Los diputados Miguel Mellado, Carla Morales y Eduardo Durán, de la bancada de Renovación Nacional (RN), presentaron un oficio a la Contraloría General de la República solicitando una investigación especial sobre los gastos en maquillaje y peinados realizados por la Presidencia de la República en el marco de la Cuenta Pública del pasado 1 de junio.
El requerimiento apunta a dos contratos adjudicados mediante trato directo a la empresa Sello Tocadiscos SPA, los cuales, según los parlamentarios, podrían constituir una fragmentación con el fin de eludir los límites establecidos por la normativa para este tipo de procedimientos.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, el presidente Gabriel Boric y sus 23 ministros habrían utilizado servicios de maquillaje y peinado previos a la fotografía oficial, con un costo total de $3.816.838, es decir, aproximadamente $159.000 por persona.
Estos gastos fueron cargados a fondos públicos y adjudicados mediante trato directo a la empresa mencionada. El concepto registrado en la orden de compra fue “Servicio de producción de maquillaje y peinados foto oficial”.
Según destacan los parlamentarios en el requerimiento, a este gasto se suma un segundo contrato con la misma empresa, también vía trato directo, por un total de $6.249.999, destinado a servicios de sonido, dirección de televisión y técnicos de montaje para la actividad de la Cuenta Pública.
Ambos contratos, sumados, superan el tope legal de 100 UTM (aproximadamente $6.878.500) para este tipo de adquisiciones, lo que llevó a los diputados a sospechar de una eventual fragmentación de contrato con el fin de no sobrepasar el límite normativo.
El oficio, dirigido a la contralora general Dorothy Pérez, solicita que se instruya un sumario administrativo y que se requiera información a la directora administrativa de la Presidencia, Antonia Illanes, así como a cualquier otra persona que se estime pertinente.
También se pide evaluar la legalidad del trato directo utilizado y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones administrativas necesarias.
Los parlamentarios fundamentan su petición señalando que en gobiernos anteriores los servicios de maquillaje y peluquería eran financiados de forma personal por los propios ministros, según declaraciones de exautoridades recogidas por medios de comunicación.
Además, cuestionan que Sello Tocadiscos SPA, según consta en su registro en el Servicio de Impuestos Internos (SII), declara actividades económicas vinculadas a producción audiovisual, espectáculos y alquiler de enseres, pero no servicios específicos de peluquería o estética.
Por otro lado, desde Presidencia se indicó que el servicio contratado abarcaba también iluminación, mobiliario y otros elementos de producción, aunque estos detalles no figuran en la orden de compra publicada.
La bancada RN subrayó que este tipo de contrataciones deben cumplir estrictamente con los procedimientos administrativos y financieros establecidos, y que cualquier posible elusión de esos controles debe ser investigada por la Contraloría.
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