La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) lamentó la aprobación del proyecto de fraccionamiento pesquero por la Comisión Mixta, advirtiendo que establece “un grave precedente para la inversión”.
El gremio, que representa a las pesqueras industriales, denunció que la iniciativa se tramitó con “desprolijidad por parte del Gobierno”.
Según Sonapesca, el acuerdo implica el traspaso de 489 mil toneladas de recursos marinos —valoradas en USD 160 millones anuales— desde el sector industrial al artesanal. Felipe Sandoval, presidente del gremio, precisó que esto se suma al pago de “casi USD 23 millones anuales por transferencias internacionales de jurel”.
Violación a la certeza jurídica
Sandoval alertó que el proyecto vulnera la seguridad legal. “La actual legislación establece que las condiciones de asignación de cuotas se mantienen vigentes hasta 2032”, dijo. Agregó que el nuevo fraccionamiento “modifica ese marco legal en forma anticipada y unilateral, sin entregar compensación a las empresas afectadas”.
El líder gremial anticipó impactos operativos. “Esta redistribución forzará a muchas empresas a reducir su tamaño y ajustar operaciones”, expuso.
En esa línea, Sonapesca advirtió que esto provocará una “pérdida significativa de empleo formal” en múltiples regiones del país.
Críticas a falta de estudios técnicos
Sandoval cuestionó la base del proyecto. “Desde el inicio hemos advertido la falta de análisis técnico sobre efectos financieros y laborales”, indicó. Afirmó que “el Ejecutivo no supo cuántas personas quedarían sin trabajo con esta reforma“.
A renglón seguido, el presidente de Sonapesca cargó contra la tramitación. “El proyecto estuvo marcado por errores y desprolijidad del subsecretario de Pesca. Se entregaron datos erróneos y no justificaron posturas con argumentos técnicos”.
Sobre el nuevo sistema de financiamiento, Sonapesca reveló que “el proyecto se encuentra financiado con ingresos fiscales desde su vigencia”, anticipando un aumento de “más de USD 20 millones anuales en recaudación para 2025”.
Así las cosas, Sandoval alertó riesgos. “La fórmula aprobada tendrá un costo altísimo en empresas de menor tamaño”. Agregó que puede generar “impacto negativo en relaciones con países de la ORP e incertidumbre en compras de jurel a terceros países”.
Único aspecto positivo
Respecto a la votación sobre merluza común, Sandoval reconoció un avance. “Afortunadamente, los parlamentarios hicieron un esfuerzo por generar un fraccionamiento que evitó el cierre de una empresa en la octava región”, expuso, en directa referencia a PacificBlu.
El gremio mantiene sus críticas ante la inminente revisión del informe por la Cámara de Diputadas y Diputados, y posterior votación en el Senado.
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