La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con amplia mayoría el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios de la Fundación ProCultura con entidades estatales. La votación registró 81 votos a favor y solo tres abstenciones, de los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto.
Este informe se enmarca en la investigación del Ministerio Público que indaga 18 convenios, por más de $5.800 millones, adjudicados a la ONG presidida por el psiquiatra Alberto Larraín en ocho regiones del país. La Fiscalía acumula indicios de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa.
Uno de los acuerdos más cuantiosos fue el programa de prevención del suicidio suscrito con el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM), entonces dirigido por Claudio Orrego. En 2022, el Gore Metropolitano transfirió $1.683 millones a ProCultura, de los cuales $1.000 millones quedaron sin rendir ni devolver.
Hallazgos y deficiencias estructurales
El informe visado por la Cámara denuncia graves deficiencias en el sistema de transferencias públicas y detecta posibles delitos. El texto afirma que “el caso Procultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente”.
Entre sus principales conclusiones destacan la presencia de sobreprecios y gastos irregulares; una intrincada red de empresas relacionadas con ProCultura; la recurrencia de asignaciones directas a la ONG; la insuficiente evaluación por parte del Estado; brechas en los procedimientos de selección; omisión de inhabilidades; vínculos no declarados con gobernadores; y la incapacidad estatal para recuperar fondos.
El informe atribuye responsabilidades políticas específicas a gobernadores regionales que suscribieron acuerdos con ProCultura, al exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Sobre Claudio Orrego, el informe indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político, debido a su rol activo en impulsar y promover el proyecto ‘Quédate’”. Agrega que la asignación de $1.600 millones se hizo “de forma acelerada y sin el debido respaldo técnico-administrativo” y en un contexto de “conocidos vínculos personales y profesionales previos con Alberto Larraín”, lo que debió motivar inhabilidad.
Responsabilidades políticas
El informe extiende responsabilidad política a otros gobernadores. “Destacan especialmente los casos del gobernador Jorge Flies en Magallanes, quien sostuvo diálogos y comunicaciones informales reiteradas con Alberto Larraín”, y Óscar Crisóstomo, gobernador de Ñuble, “quien enfrenta actualmente investigaciones por la omisión negligente en la supervisión efectiva del uso de fondos públicos”.
Respecto a Miguel Crispi, el informe sostiene que “posee una responsabilidad especialmente relevante… debido a su rol directo en la validación institucional de la fundación como entidad subejecutora”. Acusa que la Subdere, bajo su mando, otorgó a ProCultura “una validación técnica que asignó puntajes extremadamente altos sin efectuar una evaluación sustantiva y objetiva”.
Además, señala que la “cercanía -de Crispi- con el núcleo central del gobierno… agrava aún más la percepción pública y política respecto a la transparencia e imparcialidad” de esas validaciones. Sobre el Minvu, el informe indica que tiene responsabilidad política por su “insuficiente actuación institucional en materia de fiscalización preventiva y correctiva”.
Propuestas para el control
La comisión investigadora propone una serie de medidas para mejorar el control en convenios con fundaciones. Entre ellas destaca impulsar reformas legales sobre probidad y control de transferencias; crear un registro obligatorio de personas jurídicas receptoras de fondos públicos; y reformar la ley de contratos administrativos para restringir asignaciones sin licitación.
También plantea reforzar el deber de denunciar delitos para funcionarios públicos y fortalecer significativamente a la Contraloría General de la República (CGR). Esto incluye potenciar su rol preventivo y de fiscalización, además de aumentar sus recursos.
Otras propuestas clave son: reforzar la evaluación técnica y financiera previa para evaluar la idoneidad de las entidades receptoras; exigir auditorías periódicas; implementar sistemas de trazabilidad completa y monitoreo en línea de recursos; exigir a las ONG boletas de garantía bancaria; fortalecer controles internos en servicios públicos; y definir sanciones específicas para funcionarios que omitan declarar conflictos de interés o vínculos personales relevantes.
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