Abogado de Huneeus: "Nunca debieron escucharse, ni usarse en la investigación esas conversaciones"

El abogado de Josefina Huneeus, Alejandro Awad, valoró el fallo de la Corte Suprema que ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal el “pinchazo” a su teléfono, asegurando que establece un precedente excepcional sobre la ilegalidad y arbitrariedad de las acciones del Ministerio Público.

En entrevista con CNN Chile, el jurista resaltó que se instrumentalizó la condición de imputada de Huneeus para justificar una medida intrusiva sin sustento legal. De hecho, la solicitud para interceptarla fue emitida el 16 de octubre de 2024, dos días después de que ya se hubieran grabado conversaciones, incluida la del 14 de octubre con el presidente Boric, aseguró.

“Este caso se resolvió decidiéndose que doña Josefina Huneeus había sido víctima de actos arbitrarios e ilegales graves, para los cuales se había instrumentalizado su situación de imputada”, señaló Awad.

“Solamente a los imputados, puede interceptarse en los teléfonos bajo el régimen del Código Profesal Penal (…) Entonces es muy grave porque una posición de ese tipo con cargos tan graves como este, no puede estar al servicio de objetivos secundarios, como escuchar sus conversaciones sino que tiene que ser el resultado de una consideración seria fundamentada por parte del Ministerio Público”, añadió.

Asimismo, el abogado explicó que, el fallo establece que dichas conversaciones deben ser eliminadas tanto materialmente como de cualquier razonamiento probatorio. “Nunca debieron escucharse, ni transcribirse, ni usarse en la investigación”, afirmó.

“Estas conversaciones no le incriminaban, ni mucho menos. Ella siempre se mostró como alguien que, por razones obvias, conoce bastante de el caso, lo mismo que un buen periodista que está al día y sumado a que ella es la exmujer de Alberto Larraín y muy amiga de distintas personas que trabajaban en esa fundación”, enfatizó Awad.

Además, denunció que la Fiscalía obtuvo el número de Huneeus de forma cuestionable, a través de un informe de Equifax que -supuestamente- lo vinculaba al boletín comercial de Alberto Larraín. Sin embargo, en un boletín reciente ese número no aparece, lo que para la defensa evidencia irregularidades graves.

Un punto particularmente delicado fue la inclusión del RUT de Huneeus en la lista de personas a interceptar, a pesar de no formar parte de la cúpula de la fundación investigada ni estar formalmente implicada en el caso.

Alejandro Awad: “Ella ha estado siempre fuera de esta investigación”

Consultado si esto sería un intento del fiscal por llegar al presidente Gabriel Boric, el abogado Awad evitó relacionarlo directamente, pese a consignar que la solicitud del pinchazo se hizo dos días después de la conversación con el mandatario, cuando el teléfono de Josefina Huneeus ya estaba intervenido.

“A ella se le escucha sin autorización judicial entre el día 2 de octubre y el día 16 de octubre, que es donde aparece esta resolución que valida incorrecta y ilegalmente la interceptación. En ese tramo, ella tuvo varias conversaciones con distintas personas que están consignadas y transcritas en la carpeta (…). Una de esas conversaciones es con el presidente Boric del día 14. La solicitud para interceptarla específicamente aparece el día 16 de octubre, 2 días después”, reveló.

En relación a la posibilidad de emprender acciones legales, el defensor indicó que eso dependerá de su representada, asegurando que ha sufrido una sobreexposición mediática injustificada, enfatizando en que “ella ha estado siempre fuera de esta investigación”.

Reconoció, sin embargo, que hay bases jurídicas para actuar contra los responsables de estas ilegalidades.

“Este caso ha puesto al Ministerio Público en una situación muy incómoda frente a la que ha reaccionado de una manera que es, a mi juicio, a todas luces improcedente, que es teniendo que improvisar imputaciones penales para justificar errores e ilegalidades anteriores”, acusó Awad.

“Ella ha sido víctima de una sobreexposición abrumadora. Y, por tanto, no sé si hoy está en la mejor de las situaciones para tomar decisiones de esa índole, pero lo cierto es que con el tiempo, con el paso de los días, ella va a tomar la decisión que entienda que mejor le convenga. Si usted me pregunta si jurídicamente proceden a acciones, desde luego de todo tipo y contra quién haya sido responsable”, sentenció.

Abogado de Huneeus por Patricio Cooper: “Él es el responsable en términos de la dirección de la investigación”

Respecto al fiscal Patricio Cooper, sostuvo que, aunque no puede atribuirle responsabilidad penal directa, sí le cabe responsabilidad profesional al estar a cargo de la investigación.

“Yo no sé si él estaba enterado del día a día y de cómo fue ocurriendo estas cuestiones. Yo sí sé que él es el responsable en términos de la dirección de la investigación y de ahí podría haber alguna responsabilidad profesional o de otra índole”, deslizó.

Finalmente, el abogado lamentó el daño reputacional y la vulneración de derechos sufridos por Huneeus, cuestionando que se intentaran justificar actos ilegales con imputaciones tardías y mediáticamente oportunas, apuntando además a un debilitamiento del caso desde el punto de vista mediático, pero que no significa el término del caso ProCultura.

“En el caso Procultura yo diría que estas conversaciones no son demasiado relevantes para la investigación y el esclarecimiento de lo hecho ahora lo debilita en términos mediáticos. Por eso yo decía que el daño es irreparable porque una persona que no tenía nada que ver con los hechos investigados hoy día aparece como protagonizando el caso como si fuera responsable. Se habló de encubrimiento para justificar las conductas ilegales, pero además de eso hay un atentado gigantesco y persistente contra su intimidad”, fustigó.

Por último, respaldó la idea de que medios retiren de sus plataformas los registros obtenidos de forma ilícita por parte del Ministerio Público.

“Le recomendaría (a Hunneeus) que invitara a la prensa una vez que se ha definido que el resultado de estas medidas ilegales e inconstitucionales, a que los medios mismos eliminen de sus repositorios estas conversaciones que nunca debieron haber quedado registradas, nunca habían sido escuchadas y nunca debieron haber sido registradas y nunca debieron haber sido publicadas”, concluyó.