La crisis de credibilidad que afecta al Poder Judicial chileno no es solo un problema de eficiencia técnica, sino una crisis profunda de probidad y confianza ética. La sombra de la corrupción, el tráfico de influencias y las decisiones corporativas han minado la fe ciudadana, exigiendo medidas urgentes que redefinan la relación entre la justicia y el pueblo.
Ante este escenario, la implementación del juicio por jurado se presenta como una necesidad democrática ineludible para reoxigenar el sistema y restaurar la confianza.
El problema central de nuestra justicia hoy es su déficit de legitimidad: el sistema se percibe como una estructura endogámica y ajena a la sensibilidad social, donde los fallos parecen el producto de una élite técnica y, en ocasiones, de influencias indebidas. Permitir que el ciudadano común participe directamente en la decisión de culpabilidad o inocencia es la vía más efectiva para democratizar la justicia y anclarla en la soberanía popular.
El principal argumento en contra del jurado es su supuesta incompatibilidad con nuestra tradición de Derecho Civil, donde impera la motivación razonada de las sentencias. Sin embargo, este reparo se supera estudiando los modelos que han triunfado precisamente en esta tradición jurídica, como el caso de Francia y su sistema escabinado o mixto.
Francia, que adoptó el jurado tras la Revolución, aprendió que la calidad del fallo no podía sacrificarse. Su solución, plasmada en la Cour d’Assises, es un ejemplo de equilibrio: el tribunal se compone de jueces profesionales y ciudadanos legos (escabinos) que deliberan y votan conjuntamente.
Este modelo es clave para Chile porque el fallo final es redactado y motivado por los jueces profesionales, manteniendo así el pilar de seguridad jurídica de nuestro sistema y permitiendo la apelación. La literatura científica sobre modelos escabinados subraya que logran un alto grado de aceptación social sin comprometer la consistencia legal. Este sistema permite inyectar la legitimidad popular en el veredicto, sin caer en la improvisación que generaría el modelo anglosajón puro.
En un momento de cuestionamientos éticos y de corrupción al interior del Poder Judicial, el jurado actúa como un filtro externo y civil sobre la administración de justicia. Su presencia dificulta las presiones indebidas y el tráfico de influencias, ya que un cuerpo diverso de ciudadanos no está sujeto a las mismas dinámicas corporativas que pueden viciar a un juez individual. Además, la necesidad de que fiscales y defensores convenzan a un panel de ciudadanos obliga a una mayor transparencia en la presentación de las pruebas y a abandonar el lenguaje hermético e inaccesible.
El jurado no solucionará todos los problemas del sistema, pero es la reforma más potente para restituir el tejido de confianza roto entre el ciudadano y la justicia, al introducir un control cívico directo. Es hora de dejar de temer a la participación popular y adoptar un modelo de tradición Civil Law, ya probado, que nos permita tener una justicia más cercana, más transparente y, por ende, infinitamente más legítima y menos vulnerable a la corrupción.
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