de derecho, que es lo más importante.

Si nosotros perdemos el Estado de derecho es la ley de la selva, es un Estado sin leyes y ahí es la ley del más fuerte la que prima; y realmente los grupos narcos y de crimen organizado son muy fuertes y, por lo tanto, no podemos dejar que eso pase y no pueden perder (las instituciones) la confianza en la ciudadanía.

Narcoestado, secreto bancario y dieta a expresidentes

—En cuanto a eso mismo, antes no me respondió, ¿qué tan cerca estamos de un narcoestado, a su juicio? ¿Y cree que, por ejemplo, el narcotráfico esté metido en la política?

Yo espero que no. Si bien ha habido casos puntuales de alcaldes, fiscales; si estamos hablando como Estado, yo espero que no. Pero justamente para eso lo que hay que hacer es reforzar los controles, reforzar el compromiso que tenemos en aumentar ciertos grados de independencia y de ayuda entre poderes.

Es por eso que es tan importante, como le digo yo, una reunión con el Cosena. Poner a disposición distintos tipos de tecnologías que se ocupan por parte de Carabineros, de la PDI; también tener en claro que nosotros estamos trabajando en el extranjero a través de Carabineros y la PDI con grupos de inteligencia internacionales, y eso tiene que ser puesto a disposición, toda esa información de los distintos estamentos del Estado para poder tener la visión ni siquiera desde el país, sino que desde fuera del país de lo que está pasando.

—Y en esa línea de las herramientas que se pueden utilizar, ¿el levantamiendo del secreto bancario para usted es una herramienta?

El secreto bancario perfectamente estamos abiertos a conversarlo para poderle dar más agilidad a los temas, pero hay que entender una cosa: desde el año 2006 todas las peticiones (de levantamiento del secreto bancario) se han accedido por parte de los jueces y, por lo tanto, hay que entender que el secreto bancario hoy en día nunca se ha dejado de levantar.

El problema está en que si levantamos el secreto bancario para grupos o para toda la población se pierde el Estado de derecho, que es el debido proceso que tiene cualquier persona frente a que sus derechos puedan ser vulnerados, y dejamos de lado un poder del Estado como es el Poder Judicial. (…) El dejar una garantía constitucional fuera de lo que es el Poder Judicial a mí me parece muy grave, y es algo que en la mayoría de los países civilizados y avanzados donde no han tenido estos problemas, o donde lo han tenido y lo han podido controlar, el secreto existe.

—O sea, para usted ya basta con la legislación que actualmente existe.

Yo creo que se puede mejorar, sin duda se puede mejorar, pero yo no estoy de acuerdo en dejar de lado al Poder Judicial de la decisión de una garantía constitucional para cualquier ciudadano. O sea, el Estado de Derecho es algo que tenemos que cuidar y no por medidas que sean populistas vamos a cambiar algo que está en nuestra Constitución y que, por lo demás, hasta el día de hoy nunca ha habido ningún problema con el levantamiento del secreto bancario, ninguno.

—Pasemos a otro proyecto: la dieta de los expresidentes de la República. ¿Cómo ha visto esta discusión dentro del Congreso? ¿Qué opinión tiene al respecto?

Yo creo que es algo para conversar. Yo en forma muy personal, no como presidente (de la Cámara), sino que como diputado, creo que sí debe tener una dieta por lo que es la dignidad del cargo. Pero obviamente hay que entender que se dan situaciones especiales, como son las asignaciones para poder contratar gente, etcétera; yo creo que eso sí es posible conversarlo y hay un margen para poder entender que nuestro Estado tiene que ser un poco más austero.

—Desde sectores del oficialismo han dicho que es un proyecto hecho para el Presidente Boric o han hablado un poco de un ensañamiento hacia él. ¿A usted, qué le parece?

Yo creo que hay que pensar hacia el futuro. Se dio esta coyuntura del Presidente, pero también hay que entender que la situación en que se encuentra el Presidente es bastante especial (su juventud), que se puede volver a repetir en el futuro y, por lo tanto, lo que debemos conversar es que si queremos realmente un estado más austero, debemos empezar a tener esta clase de conversaciones.

No creo que sea bueno quitarle el sueldo a un (ex) Presidente, entonces no me parece bien que un (ex) Presidente, dado la estatura que tiene el cargo, deje de percibir una dieta, algo que le permita sostenerse en el tiempo. Pero también tener millones de pesos en movilización y en asignaciones para contratar personas, creo que está un poco fuera de lo que estamos viviendo como país.

—¿Usted considera peligroso que después de su mandato, presidentes como el presidente Boric tengan que salir a buscar trabajo?

Por eso le digo, creo que la dieta es algo que perfectamente se puede mantener, para mantener la estatura del cargo, pero el tema de las asignaciones que sí da para conversar.

Emplazamiento de Castro por voto obligatorio y respuesta por viajes

—Otro proyecto es el de voto obligatorio. Hace poco la la Cámara aprobó la idea de legislar la iniciativa que establece multas, pero excluyendo a los extranjeros. ¿Qué tal ha visto esta tramitación? ¿Cree que hay cálculo político?

Bueno, creo que del Ejecutivo absolutamente (ha habido cálculo político), porque lo único que quieren ellos es sacar el voto extranjero. Nosotros, para hacer más fácil la discusión, dijimos: “hagamos una participación que sea con los nacionales y los nacionales que tengan la multa, y de esa forma aumentar la proporción de gente que va a votar”. No nos olvidemos de que esto se crea y se hace porque están votando cerca de un 30% de las personas y ese porcentaje está eligiendo al Presidente de la República y a sus autoridades, y en una democracia, entre más gente elija, se hace más representativa. Por lo tanto, creo que aquí sí está el cálculo electoral del Gobierno, que no ha accedido absolutamente en nada.

Espero que ellos, en la tramitación de este proyecto que tuve que ponerlo de forma urgente con las atribuciones que tengo como presidente, espero que se suban arriba del carro de la democracia y no estén pensando en la calculadora y dejar fuera esto. Porque si no, nos estaríamos dando cuenta una vez más de esta especie de bipolaridad que tiene el Gobierno, de esta especie de dicotomía que tiene, que muchas veces está a favor de una idea, pero después, dándose cuenta que no le sirve en sus votaciones, se echa para atrás, como es en este caso.

Recordemos que el año 2022, ellos estaban porque absolutamente todo el mundo votara en la constituyente para hacer una Constitución, ni siquiera para un Presidente, para hacer una Constitución nueva. Y hoy día se dan vuelta la chaqueta, como han sido los casos, por ejemplo, de distintas indicaciones que han puesto en el proyecto y después las han vetado, pues han sido aprobadas por el Congreso. O sea, este Gobierno simplemente se maneja en base a las presiones de sus distintos actores.

—Ya finalizando, hace un tiempo se generó una polémica por los viajes de los diputados en semanas distritales o periodo legislativo, usted también estuvo involucrado. Y hace poco hubo un enredo con el viaje del diputado Hotuiti Teao. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se sometió a la unanimidad de los diputados?

Bueno, yo creo que aquí se ha mal entendido; y cada diputado en el fondo a quien responde es a su electorado. No responde ni a la prensa ni debe responder en términos de elecciones. Por supuesto que a las preguntas uno tiene que responder, pero a quien al final termina respondiendo el diputado es a su electorado, y si hay un diputado que tiene un viaje de forma personal, que yo no sé cuál será la razón, y pide permiso para ausentarse, no creo que seamos nosotros los que tengamos que impedírselo, debido a que hoy en día no existe un arraigo nacional por ser diputado. No existe en ministros que salen de vacaciones, no existe en ministros que toman sus días administrativos, no existe en el Presidente de la República.

No veo por qué no pueda ejercer ese ese derecho un diputado, y por eso me pareció muy extraña la solicitud de un diputado (Daniel Manouchehri, PS) que no dio la unanimidad para que él (Teao) pudiera hacer uso de esta atribución que le confiere la Sala.

—¿Pero es un procedimiento habitual someter a la unanimidad de los diputados estos viajes?

Eso se da desde el año 90 y desde antes, tengo entendido, y se da cuando la persona sale y no puede tener la seguridad si va a salir más de 30 días afuera. Pensemos en una persona, por ejemplo, que va a acompañar a su señora a operarse fuera del país o va a hacer un trámite personal importante y cree que puede estar por más de 30 días afuera; él tiene que pedirle un permiso a la Sala. Y ese permiso es el que hubo algunos que no se lo quisieron otorgar, pese a que después en una votación quedó absolutamente solo ese voto (N. de la R: votaron en contra los diputados PS Daniel Manouchehri y Leonardo Soto).

Me pareció extraño y me pareció un mal precedente debido a que, como le digo, si uno está pidiendo eso es porque cree que es necesario, y será la ciudadanía quien lo juzgue y él sabrá las razones personales de por qué está saliendo o no saliendo del país. Y aquí no hay ningún delito que se esté cometiendo. Entonces, me pareció extraño y vuelvo a decirlo, aquí no hay ni existe un arraigo nacional para los diputados, o sea, no hay una prohibición de tipo legal para que uno pueda salir del país.

—Cuando usted abordó su caso dijo que esta polémica de los viajes era una oportunidad para mejorar el sistema. ¿En qué quedó eso?

Sí. Se están viendo distintas propuestas en la subcomisión de Reglamentos, para que de esa forma sea más transparente de lo que es hoy día. Yo quiero darle un dato: somos el único poder del Estado que dice cuándo sale o cuándo no sale una persona fuera de Chile. Nosotros lo transparentamos y creemos que puede ser aún más transparente. Entonces, efectivamente es una oportunidad de mejora. Pero si la gente sabe que un diputado sale fuera del país es porque nosotros hemos autoacordado y nos hemos autoimpuesto la necesidad de que todo esté absolutamente documentado.