La fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, continúa generando complicaciones al Gobierno, luego que la Segpres reconociera que se conocía la inhabilidad que existía en la celebración que involucraba a la exministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende.
En concreto, fue la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, quien igualmente destacó que lo que les correspondía era “la revisión técnico-legal de este acto administrativo, en particular para el caso que nos reúne hoy, el decreto 38″.
En esta línea, según reveló ExAnte, en enero pasado, Macarena Diez, actualmente exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, manifestó que el 9 de octubre advirtió a la Presidencia sobre el conflicto de interés que producía el que fueran una ministra y una senadora las vendedoras del inmueble.
Incluso mencionó que la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, validó sus declaraciones, sin embargo, estas fueron negadas por los asesores de Presidencia que participaron del encuentro.
Este caso generó que la senadora Isabel Allende fuese cesada de su cargo, luego que Chile Vamos y Republicanos ingresaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Además, las ministras Sandoval y Fernández fueron removidas de sus puestos.
Minuta
En su declaración del 22 de enero, en calidad de testigo, Diez señaló que “se me transmitió a mí y a jefaturas de división, de parte de Denisse Hernández (jefa de gabinete de Bienes Nacionales) que este proceso debería tratarse de manera prioritaria, según lo instruido por Presidencia”.
“Me empezó a preguntar qué era lo que faltaba para continuar, en este sentido le manifesté mis aprehensiones respecto a que faltaba mucha documentación para un correcto control, que el tiempo para revisar esta revisión era muy poco, además (de que) no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles”, añadió.
“Con esto me refiero a las casas de Patricio Aylwin y la casa de Allende, y adicionalmente que, para el caso de esta última, que las propietarias eran una ministra y senadora, lo que podría traer un cuestionamiento jurídico y político”, manifestó Diez.
También precisó que Leonardo Moreno, quien era jefe de Seguimiento de Políticas Públicas de La Moneda, “dirigió la reunión y nos preguntó qué era lo que causaba la demora en el proceso de compraventa de las casas presidenciales”.
“Este detalle lo tenía redactado en una minuta para uso personal, que durante la reunión leí”, afirmó.
Orden de compra
A juicio de Diez, ella hizo “mucho hincapié en la motivación de este acto y su justificación, dentro de ello que no existía justificación para la adquisición de los inmuebles, no existía orden de compra”.
“Para el caso de la casa de Guardia Vieja señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas por la adquisición de este inmueble, debido a que la parte vendedora era una senadora y una ministra”, recalcó.
Sumado a esto, porque “además de la ministra de Bienes Nacionales, (el decreto) lo firmaba el Presidente”.
“Respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, ellos quedaron en revisarlo y con la Secretaría de la Presidencia Secom, en conjunto con comunicaciones del ministerio”, indicó.
Casa de Allende
El 24 de enero, la exministra Sandoval declaró como imputada y dijo lo siguiente: “Recuerdo que hubo advertencias durante el proceso de compra, tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Diez, quien confeccionó una minuta donde nos contó tanto a Denisse como a mi persona que existían eventuales conflictos de interés respecto de quienes venden la propiedad de Allende, y debido a los cargos que ocupaban las personas que eran parte de la comunidad heredera”.
“Recuerdo que esto fue transmitido a Moreno y Nazar en reunión por parte de Macarena Diez y Denisse Hernández, según lo informado por estas profesionales”, agregó.
Ante esta situación, Moreno, quien entregó su testimonio el 24 de enero como testigo, dijo no se les hizo “ningún tipo de advertencia” por parte de Diez, respecto a si existía algún tipo de conflicto de interés.
Mientras que la abogada del Segundo Piso, Bernardita Naza, quien declaró esa misma fecha y como testigo, manifestó que “en todo este proceso no se levantó ninguna alerta de inhabilidad”.
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