El proyecto de ley presentado por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), con el propósito modificar los denominados “supersueldos” de sus funcionarios, fue declarado inadmisible por la Sala. La iniciativa, que busca modernizar el Congreso y reajustar las remuneraciones, incurre en materias de gasto fiscal, específicamente en todo lo que afecta a la administración financiera del Estado.
Durante la cuenta en la Sala, se explicó el fundamento de esta decisión. La moción “se declara inadmisible por tratarse de un asunto iniciativa exclusiva de su Excelencia el Presidente de la República, conforme a lo que dispone el inciso tercero del Artículo 65 de la Constitución Política de la República”. Por lo que este punto reglamentario frena la tramitación parlamentaria inicial del proyecto que busca recortar los “supersueldos” del Senado.
La única vía para que el proyecto continúe es que el Ejecutivo decida patrocinarlo. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, confirmó que evaluarán la pertinencia de hacerlo.
El senador Ossandón, autor de la iniciativa, hizo un llamado directo al gobierno tras la declaración de inadmisibilidad. “Yo le solicito al Ejecutivo el patrocinio de este proyecto“, dijo el parlamentario en la Sala. El tiempo para esta evaluación es escaso, porque solo restan 5 semanas para que finalice el actual periodo parlamentario.
Distorsión salarial que motiva la propuesta
El proyecto surge tras revelarse que 181 funcionarios del Congreso Nacional ganan más que los parlamentarios y que el propio Presidente de la República. Un informe detalló que el trabajador de la Cámara de Diputados con la remuneración más alta recibe 18,5 millones de pesos brutos, mientras que uno del Senado percibe 16 millones.
Un análisis de BBCL Investiga reveló que más de 130 funcionarios tienen sueldos brutos superiores a los 8,4 millones de pesos. En la lista figuran abogados, profesores y licenciados, muchos de ellos secretarios de comisiones legislativas. Algunos de estos “supersueldos” alcanzan los 19 millones de pesos mensuales.
Esta situación de los denominados “supersueldos” se genera porque el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional cuentan con un sistema remuneracional propio y complejo. Este sistema se ha alejado notablemente de los estándares del sector público, gracias a beneficios y asignaciones adicionales establecidas por acuerdos internos.
Los tres ejes centrales de la iniciativa
El proyecto propone, en primer lugar, eliminar la asignación de complemento de jornada. Este beneficio, equivalente al 25% de la remuneración base, se paga a todo evento. La idea es reemplazarlo por un pago de horas extraordinarias solo por trabajo efectivo fuera de la jornada normal.
En segundo lugar, la iniciativa prohíbe que las comisiones de Régimen Interior y la Biblioteca otorguen nuevos beneficios remuneratorios adicionales a los vigentes. “Este proyecto prohíbe que las comisiones otorguen nuevos beneficios remuneratorios, además de los que ya existen”, dijo Ossandón en la Sala.
Un tercer punto establece periodos de 4 años, renovables por una sola vez, para los cargos de secretario general del Senado, de la Cámara de Diputados y del director de la Biblioteca. El proyecto incluye una disposición transitoria clave: los funcionarios actuales no verán disminuidas sus remuneraciones.
“A nadie se le baja el sueldo y esto en régimen llegaría a un ahorro de más de 10 mil millones de pesos“, aseguró durante su intervención. Por tanto, la norma busca corregir distorsiones a futuro, sin afectar ingresos actuales.
Reacciones a inadmisibilidad del proyecto por “supersueldos” del Senado
Tras la declaración de inadmisibilidad, el senador Iván Flores se refirió a la encrucijada legal del proyecto. “Si no contamos con el apoyo del Gobierno, este proyecto no camina. Así de simple”, afirmó. Flores consideró, no obstante, que el debate sobre los ingresos de los funcionarios es bienvenido.
Recordemos que previamente, los funcionarios del Congreso manifestaron su descontento con la iniciativa. Representantes de la asociación de funcionarios del Senado acusaron un trato poco respetuoso por parte de Ossandón.
Mientras que expertos en transparencia respaldan la necesidad de abordar el tema. El abogado Marcelo Drago declaró que las iniciativas para “normalizar los salarios de los funcionarios del Senado con el resto de la administración pública, tienen algún fundamento y deben atenderse”.
Por su parte, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, indicó que “cualquier persona que sostenga, que para no corromperse tiene que ganar más que el presidente de la República, tiene que ser apartado de su cargo inmediatamente”, detalló.
El destino final de la iniciativa depende ahora de una evaluación del Ejecutivo que debe realizarse en un plazo perentorio. Con el periodo legislativo a punto de concluir, la decisión del gobierno definirá si el proyecto para modificar los “supersueldos” logra avanzar o se archiva definitivamente.
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