Canal 13 SpA, presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que busca remecer el ecosistema audiovisual chileno. Acusó formalmente a Telecanal —controlado por Canal Dos S.A., representado por Rodrigo Álvarez Aravena— de haber cedido, sin autorización ni participación editorial, el uso de su señal abierta a la cadena internacional RT (Russia Today) en Español, financiada por el gobierno ruso.
La acusación incluye a La Red como parte de un problema estructural de propiedad, aunque la denuncia se centra en el caso flagrante de Telecanal. A la fecha, Canal 13 es el único medio que ha interpuesto esta acción regulatoria, mientras el resto de los canales permanecen en silencio.
Según se relata en el escrito de 12 páginas, firmado por el director ejecutivo de “El 13” Cristian Núñez, la transmisión de RT comenzó el 16 de junio de 2025, de forma sorpresiva y sin aviso previo. Desde entonces, Telecanal reemplazó casi la totalidad de su programación habitual por contenidos de origen extranjero que incluyen noticieros, reportajes, documentales y segmentos informativos emitidos íntegramente desde Moscú, sin edición ni intervención nacional. En pantalla, incluso desapareció el logo de Telecanal, lo que evidencia —según Canal 13— que no se trata de un acuerdo transitorio, sino de una delegación permanente e ilegal.
Infracción a la Ley
La denuncia sostiene que este modelo operativo contraviene abiertamente el artículo 16 de la Ley N° 18.838, que regula la cesión de concesiones televisivas. En su inciso segundo, la norma prohíbe expresamente que una concesionaria permita a un tercero administrar sus espacios televisivos, salvo en acuerdos puntuales y esencialmente transitorios. En este caso, no solo no hay transitoriedad, sino que tampoco existe autorización del CNTV ni informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, tal como exige la ley.
Para reforzar la gravedad del caso, Canal 13 recuerda que RT está sancionada por la Unión Europea desde 2022, tras la invasión rusa a Ucrania. La cadena fue acusada de ser un aparato de propaganda del Kremlin y de llevar adelante una “campaña sistemática de manipulación y desinformación” destinada a desestabilizar gobiernos democráticos.
Pese a lo anterior, en Chile, RT comenzó a operar en señal abierta —específicamente en el 2.1 de Telecanal en la Región Metropolitana y 2.3 en la provincia de San Antonio— sin que se haya acreditado cumplimiento alguno del marco normativo chileno. El 18 de junio, la propia Embajada de Rusia en Chile emitió un comunicado celebrando el inicio oficial de las transmisiones. Ese mismo día, el CNTV convocó al director ejecutivo de Telecanal a una sesión extraordinaria, aunque, según denuncia Canal 13, sin que hasta ahora se haya iniciado un procedimiento sancionatorio.
La denuncia va más allá. Señala que, tras el escrutinio público, Telecanal cambió su eslogan institucional de “más entretención” a “más cultura, más información”, y que solo ha interrumpido la señal rusa para cumplir con obligaciones legales mínimas —como la franja electoral o el aviso de fin del horario de protección a menores— sin alterar la operación principal, que sigue en manos extranjeras.
Cristian Núñez advierte que esta práctica vulnera no solo normas formales, sino principios esenciales del sistema democrático y del rol concesional en televisión abierta: el pluralismo, la identidad nacional, la responsabilidad editorial directa y la producción local. La omisión del CNTV en su declaración pública —donde se limitó a recordar que la emisión de contenidos extranjeros no está prohibida si hay responsabilidad editorial— es, para Canal 13, insuficiente y preocupante.
Además, recuerda que la Ley 18.838 prevé la caducidad de una concesión si esta es cedida a cualquier título sin autorización del Consejo, y que la Ley de Prensa exige un responsable legal domiciliado en Chile para todos los contenidos emitidos. Dicha figura, sostiene la denuncia, queda vaciada de contenido cuando el canal concesionario no ejerce control alguno sobre lo que transmite.
En entrevista reciente, el subdirector de prensa de RT, Alexander Luchaninov, confirmó que no cuentan con oficina ni reporteros en Chile, y que operan desde corresponsalías en otros países, lo que refuerza la idea de una emisión completamente foránea.
Finalmente, Canal 13 acusa que lo ocurrido con Telecanal se suma a otras irregularidades estructurales previas, como la propiedad no resuelta “aguas arriba” tanto en Telecanal como en La Red, y que ya habían sido informadas al CNTV sin resultado. Esta nueva omisión —afirma— podría sentar un precedente “que debilita en su base al sistema concesional en su conjunto”.
Por lo mismo, exige que el Consejo actúe con celeridad, formule cargos e imponga sanciones ejemplares. De lo contrario, advierte, se abre la puerta para que otras señales de televisión abierta cedan su programación sin control ni identidad nacional, atentando contra la institucionalidad, la soberanía mediática y el interés público.
Canal 13 no solo exige el cumplimiento de la ley: interpela directamente al Estado chileno para que defienda la televisión abierta como bien nacional estratégico. La pelota está ahora en la cancha del CNTV.
La hora de actuar del CNTV
La denuncia presentada por Canal 13 no solo pone en entredicho la legalidad de la operación de Telecanal, sino que interpela directamente al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) como ente garante de la correcta explotación del espectro radioeléctrico chileno. Este lunes 30 de junio, el pleno de consejeros deberá analizar los antecedentes expuestos y definir si se inicia o no un procedimiento sancionatorio por una posible cesión ilegal de concesión a la cadena estatal rusa RT.
El órgano que tiene en sus manos la decisión está compuesto por 11 integrantes de diversos perfiles profesionales y trayectorias ideológicas, que van desde la academia y el derecho, hasta el periodismo y la filosofía, muchos de ellos con vínculos anteriores a gobiernos de distinto signo. El presidente del Consejo es Mauricio Muñoz Gutiérrez, abogado de la Universidad de Chile, exasesor de políticas públicas de Michelle Bachelet y con experiencia en distintos ministerios y municipios. Llegó a encabezar el organismo en 2023.
Lo acompaña como vicepresidente Gastón Gómez Bernales, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales. Fue designado en 2011, con sucesivas extensiones que le permiten mantenerse en el cargo hasta 2027. Gómez es considerado una de las voces más técnicas del Consejo, con participación en procesos de modernización de la Contraloría y experiencia en el Tribunal de Cuentas.
Otro integrante histórico es Andrés Egaña Respaldiza, vinculado en el pasado a Canal 13 y a la UDI, exdiputado entre 2002 y 2010. Se mantiene en el Consejo desde 2011. A él se suma María de los Ángeles Covarrubias, abogada y excolumnista cultural de El Mercurio, con fuerte presencia en espacios conservadores y religiosos. También fue designada en 2011 y permanece en funciones hasta 2027.
Entre las figuras incorporadas más recientemente está Beatrice Ávalos Davidson (2022–2030), Premio Nacional de Educación, con una amplia carrera académica en universidades chilenas y extranjeras, y reconocida como una de las intelectuales más influyentes en políticas educativas del país. Le sigue Francisco Cruz Fuenzalida (2022–2030), abogado y exembajador en Panamá, con experiencia en la Reforma Procesal Penal y consultorías internacionales en materia judicial.
El componente político-técnico también se refleja en Bernardita del Solar Vera (2022–2030), periodista con una sólida trayectoria en medios como Qué Pasa, Capital y El Mercurio, y actualmente directora de comunicaciones del Centro de Estudios Públicos. Del mismo período proviene Daniela Catrileo Cordero, académica y escritora mapuche, reconocida por su labor en educación intercultural y estética crítica.
Otra integrante clave es Carolina Dell’Oro Crespo (2018–2030), filósofa y asesora empresarial con foco en ética y estrategia organizacional, activa en fundaciones como Chile Mujeres y Voces Católicas. A su lado, figura María Constanza Tobar Castro (2019–2027), abogada experta en derecho público y exasesora del segundo piso de Michelle Bachelet, vinculada al mundo académico y al derecho constitucional.
Cierra la estructura del Consejo Agustín Montt, secretario general, abogado con estudios de posgrado en Londres, quien ha trabajado tanto en el sector público como privado, incluyendo asesorías legislativas en la SUBDERE y la Presidencia.
Son ellos —y no otros— quienes deberán responder si el Estado chileno tolerará la cesión de señales televisivas a actores extranjeros sin control editorial, o si se restituirá el marco legal que protege la titularidad nacional, el pluralismo y la soberanía informativa. La hora de actuar del CNTV ha llegado.
Enviando corrección, espere un momento...
